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Fracasa AMLO en políticas públicas con perspectiva de género: la FGR ha sido indolente frente a delitos contra mujeres

En un país donde diariamente se registra la desaparición de 7 mujeres y el feminicidio de 10; donde se calcula ya cerca de medio millón de delitos por razón de género entre marzo de 2019 y abril del 2022 (SESNSP), y que ocupa el nada honroso primer lugar en materia de delitos sexuales del mundo (OCDE), el Gobierno de Andrés Manuel López Obrador y la Fiscalía General de la República han fracasado al garantizar un presupuesto con perspectiva de género que permita revertir las desigualdades y cualquier forma de discriminación y violencia por razones de género.

Por su parte, la FGR se ha convertido en una entidad meramente observadora, cuya indolencia por falta de presupuesto y fallas en su estructura le impiden actuar para proteger y perseguir a este amplio sector de la población

De acuerdo con el Centro México Evalúa, el presupuesto total de la FGR se redujo en 7.5% de 2018 a 2020, manteniéndose en el mismo nivel para 2021 y 2020 en términos reales. Además, su personal se redujo en 9.2% en el mismo periodo, al pasar de 22,825 a 20,720 servidores público.

En el documento denominado “La debilidad extrema de la FGR ante los delitos complejos”, recordó que en diciembre de 2021 comenzó una oleada de despidos masivos en la institución y que podría contabilizarse en miles sin que exista un pronunciamiento oficial sobre su motivación ni información sobre la adscripción o el tipo de personal afectado”.

Para colmo, el personal pericial, un área clave, ha mostrado una caída en su productividad: de acuerdo con los últimos datos publicados (julio-agosto de 2021), la tasa de dictámenes periciales se redujo de 71 a 60%.

En este contesto, el Centro de Análisis e Investigación Fundar reveló que si bien el Anexo 13 del Presupuesto de Egresos de la federación debe considerar solo los programas y las acciones que en los hechos atienden las necesidades de las mujeres en México, el Gobierno de Andrés Manuel López Obrador ha fracasado al garantizar un presupuesto con perspectiva de género que permita revertir las desigualdades y cualquier forma de discriminación y violencia por razones de género en el país.

Pese a las alarmantes cifras de violencia contra las mujeres en 2020, la FGR recortó las asignaciones presupuestales para investigar delitos de género. Para ese año la Cámara de Diputados aprobó un presupuesto de 126 millones de pesos a la FGR para atender los delitos cometidos en contra de las mujeres, pero en la práctica solo recibió 33 millones de pesos, es decir, tuvo un recorte de 73%.

De acuerdo con una investigación realizada por Animal Político, en ese año, pese al confinamiento debido a la pandemia de Covid en México, 10 mujeres fueron asesinadas cada día, la violencia intrafamiliar subió 4.7% y hubo más de un millón de llamadas al 911 relacionadas con delitos contra las mujeres, según con cifras oficiales del Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública.

Por lo tanto, en un contexto como este, el recorte presupuestal significó que “no hay recursos para operar, no hay recursos para investigar, no hay recursos para las pruebas de ADN, no hay instalaciones propiamente adecuadas para recibir a las mujeres que denuncian”, advierte Elsa Conde, feminista e integrante de la iniciativa Aliada, integrada por las organizaciones Cejil, Colectiva Ciudad y Género, Equality Now, MIDI y Raíces en el reporte publicado por Animal Político.

Para México Evalúa, la Ley Orgánica de la FGR, publicada en mayo 2021, conocida como “Ley Gertz”, implica retrocesos normativos serios en materia de derechos humanos y fortalecimiento institucional pues  “despoja a las víctimas de la posibilidad de coordinar con el Ministerio Público un plan de investigación –obliga al Ministerio Público a únicamente “recibir sus propuestas de líneas de investigación”–. Adicionalmente, considera que impide a las víctimas solicitar que la FGR atraiga casos del fuero común por inactividad o ineficacia de la fiscalía competente y elimina mecanismos de participación ciudadana, antes previstos, en el nombramiento de titulares y en el diseño del Plan de Persecución Penal.

Según el reporte de México Evalúa, la FGR se enfoca en investigar casos como hechos asilados y no en un contexto de macrocriminalidad, que al eliminar al Centro de Formación y Servicio Profesional de Carrera -encargado de garantizar que el ingreso y ascenso del personal esté basado en el mérito y la idoneidad- entre otras alarmantes limitaciones, preocupa que la operación de la FGR se esté llevando a cabo sin Estatuto Orgánico, sin Estatuto del Servicio Profesional de Carrera ni un Consejo Ciudadano instaurado, en franco incumplimiento de los plazos previstos en los transitorios de la ley.

Así, las investigaciones a cargo de la FGR también han disminuido: bajaron 30%, al pasar de 112,635 (2018) a 78,463 (2020). Pese a una menor carga de trabajo, el rezago institucional no ha disminuido y permanece en niveles altos (52% en 2020). Entretanto, la impunidad en el fuero federal no ha bajado del 94% desde 2018, y ascendió a 95.6% en 2020, después de estar contenida en 61.2% de 2014 a 2017.

Este decaimiento en la actividad de la FGR guarda estrecha relación con lo destacado por el Comité de la ONU contra la Desaparición Forzada (CED, por sus siglas en inglés), en lo relativo a su reticencia a involucrarse en casos que son de su competencia, pero sobre la cual decide discrecionalmente, sin contrapesos. La FGR ha optado por no atraer casos relacionados con violaciones graves a los derechos humanos y por no colaborar con las fiscalías estatales, utilizando su autonomía constitucional como argumento para aislarse.

Los datos evidencian que la FGR se enfoca en investigar y procesar casos de criminalidad común y de baja complejidad, relegando casos de alto impacto que demandan investigaciones más sofisticadas, como los relacionados con la desaparición, la trata de personas o los feminicidios. En 2020, 58.4% de los delitos judicializados corresponden a aquellos relacionados con portación de arma de fuego; 2.2%, delitos fiscales; 1.9%, delitos contra el patrimonio, y 1.2%, delitos relacionados con robo de hidrocarburos.

Los casos de portación de arma, al suceder en flagrancia, no requieren una investigación exhaustiva y son los más fáciles de acreditar. Organizaciones de derechos humanos han documentado que en la práctica, este delito es utilizado para imputar otros delitos a las personas, al sembrarles las armas. Por su parte, los delitos relacionados con crimen organizado, hidrocarburos y medio ambiente, tienen muy baja frecuencia de judicialización.

México Evalúa refiere que ante fenómenos delictivos complejos, la FGR ha mostrado una debilidad tan palpable que pone en entredicho su propia autonomía.

En el documento referido, México Evalúa pregunta: ¿cómo vamos a lograr revertir la impunidad estructural si no se le combate desde la operación diaria de la FGR? El informe del CED y las visibles deficiencias en el desempeño de la Fiscalía General de la República ponen de manifiesto la necesidad de analizar con detenimiento el arreglo nacional de competencias en la procuración de justicia, de tal forma que éste no sea un aliciente para mantener espacios de indefinición de competencias y, por tanto, de riesgos de impunidad. Al mismo tiempo, hay que vigilar con lupa los resultados de las fiscalías locales y de la federal, de manera que rindan cuentas sobre la persecución penal.

Anexo 13, Fundar

Ante el contexto de violencia por razones de género, el Centro Fundar analizó los recursos que se han asignado históricamente al Anexo 13, en el Presupuesto de Egresos de la Federación, relacionado con las Erogaciones para la Igualdad entre Mujeres y Hombres y si estos han respondido a las demandas sociales del movimiento amplio de mujeres y feministas.

“Abogamos por un Anexo 13 feminista, que avance en la garantía de los derechos humanos de las mujeres en todas sus diversidades y la dignidad de sus vidas”, advirtió.

Fundar, Centro de Análisis e Investigación, ha trabajado desde hace más de 20 años en el fortalecimiento de la agenda de igualdad de género en el país a través del impulso de presupuestos y de una política fiscal que tome en serio los derechos humanos y contribuya a desmantelar las desigualdades por razones de género que caracterizan a nuestras sociedades.

Desde sus inicios, y en alianza con otras organizaciones del movimiento amplio de mujeres en la lucha por la equidad de género, ha problematizado el diseño de los presupuestos públicos, lo que permitió a Fundar involucrarse en las discusiones que en su momento dieron origen al Instituto Nacional de las Mujeres en 2001, y a la creación de la Comisión de Equidad de Género de la Cámara de Diputados en 2003.

Estas acciones dieron pie a que en 2006 se creara el Anexo 19 G Equidad de Género, al que siguió el Anexo 9A Presupuesto para Mujeres y la Igualdad de Género en 2008, hoy conocido como Erogaciones para la Igualdad entre Mujeres y Hombres o Anexo 13, que tiene como objetivo identificar el conjunto de acciones, dependencias, programas y los recursos asignados para la erradicación de la violencia de género, promover la igualdad entre mujeres y hombres, y erradicar la discriminación.

El Proyecto de Egresos de la Federación para el 2022 propuso un presupuesto de 232 mil 384 millones de pesos para el Anexo 13, lo que equivale a un aumento real de 74.6% contra lo aprobado en 2021, es decir, un monto adicional de 99 mil 268 millones de pesos.

No obstante, el 89.4% de estos recursos corresponden a doce programas prioritarios de la actual administración, cuya contribución para promover la igualdad sustantiva entre mujeres y hombres, la erradicación de la violencia de género y la discriminación no queda clara, ni puede conocerse la relevancia de su inclusión en el Anexo, ya que, a la fecha, no existen padrones en donde se desglose el sexo de las y los beneficiarios, ni evaluaciones que permitan asegurar que los recursos realmente están llegando a las mujeres, o si éstos están contribuyendo a eliminar los estereotipos y roles de género, y contribuyendo a reducir las brechas de desigualdad y de violencia por razones de género.

Para que los programas puedan considerarse claves para avanzar en la agenda de igualdad en razón de género y la erradicación de la violencia, es imprescindible que rindan cuentas sobre sus resultados.

El análisis al Anexo 13 permite identificar que, los recursos dirigidos a implementar la política pública de prevención, atención y erradicación de violencia y de la discriminación por razones de género son muy limitados, pues tan solo representan el 2.8% y 0.1% de los recursos totales, respectivamente. Para alcanzar la igualdad sustantiva y garantizar los derechos de las mujeres es urgente que se garantice la progresividad en la asignación de recursos, especialmente en programas y acciones destinadas a estos objetivos, como lo fueron los los Refugios Especializados, las Estancias Infantiles, las Alertas de Violencia de Género, y las Instancias de Mujeres en las Entidades Federativas.

De lo contrario, se seguirá reforzando la narrativa oficial del incremento a los recursos para la agenda de género, la cual oculta el debilitamiento de instituciones, programas y acciones estratégicas de suma relevancia para la vida de las mujeres, profundizando así las brechas de género.

En ese sentido, Fundar considera indispensable  fortalecer el Anexo 13 y garantizar que sus programas y acciones cuenten con perspectiva de género, por ello “llamamos a evitar que este Anexo continúe siendo utilizado como una herramienta para argumentar el compromiso con la agenda de igualdad, cuando en realidad, si se analiza con detenimiento, deja ver lo contrario”.

Fundar invita a que se promueva un análisis informado y serio sobre esta herramienta, garantizando la transparencia y la rendición de cuentas.

Finalmente, fundar lanza un llamado de atención para asignar mayores recursos para garantizar la operación de espacios de apoyo a mujeres víctimas de violencia y sus hijos e hijas, con mecanismos claros de trasparencia y rendición de cuentas, ante el recrudecimiento de violencia en los hogares en el contexto de la pandemia por COVID-19.

Ante el contexto de violencia de género en el país, es inadmisible que instituciones, programas y acciones clave para erradicar la violencia contra las mujeres presenten reducciones en su presupuesto. Por ello, es imprescindible que la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, así como las dependencias involucradas en la materia, y el Poder Legislativo continúen con un análisis serio, abierto y participativo, en el que se tomen en cuenta las voces del movimiento amplio de mujeres y el feminista, sobre los programas y acciones que integran el Anexo 13, bajo una metodología con factores, variables y fórmulas claras que contribuyan a una asignación de recursos que considere sus posibles impactos en la vida de las mujeres.

Garantizar un presupuesto con perspectiva de género permitirá revertir las desigualdades y cualquier forma de discriminación y violencia por razones de género en el país.

 

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