En los últimos veinte años, el crecimiento del gasto en el rubro de publicidad oficial ha tenido un crecimiento exponencial, hasta llegar a cantidades exorbitantes; en 2017, la erogación fue de casi 8 mil millones de pesos. Por ello es un acierto que el próximo Presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, haya decidido, como anunció este fin de semana, reducir al 50% el monto total. Digámoslo sin rodeos, esta determinación se inscribe en el marco de la austeridad y el combate a la corrupción, y ese es un avance formidable.
Evitar el dispendio del gasto publicitario es una demanda que diversas asociaciones civiles y medios, como la revista etcétera, hemos planteado desde hace dos décadas, y junto con ello, también hemos sostenido la necesidad de una ley que regule el gasto y que defina criterios para su asignación, por eso en etcétera echamos de menos ese planteamiento, más aún cuando a finales de 2017, y por mandato de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, el Congreso aprobó una ley publicitaria sin utilidad alguna y que, peor aún, perpetra los riesgos de que la corrupción de mantenga e incluso incremente. Ojalá pronto el próximo mandarario retome tal necesidad normativa.
Nuestra diferencia central con el planteamiento del virtual Presidente electo tiene que ver con la desaparición de las oficinas de prensa porque el considera que son fuentes de corrupción y dispendio. Y lo son, aunque no podríamos decir que se trata de un fenómeno generalizado, pero sobre todo aseguramos que el problema no se resuelve desapareciendo esas áreas, sino definiendo reglas precisas de operación, supervisión y control (atenidas a esa ley de la que hablamos líneas arriba). Más aun, las oficinas de prensa tienen una utlilidad para la difusión de información sobre el quehacer de las dependencias del gobierno, sin que por ello necesariamente medien recursos del erario; además, desde hace alrededor de 15 años la asignación de publicidad a los medios se define desde la vocería de la Presidencia y se gestiona desde la Subsecretaría de Normatividad de Medios (mediante criterios que no son públicos). Esperamos que Andrés Manuel López Obrador reconsidere esto, más aún sobre la base de que no sea él quien concentre toda la información, lo que implicaría un retroceso enorme, desde nuestro punto de vista, entre la relación del gobierno federal con los medios de comunicación.
