La corrupción y la falta de esfuerzos para perseguir y condenar a quienes cometen tráfico de personas son los principales elementos que impiden disminuir esta problemática en México, señaló el Departamento de Estado de Estados Unidos en su Reporte sobre Tráfico de Personas 2015.
El registro se presentó el día de ayer y contiene un análisis de la situación en varios países del mundo, incluyendo el nuestro, y divide el estudio en cuatro segmentos: persecución, protección, prevención y recomendaciones.
Cada nación es evaluada y la calificación corresponde a los fenómenos observados y al tamaño del país. En este caso, México mantiene la misma calificación que obtuvo en 2001.
De acuerdo al documento, las leyes creadas en nuestro país para erradicar el tráfico de personas son insuficientes debido a que no se aplican de la manera correcta o no son aplicadas por complicidad de algunas autoridades.
Los principales delitos identificados por el Departamento de Estado son la trata y prostitución forzada de mujeres, el turismo sexual infantil y la explotación laboral, siendo este último al que menos atención le ha dado el gobierno mexicano.
Además, estos problemas se relacionan directamente con el crimen organizado quienes utilizan a menores de edad no solo para abusar de ellos y explotarlos sino también para realizar actividades relacionadas con el narcotráfico e incluso para utilizarlos como sicarios.
Según el informe, el turismo sexual infantil y la trata de mujeres con fines sexuales se dan principalmente en áreas turísticas, con víctimas provenientes mayoritariamente de Centro y Sudamérica. Las personas que buscan este tipo de actividades ilegales provienen de EU, Canadá y Europa Occidental.
Sobre los migrantes víctimas de estos ilícitos, el reporte señala que en 2014 se atendieron únicamente 29 casos en comparación con los 47 del año anterior, según datos del Instituto Nacional de Migración, a pesar de que se registra una disminución en las investigaciones sobre el tráfico de personas.
En 2012 el gobierno mexicano inició 253 averiguaciones a nivel federal por este delito relacionado con migrantes, mientras que en 2014 disminuyó a 139. A nivel estatal, el año pasado hubo 196 en contraste con las 458 del 2013.
De éstas, solo tres a nivel federal y 108 a nivel estatal terminaron en condenas el año pasado, lo que significó un incremento con respecto a 2013 donde no se dictó ninguna sentencia a nivel federal y a nivel estatal se dictaron 73 relacionadas con la trata de personas, 38 únicamente en el Distrito Federal.
Pese a ello, según el informe, el año pasado no se detuvo a ningún líder de este tipo de redes criminales en contraste con los 30 y 177 detenidos a nivel federal y estatal, respectivamente, durante 2013.
Esta disparidad en las cifras se presenta porque el Estado mexicano no especifica qué delitos cometen los detenidos, es decir, de las 1570 víctimas registradas en 2014 no se sabe si lo son por delitos sexuales o laborales. Además, tampoco se conoce si las autoridades utilizan criterios internacionales para definir si hay tráfico de personas en los presuntos casos presentados.
Aunado a ello las autoridades se limitan a preguntar a las víctimas de trata si creen que lo son, sin realizar exámenes o investigaciones, además de que en las 12 entidades federativas (incluyendo el DF) donde existen leyes para prevenir este ilícito no se investiga como tal sino que se indaga si hay posibles irregularidades en bares y centros nocturnos.
Todos estos señalamientos ensombrecen el plan de acción nacional para la prevención de trata de personas y todas las legislaciones existentes en nuestro país, indica EU.
Parte de esta situación es que la legislación mexicana no investiga si hay autoridades involucradas en las redes de tráfico de personas lo que genera impunidad y permite que se reinstalen las mafias que manejan este tipo de delitos una vez que son desarticuladas.
Desde 2010 no se ha investigado ni acusado a ningún servidor público por este delito, únicamente se ha señalado a un empleado estatal de Chihuahua en 2012, dos policías en Tijuana y un oficial en Oaxaca en 2014.
Por último, el Departamento de Estado recomienda al gobierno mexicana reforzar sus leyes antitrata para que no solo se prevenga sino que se persiga, investigue y juzgue de manera exhaustiva y con base en las leyes internacionales.
El reporte también sugiere a una mayor coordinación entre autoridades federales, estatales, locales y organizaciones civiles para crear, entre otras cosas, una base de datos más sólida respecto a las víctimas.
Los funcionarios de EU indicaron que es necesario atender y vigilar los centros de rehabilitación pues estos son escasos e inadecuados, ya que algunos dañan más a las víctimas, permiten la reinserción a la red de trata e incluso las recluyen, lo que genera que no vuelvan a pedir ayuda o denuncien a sus victimarios.
mahy
