Este artículo fue publicado originalmente el 2 de junio de 2016.
Su nombre es Yolanda Pedroza Reyes, licenciada en Derecho por la Universidad Autónoma de San Luis Potosí y actual magistrada del Tribunal Electoral de ese mismo estado. Desde octubre de 2014, tras ser designada por el Senado de la República como nueva integrante del organismo autónomo, es víctima de violencia laboral. Sus agresores: sus semejantes, sus compañeros de trabajo. Esta es su historia.
El jueves 2 de octubre de 2014, el pleno de la Cámara Alta discutió y aprobó el nombramiento de Yolanda Pedroza Reyes, Rigoberto Garza de Lira y Oskar Kalixto Sánchez como nuevos magistrados del órgano jurisdiccional en materia electoral de San Luis Potosí. Entonces Yolanda no sabía que al poner un pie dentro de una institución pública se enfrentaría al machismo porque para sus compañeros “es más fácil trabajar con hombres que con una mujer”.
Yolanda, es una de las mujeres mayores de 15 años que laboran en el país (3.8 millones) según la ENDIREH 2011. Ella representa el 20.6% que afirma haber sufrido algún tipo de discriminación en el trabajo, frente al 77.20% que denuncia haber sido víctima de acoso laboral. Esto quiere decir que por cada 100 mujeres que trabajan 21 son discriminadas.
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San Luis Potosí, no obstante, ocupa uno de los últimos lugares (21) de las entidades federativas con mayor prevalencia de violencia laboral. Según los datos de la encuesta, Chihuahua, Coahuila, Aguascalientes, Nuevo León y Michoacán, están a la cabeza; frente a Guerrero, Ciudad de México, Morelos, Oaxaca y Baja California Sur, que tienen una proporción inferior.1
Aún así, Garza de Lira (actual presidente del tribunal) y Kalixto Sánchez, ambos licenciados en Derecho por la Universidad Autónoma de San Luis Potosí, así como Joel Valentin Jiménez Almanza, secretario General de Acuerdos, han obstaculizado su trabajo por el simple hecho de ser mujer.
En entrevista, la magistrada narra cómo desde un inicio ellos se hicieron cargo de todas las determinaciones de la administración y funcionamiento del tribunal, tanto cuando el órgano dependía del Poder Judicial del estado (octubre, noviembre y diciembre de 2014) como en el instante en que obtuvo plena autonomía (enero 2015). Fue entonces cuando solicitó cuentas de los manejos administrativos y financieros, se las negaron y la violencia laboral se intensificó.
Hostilidad, chantaje, represión, intimidación, bloqueo y espionaje, son sólo algunas de las circunstancias que Yolanda ha tenido que enfrentar y que el propio Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF) acreditó.
Yolanda, sin embargo, no está decepcionada, más bien sorprendida porque no es la primera vez que trabaja con magistrados y en un tribunal electoral. Aunque en éste sus compañeros se refieran a ella como “loquita”, le restrinjan autoridad e intimiden al personal a su cargo para que no se vayan del “lado del enemigo”.
“Me llegaron a decir que si estaba loquita, si no sabía leer, cosas así que para mi ya eran ofensivas, o cosas como que yo no tenía autorización para que mi personal saliera unos minutos antes o de fijar el horario para que llegaran a laborar o darles permiso para entrar o salir por una determinada puerta del tribunal. Tenían que salir o entrar por la puerta que mi compañero presidente designaba”.
Inclusive cuenta que se cambiaron las cerraduras de la entrada del edificio para que no se le permitiera la entrada hasta que no llegara el secretario o alguien autorizado por ellos.
“Ese tipo de acciones ya para mi no son de un tipo profesional ni tienen que ver con una diferencia de criterio que pudiera darse en el trabajo que estamos realizando. Eso para mi ya eran agresiones personales que se daban por parte de hombres que son los que se pusieron de acuerdo para estarnos molestando a los de mi ponencia y a mi. Era tratando de hacernos la vida imposible para ver si renunciaba”.
Porque cambiar las cerraduras o hablarle de forma despectiva sólo es parte de la violencia que generaron en su contra. En primer lugar sus decisiones no eran válidas si el presidente del tribunal no les daba el visto bueno; no tenía autorizado recibir correspondencia si antes no la revisaban y decidían si era oportuno entregársela; tampoco podía contestar llamadas en el propio tribunal sin que antes Rigoberto Garza fuera notificado; y mucho menos usar el Internet a la hora que así lo requiriera porque instalaron un programa con el que decretaban la hora de encendido y apagado.
Con esta realidad el 2 de noviembre de 2015, Yolanda promovió un juicio para la protección de los derechos político-electorales del ciudadano ante el TEPJF, sobre el cual el 30 de marzo del año en curso la Sala Superior discutió y acreditó la violencia laboral y discriminación por parte de los dos magistrados del Tribunal Electoral de San Luis Potosí y del Secretario General de Acuerdos2.
El pleno solicitó dar vista al Senado de la República para en su carácter de órgano responsable de la designación de los magistrados, imponga las sanciones que corresponda, y ordenó a los imputados “permitir a la actora el acceso a toda la información y documentación relacionada con el funcionamiento” del tribunal, necesaria para el adecuado ejercicio de sus funciones.
En la práctica, por el contrario, las cosas resultan diferentes. Yolanda asegura que “ha sido muy difícil llevar a cabo la ejecución de la sentencia en los términos decretados”. Sobre todo porque sus compañeros no han cambiado de actitud y siguen siendo hostiles, sarcásticos y burlones.
En las discusiones del pleno su voz tampoco es escuchada porque cuando lleva un asunto a la mesa, si Garza y Calixto no coinciden con su exposición votan en contra, el asunto lo retoma alguno de ellos y deciden según su juicio.
Es por ello que Yolanda también tomó la decisión de interponer una denuncia en la Fiscalía Especializada para la Atención de Delitos Electorales (FEPADE) para que determine si se violaron sus derechos.
Yolanda sabe que debe luchar por su autonomía laboral, por sus derechos como mujer y porque en la actualidad en el país el número de magistradas en tribunales electorales es mínimo en comparación con los hombres, sólo 25%.
Espera que el Senado sancione las conductas misóginas de los servidores públicos y así en algún momento puede ejercer total libertad en el cargo para el que fue designada, no por su sexo sino por su capacidad intelectual.
Antes de ser estadística: #VivasNosQueremos
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