Tabasco, el edén de la corrupción

Este artículo fue publicado originalmente el 11 de julio de 2016, lo abrimos de manera temporal dada su relevancia periodística.


Inseguridad, decepción y una prensa a modo

Tabasco vive la peor crisis de seguridad de su historia moderna; se trata de una situación en la que muy lastimosamente se mezclan la percepción (el humor social, que es desestimado por las autoridades, independientemente de su filiación política) y la dura realidad, aquella que se sustenta en datos.

Pero contrario a lo que podría esperarse, no hay un registro en medios locales de la magnitud de esta problemática. Si acaso, informaciones aisladas, matizadas, cuidadas en función del interés gubernamental. La razón de esta ausencia es la política de comunicación social de un gobernador, Arturo Núñez Jiménez, que en campaña ofreció una relación distinta con los medios de comunicación, propósito que ha incumplido.

En su toma de protesta, el gobernador Núñez cuestionó que a la prensa se le asignaban (con los exgobernadores Salvador Neme, Manuel Gurría, Roberto Madrazo, Manuel Andrade, Andrés Granier) cantidades de recursos que no se justificaban presupuestalmente ante las carencias de los tabasqueños. También anunció que la publicidad se entregaría a medios certificados, y que para ello se apoyaría en un comité ciudadano, además que se evitaría el pago de “chayote” a columnistas políticos, como lo hicieron sus antecesores.

Sin embargo, nada de eso ocurrió y el dinero público se sigue entregando discrecionalmente a medios. De hecho, se sigue beneficiando a los mismos dueños de medios que beneficiaban los gobiernos del PRI y a algunos emergentes, pero con una condición: no informar ni comentar nada que vaya a molestar al ciudadano gobernador. O a su temible jefa de prensa, la exdiputada federal y exconductora de radio, Dolores Gutiérrez Zurita.

La vocera de Núñez obligó a todos los medios y a los periodistas que tienen columnas políticas a firmar contratos que exhiben hasta el ridículo a la prensa que recibe publicidad, porque la vuelve, sin más, empleada del gobierno. Los convenios estan en el portal de Transparencia y lo firman lo mismo empresas con medios grandes, que articulistas, opinadores en redes sociales y columnistas.

Son documentos en donde se deja a la libre decisión del gobierno, la posibilidad no sólo de pagar o dejar de hacerlo, sino de cancelar el contrato y de exigir incluso, la devolución de todo el dinero recibido por la empresa periodística que “caiga de la gracia” de la señora Gutiérrez.

Control de la prensa

La cláusula quinta dice: “En caso de rescisión del presente contrato, el prestador de servicios deberá reintegrar al Ejecutivo estatal, la totalidad de la cantidad entregada de acuerdo a lo expresado en la cláusula tercera del presente contrato, más los intereses correspondientes”.

En la misma cláusula se explica que esos intereses serán establecidos conforme a una tasa “que será igual a la establecida por el código fiscal del estado, vigente a la fecha de incumplimiento, como si se tratara del supuesto de prórroga para el pago de créditos fiscales”.

El gobierno de Núñez no es transparente en la relación con la prensa. Como los gobiernos priistas, otorga un presupuesto bajo a la coordinación general de Comunicación Social y Relaciones Públicas, pero como sus antecesores, tiene diversas partidas para prensa en una “bolsa estatal” que saca de las dependencias de la administración pública. Los medios no hablan de eso, primero porque les conviene, segundo, porque así lo hacían cuando gobernaba el PRI y tercero, porque firmaron un contrato en donde se comprometen a ser sigilosos con la información de su cliente.

El año pasado, por ejemplo, el presupuesto aprobado oficialmente para la prensa fue de poco más de 165 millones de pesos, similar al de este año; pero según documentó el investigador Javier Herrera Escamilla, hubieron 14 ampliaciones presupuestales por un total de 155 millones 148 mil pesos, con lo que el dinero se duplicó.

La cifra, que superó los 300 millones de pesos, es alta pero no es creíble. Entre los diarios que reciben más publicidad, se encuentran Tabasco Hoy, líder indiscutible en circulación estatal, propiedad de Miguel Cantón Zetina, y Diario Presente, propiedad de Ignacio Cobos González; ninguno de los dos aparece desde el año pasado en los contratos y el “balconeo” que el gobierno tabasqueño hace a través del portal de Transparencia.

Periodistas tabasqueños descreen de las cifras y dicen que Núñez se cobra las afrentas que recibió de la prensa cuando era “incómodo” a Roberto Madrazo y Manuel Andrade. Hay quienes afirman que sólo un periódico, Rumbo Nuevo, propiedad de Jorge Alberto Javier, exjefe de prensa de Roberto Madrazo, que tiene una escasa circulación, factura cinco millones de pesos mensuales; la partida para ese diario sería una quinta parte del presupuesto “oficial” para la prensa en 2015.

El dinero, dicen los reporteros de a pie en Tabasco, corre otra vez a manos llenas entre los dueños de los medios. Sólo que ahora hay castigo a quien no entiende la línea editorial que marca Dolores Gutiérrez.

Para los periodistas que sobreviven con sueldos de entre seis y ocho mil pesos mensuales, lo único que hizo el gobierno del PRD en Tabasco fue legalizar el “embute” o “chayote”. Antes, ese dinero se entregaba a la mano, ahora, se paga mediante facturas y los columnistas fueron elevados al nivel de proveedores del gobierno “más que nada, para evidenciarlos”.

Lo que no ve la prensa

Los niveles de inseguridad en Tabasco, a casi cuatro años de la alternancia, rayan en el miedo colectivo. Son sensaciones, creencias, muchas veces información de oídas, pero también son datos duros que confirman que existe un alto grado de decepción en torno a las expectativas creadas por la salida del PRI del gobierno estatal.

Primero, la percepción, lo que se respira en las calles, lo que huele la gente, lo que mueve a la opinión pública pero que no se lee en los diarios y revistas locales:

1. La Encuesta Nacional de Seguridad Pública Urbana 2016, realizada por el INEGI y presentada en marzo pasado, revela que 89.7% de los tabasqueños que viven en Villahermosa, tienen una percepción de inseguridad.

La cifra es la más elevada del país; supera a Acapulco, que tiene 85.8 de percepción de inseguridad; a Reynosa, que tiene 85.3%. Datos muy lejanos del 66.4% que se expresa inseguro en Cancún; del 44.5 de Mérida y del 43% de Campeche, ciudades vecinas de Tabasco.

2. El INEGI reporta que 80% de los habitantes del país tiene una sensación de inseguridad estando en los cajeros automáticos; un 72.7 en el transporte público, un 64.8 en los bancos y un 61.3 en las calles que habitualmente usa. Sólo un 28.8 se siente inseguro en su casa.

En Tabasco, el miedo a estar en cajeros automáticos se eleva al 96.1; el temor a pasar por sus propias calles, llega al 91.3; otro 91% se siente inseguro en mercados y 85% en parques recreativos. Incluso estando en su casa, un 45.1% de los tabasqueños no se siente seguro.

3. La misma encuesta del INEGI plantea la “percepción de efectividad” que el gobierno tiene para resolver problemáticas. Se trata de un termómetro social que evalúa a las autoridades; el promedio nacional es 25.6 “algo o muy efectivo” y 73.4 que opina “poco o nada afectivo”.

Los tabasqueños encabezan otra vez la lista de quienes peor califican a sus autoridades en todo el país: apenas 7.4% dice que sus autoridades son “algo o muy efectivas”, mientras que 92.6% considera que no son eficientes para resolver problemas. La percepción de ineptitud gubernamental de tres estados perdidos por el PRI en la pasada elección, se manifestaba de esta manera: 67.5 Quintana Roo; 78.5 Chihuahua y 82% Veracruz.

4. El INEGI mide la percepción de la gente sobre el futuro en materia de seguridad y en el promedio nacional, 34.6 piensa que las cosas “seguirán igual de mal” y un 33.3% opina que las cosas empeorarán.

Los tabasqueños medidos por lo que sienten y presienten, se van otra vez al pesimismo extremo: sólo 11.2 cree que las cosas en esa materia van a mejorar; 1.4 piensa que “seguirán igual de bien”; 35.4 que “seguirán igual de mal” y cuidado, 49.9% de los habitantes de esa entidad, opina que la inseguridad va a empeorar.

¿Por qué estos niveles de percepción y de desesperanza entre los tabasqueños? La respuesta se encuentra en los datos duros. Comenzando por la tasa de desocupación en esa entidad, que se ubicó en el pasado mes de abril, en el 7.2%, contra el 3.8% del promedio nacional. Cabe señalar que casi un tercio de esos desempleados, el 27%, tienen instrucción superior, es decir, son jóvenes que fueron a la universidad, estudiaron una carrera, egresaron y no han encontrado fuentes de empleo. Partiendo de ese dato, lo que viene en materia de cifras de delitos es todavía más grave:

  1. En abril pasado se robaron 240 vehículos en Tabasco, 102 más que el promedio nacional reportado.
  2. En el mismo mes se registraron 216 robos a casa habitación, contra 200 robos promedio en todo el país.
  3. En ese período, se denunciaron 104 robos a negocios, contra 64 que fue el promedio nacional.
  4. Otras cifras indican que el estado es también líder en secuestros, segundo lugar en extorsión, y primero en robo a mano armada a transeúntes.
  5. Lo peor del caso es que de acuerdo al Semáforo del Delito, el más alto porcentaje de expedientes de delitos no resueltos, es el de Tabasco, con un 88 por ciento; lo que representa el doble de la media nacional.

Conclusión

Las elecciones son la mejor oportunidad que tenemos los ciudadanos para expresar nuestra opinión sobre el desempeño de las autoridades, pero sacar al PRI del gobierno no siempre es suficiente si votamos “porque se vayan” sin fijarnos en a quién estamos dando nuestro voto. Tabasco es el mejor ejemplo hoy de una alternancia fallida, en donde los políticos, en este caso Arturo Núñez Jiménez, expriista postulado por el PRD, no están interesados en cumplir sus ofertas de campaña y van logrando, a base de la ausencia de resultados, un desencanto ciudadano hacia nuestro sistema democrático.

Delincuencia en jauja

En Tabasco, desaparecidas las actividades secundarias que le daban valor agregado a la ganadería, a la producción cacaotera, coprera y de cítricos, la delincuencia es la única industria próspera.

Tan es así que en esa entidad se extorsiona hasta a los secuestradores, que tienen que pagar “derecho de piso” para seguir manteniendo al estado, en uno de los primeros lugares nacionales en la comisión de ese delito.

Para la Asociación Alto al Secuestro AC, que preside Isabel Miranda de Wallace, el estado gobernado por el ex priista Arturo Núñez Jiménez ocupó el séptimo lugar en secuestros en el período diciembre de 2015-marzo 2016, al registrar 358 casos denunciados, una cifra superior a los 335 registrados en Michoacán. Sólo que Tabasco tiene dos millones menos de habitantes.

Para tener una idea de lo que representa el secuestro para los criminales estas tierras hay que ir a Cárdenas, el segundo municipio de importancia económica y poblacional, y el más peligroso de la entidad.

En aquella localidad, el pasado 8 de junio, apareció el cadáver de un ejecutado. Es el octavo asesinato del año, pero esta vez los asesinos dejaron una cartulina en la que plantean un interés “empresarial” en torno a la industria del secuestro, que se encuentra en jauja en la zona donde campea el desempleo a causa de la crisis en Pemex, pero también por la desaparición de actividades productivas y el cierre de las plantas procesadoras de cacao, de copra y hasta de carne y leche en Tabasco.

De acuerdo con el periódico digital El Heroico, los criminales dejaron una cartulina, donde advierten que eso les va a pasar a los secuestradores que no cooperan con ellos. Es decir ya cobran derecho de piso para secuestradores. Lo que faltaba para generar más miedo entre los tabasqueños, que se preguntan ¿dónde está el piloto…?

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