Cinque Terre

Irasema Rodríguez

El periodismo asediado

Este artículo fue publicado originalmente en la edición 175 (El 16 de junio 2015) de la revista impresa lo abrimos de manera temporal para su consulta.

De acuerdo con un informe de la Fiscalía Especial para la Atención de Delitos cometidos contra la Libertad de Expresión de la PGR (FEADLE), de enero de 2000 al 28 de febrero de 2015, 103 periodistas fueron asesinados y 25 están desaparecidos. En ese periodo hubo 664 averiguaciones previas por diversas agresiones y delitos contra periodistas y medios de comunicación. De julio de 2010 a febrero de 2015, solo hubo 74 consignaciones. Veracruz y Chihuahua son las entidades con mayor número de asesinatos contra periodistas con 16 cada una; sigue Tamaulipas, con 13; Guerrero, 11; Sinaloa con siete, Oaxaca, seis, y Durango, cinco.

Marcha de periodistas contra la impunidad exigiendo justicia por los recientes asesinatos de colegas en el estado de Veracruz, de la representación del gobierno de Veracruz a la Secretaría de Gobernación de la Ciudad de México. Foto:Benjamin Flores / Proceso

Además, la Comisión Nacional de Derechos Humanos (CNDH) señaló el 6 de enero que de 2010 a enero de este año, hay 433 expedientes de queja por agresiones a periodistas o medios de comunicación; aparte conoce de 97 muertes de periodistas o trabajadores del sector periodístico, asesinados presuntamente por su trabajo. También establece que de 2005 a la fecha han desaparecido 22 comunicadores, y desde 2006 registra 42 atentados a instalaciones de medios de comunicación. Asimismo, en el informe que el titular del organismo, Luis Raúl González Pérez, leyó frente al presidente Enrique Peña Nieto el pasado 29 de marzo, se subraya que de los 140 expedientes abiertos durante 2014, 95 corresponden a actos cometidos contra periodistas.

En tanto, la PGJDF informó a la Cámara de Diputados que de 2010 a la fecha se abrieron 110 averiguaciones previas por agresiones y delitos cometidos contra periodistas. Del total de denuncias, 81 fueron iniciadas en la Agencia Especializada para la Atención de Delitos Cometidos en Agravio de las y los Periodistas, creada en marzo de 2010. El principal motivo de queja fueron las amenazas y lesiones.

La Sociedad Interamericana de Prensa (SIP), Reporteros Sin Fronteras (RSF) y Artículo 19, entre otras organizaciones, ubican a México como uno de los países de mayor riesgo en América Latina, e incluso en el mundo, para el ejercicio del periodismo. El 9 de marzo en Panamá, la SIP concluyó que la principal amenaza que sufren los periodistas del continente son los asesinatos, sin embargo, también entorpecen su desempeño la censura, el acoso tributario a las empresas de comunicación, el acaparamiento gubernamental del espacio de radio y televisión y el acceso libre a la información pública.

El 19 de febrero RSF señaló que a pesar de no estar inmerso en un conflicto armado, México es uno de los países más peligrosos para los medios y en 2014 se distinguió por ser el más mortífero de Latinoamérica al registrarse tres asesinatos asociados directamente con la actividad periodística. En tanto, un informe de Artículo 19 del 24 de marzo revela que en el actual sexenio un periodista es agredido cada 26.7 horas, mientras que en el anterior la tendencia era de uno por cada 48.1 horas. De las 326 agresiones documentadas en 2014, 48% son cometidas por funcionarios públicos.

La impunidad en que queda mayoría de los crímenes y agresiones, propicia que la espiral de violencia siga y que el panorama para la prensa mexicana en 2015 sea tanto o más desolador que en años anteriores.

Veracruz: Amenazas, poderes fácticos y alcaldes criminales

“Para nuestros malquerientes de siempre quiero decirles que nunca he observado por parte de ustedes, un ejercicio periodístico digno de llamarse de esa forma. Ustedes aspiran a ser consejeros del príncipe, no a demostrar los abusos y atropellos cometidos en el pasado. Protestamos desnudos nada más con nuestra dignidad encima. Lo que a mí me da indignación y repugnancia no es unos campesinos en ropa interior bailando en el centro y pidiendo justicia; lo que me da indignación y repugnancia es el político que no vive para sus ideales, el periodista que vende su pluma al cambio del beneficio económico; la compra de conciencias, la venta de la dignidad y la proliferación del vasallaje político”.

Así respondió en abril de 2014 el diputado priísta de Veracruz, Marco Antonio del Ángel Arroyo, ante los señalamientos de la prensa local sobre las demandas y formas de protesta del Movimiento de los 400 Pueblos, al cual pertenece el congresista y cuyo dirigente es su padre, César del Ángel Fuentes. Tres meses después, la organización, su líder y el legislador, fueron denunciados penalmente en Xalapa por la periodista Claudia Guerrero Martínez, directora del periódico Veraz, por ocasionar daños en su domicilio y el automóvil de su cónyuge; Guerrero refirió que dos años atrás fue objeto de una agresión similar en la sede del diario e incluso en aquella ocasión la privaron de su libertad, sin que las instancias judiciales procedieran.

Ese rotativo no es el único en cuestionar la legitimidad del Movimiento de los 400 Pueblos; varios medios, tanto de Veracruz como nacionales, han documentado sus vínculos con diversos personajes políticos, así como los entresijos de sus peculiares protestas nudistas, que han convertido aesa organización en un poder fáctico en la región. El pasado 20 de marzo, el periodista Aurelio Contreras Moreno publicó en su portal el artículo “400 Pueblos: lenocinio, corrupción de menores e impunidad”, donde denunció la utilización de mujeres menores de edad en las recientes manifestaciones de este grupo en la capital veracruzana y cuestionó la negligencia de las autoridades ante los flagrantes delitos que la organización ha cometido como invasión de predios y lenocinio, entre otros.

A las pocas horas, recibió mensajes intimidatorios a través de Twitter, entre los cuales se lee “O quieres tu promoción como con Claudia Guerrero. Si es así, necesitas más méritos” y aunque nunca precisaron por qué se aludió a la periodista, se hace inevitable evocar los ataques de que ha sido objeto por parte de integrantes del Movimiento de los 400 Pueblos.

Marco Antonio del Ángel Arroyo minimizó el asunto y de Aurelio Contreras, también articulista de etcétera, dijo: “ese ni lo conozco, ese no tiene importancia, no fue una amenaza, fue el compañero del movimiento que maneja el Twitter, que al calor de las cosas… ahora que responda”.
Sobre su litigio con Claudia Guerrero sugirió “no hacerlo mediático, sino jurídico”. Y sobre a la relación de su organización con los medios, remató: “Cuando siento que hay mala intención, cierta tendencia por no hablar con la verdad, tengo derecho a defenderme”.

Ante ello, Aurelio Contreras interpuso el mismo 20 de marzo una queja ante la Comisión Estatal de Atención y Protección a Periodistas del Estado (CEAPP) y cinco días más tarde formalizó una denuncia de hechos ante la Fiscalía Especializada en Delitos Electorales y en la Atención de Denuncias contra Periodistas y/o Comunicadores, en la que hace responsables a los integrantes de los 400 Pueblos de cualquier agresión a su persona, familia y bienes, y donde solicita las medidas de protección y vigilancia. Por último, reveló que en lo que va del año se han interpuesto 38 quejas ante la CEAPP por agresiones de diversa índole en contra de periodistas. Este dato, aunado a los siguientes casos, confirman a Veracruz como uno de los estados más violentos para los informadores.

2 de enero. Un comando armado irrumpió en el domicilio de Moisés Sánchez Cerezo, en la colonia Gutiérrez
Rosas, en el municipio Medellín de Bravo. Además de secuestrar al periodista, que dirigía el semanario La Unión, sustrajeron su computadora, cámara fotográfica y dispositivos móviles. Pese al desdén de las autoridades estatales, quienes se refirieron a Moisés como “un taxista que solo hacía publicaciones en las redes sociales”, su desaparición adquirió trascendencia internacional: medios de comunicación en diferentes países y organismos como la CIDH y la ONU reprobaron el suceso y expresaron su preocupación por el clima de violencia que acecha al periodismo en varias regiones del país.

Pasaron más de 20 días de incertidumbre, versiones encontradas y manifestaciones en varios estados en demanda de la aparición con vida del periodista, hasta que el 25 de enero el fiscal general de Veracruz, Luis Ángel Bravo, confirmó el asesinato de Moisés Sánchez, tras la realización de las pruebas de ADN correspondientes. Reiteró la responsabilidad directa en el crimen de Noé Rodríguez Martínez, arraigado ya junto con otros expolicías municipales. También señaló como autor intelectual al alcalde de Medellín de Bravo, Omar Cruz, desaforado por el congreso estatal el pasado 26 de marzo, pero prófugo de la justicia. El 30 de marzo, Artículo 19 interpuso una demanda de amparo contra la FEADLE de la PGR, por haberse negado a ejercer su facultad de atracción y sostuvo que para esta organización el caso no está concluido.

27 de enero. La reportera gráfica de la sección policiaca de los diarios Imagen de Veracruz y ¡Órale, Jarocho!, Patricia Ivette Morales Ortiz, presentó una denuncia por amenazas de muerte contra quien resulte responsable, luego de recibir la llamada de un sujeto quien, le proporcionó información sobre ella y sus hijos. Morales dijo ignorar si la amenaza guarda alguna relación con su trabajo.

29 de enero. Atacan las instalaciones del periódico El Heraldo de Córdoba con bombas molotov; los daños fueron solo materiales. La directora editorial, Daniela Jácome, precisó a través de las redes que el ataque se registró cerca de las tres de la mañana, cuando el personal ya se había retirado. Indicó que hasta el momento se desconoce a los autores del atentado, pero recordó que desde el 30 de octubre del año pasado formuló una denuncia ante el Ministerio Público por amenazas. En tanto, la policía estatal catalogó el hecho como un acto vandálico.

2 de febrero. “Después de Moisés, sigues tú, te esta-mos checando”, fue el mensaje que recibió Verónica Huer-ta Aburto a través de su teléfono celular. La periodista que presta sus servicios en Grupo Fórmula y la Agencia AVC Noticias, interpuso una denuncia ante la Agencia Especializada en Delitos contra la Libertad de Expresión y la CEAPP. Una semana después, la FEADLE atrajo el caso.

4 de febrero. Daniel Orozco, reportero del periódico La Red, en Coatzacoalcos, fue agredido por policías estatales cuando cubría el hallazgo de una fosa clandestina. Al otro día recibió mensajes en su teléfono celular como “¡Bájale de huevos!”, “Te tenemos ubicado”, y ¡Te vamos a partir la madre”. También refirió que se percató de que era perseguido por un desconocido cuando se presentó en la sede de la Cruz Roja en el municipio para recabar información sobre los cadáveres encontrados. Los hechos se denunciaron en la Subfiscalía General del Estado.

13 de abril. Reporteros y fotógrafos de Notiver, Órale, Imagen del Golfo y El Dictamen, cubrían el asalto a la casa de un oficial de la Marina, en el puerto de Veracruz. Un elemento de la SEMAR, que presuntamente tiene la clave “Pirata”, se les acercó para amenazarlos. “Es mejor que se vayan, no saben con quién se meten”, “Luego por eso los levantan”. Los reporteros no se fueron y las amenazas continuaron.

27 de abril. Alfonso Parra, reportero radiofónico de Xalapa, fue esposado y golpeado por policías de la Secretaría de Seguridad Pública Estatal, a causa de un incidente de tránsito. Los uniformados también lo amenazaron con que “si abría el hocico, se las iban a pagar todas, porque lo tienen plenamente identificado y para la próxima vez, no la contaría”.

Tamaulipas: Levantones, granadazos y violencia

5 de febrero. Un grupo de hombres armados ingresó violentamente al periódico El Mañana de Matamoros para “levantar” a su director editorial Enrique Torres Juárez, a quien liberaron posteriormente tras propinarle una golpiza; los delincuentes le reclamaron la publicación de notas sobre los hechos violentos en la frontera norte de Tamaulipas el fin de semana anterior, con un saldo de 15 muertos. El informador consideró que su secuestro
fue un “aviso” del cártel del Golfo. Previo a esto, la madrugada del miércoles 4, una camioneta distribuidora del rotativo con ejemplares del día fue interceptada en el paraje conocido como El Soliseño de la autopista Matamoros-Reynosa. Por todos estos hechos, el director dejó de publicar información relacionada con sel narcotráfico y demandó la intervención de las autoridades estatales; el secretario de Gobierno de Tamaulipas, Herminio Garza, le ofreció garantías para su persona y los trabadores del diario, sin embargo, en entrevista para Grupo Fórmula el 6 de febrero, Juárez Torres refirió que tras lo ocurrido, se presentaron renuncias masivas de reporteros y trabajadores administrativos, mientras que él y su familia fueron enviados a Estados Unidos. El caso está en la FEADLE de la PGR.

6 de febrero. Desconocidos lanzaron una granada en la zona de estacionamiento de las instalaciones de Televisa Matamoros; dos guardias fueron heridos y la fachada resultó con daños. La televisora fue resguar-dada por policías federales, sin embargo, mes y medio después, el 26 de marzo, un segundo artefacto explosivo fue arrojado desde una camioneta que logró burlar la vigilancia. Fuentes de Seguridad Pública de Tamaulipas no consideraron que se tratara de un ataque directo, pues la granada cayó a 83 metros de distancia de las instalaciones.

14 de abril. El director de la revista semanal Índice Político, Vicente García Herrera, dio a conocer que el
pasado 1 de abril, con motivo del aniversario del municipio de San Nicolás, acudió a la sede de gobierno, de donde fue sacado con lujo de violencia por Alejandro Quintero, chofer del alcalde Juan Gabriel Castellano. Le quitaron su cámara y su teléfono celular y el agresor le dijo que no podía estar ahí porque “escribe en contra del presidente”. García interpuso una denuncia en la PGR y una queja en la CNDH.

Coahuila: Advertencias desde el poder

20 de febrero. El secretario de Gobierno de Coahuila, Víctor Zamora Rodríguez, dijo que periodistas y medios
de comunicación están relacionados con Los Zetas para llevar a cabo una “campaña de desprestigio” contra las corporaciones de seguridad en el estado. Esto, luego de que algunos medios locales y nacionales difundieran un video donde presuntos elementos de Grupos de Armas y Tácticas Especiales (GATE) ejecutan a varios civiles. El funcionario advirtió que entregaría la “narconómina” de periodistas a la SEIDO. Días antes, el gobernador Rubén Moreira aseguró que directivos de medios se habían acercado a su administración para decir que el narcotráfico los forzaba a publicar notas en contra de los cuerpos de seguridad. El 10 de marzo, Moreira anunció que el caso de los medios presuntamente vinculados al narcotráfico tendrá que ser parte de a un proceso penal. Hasta el momento, el gobierno no ha revelado los nombres de los medios e informadores de la supuesta “narconómina” pese al exhorto que le han hecho organizaciones como Artículo 19.

26 de febrero. El periodista Milton Martínez, dijo ser uno de los señalados por el gobierno de Moreira, de tener vínculos con el narcotráfico. Ese mismo día, el procurador del estado, Homero Ramos, negó que se lleve a cabo alguna investigación contra Martínez y aseguró que el objetivo de la dependencia es garantizar su integridad y la de todos los informadores.

8 de marzo. La Procuraduría de Coahuila difundió un video donde el periodista Gerardo Padilla Blanquet, desaparecido durante dos años, acusa a Milton Martínez de amenazas de muerte y nexos con el narcotráfico. Un día después, Martínez, en entrevista para Televisa, acusó al gobierno estatal de utilizar a su excompañero para emprender una campaña de hostigamiento en su contra, a tal grado, que se ha visto obligado a abandonar el estado, junto con su familia. No obstante, dijo estar dispuesto a someterse a cualquier prueba.

31 de marzo. El reportero de Milenio Laguna, Efrén Maldonado, fue agredido por policías municipales de Torreón cuando cubría la detención de dos personas en un hospital del ISSSTE. Los uniformados lo golpearon en el rostro con armas largas, le quitaron su equipo de trabajo y lo amenazaron con encarcelarlo por realizar prácticas de “halconeo”. Un día después, el presidente del Consejo de Seguridad Pública de Tamaulipas, Óscar Soto, informó que dos policías fueron separados de su cargo por estos hechos y se comprometió a dar seguimiento al proceso que se siga en su contra.

26 de abril. Proceso informa sobre hechos de violencia en Reynosa, que incluyeron bloqueos y balaceras, como reacción a la captura del capo “El Comandante 22”. El semanario explica que ante el clima de inseguridad y a fin de proteger la vida de sus reporteros, las notas sobre el tema en esa entidad, irán sin firma.

Oaxaca: Intimidación y muerte

14 de enero. El reportero de la sección policiaca del diario El Imparcial del Istmo, José Ignacio Santiago, fue perseguido desde su domicilio por una camioneta negra que lo arrolló deliberadamente frente al Panteón Domingo de Ramos en Juchitán. Del vehículo bajó un sujeto que lo golpeó hasta perder el conocimiento; despertó en el Hospital General de la localidad. Presentó la denuncia ante la Subfiscalía del Istmo y pidió la atracción del caso por parte de la Procuraduría de Oaxaca así como la intervención de los organismos de derechos humanos.

30 de enero. El director del programa de televisión por Internet, “Punto y coma”, Bartolo Estrada Campechano, fue agredido verbalmente por el director de Proyectos Agropecuarios de Tuxtepec, Jorge Carreño Castillo, cuando reporteaba un accidente automovilístico en el que se vio involucrado el funcionario. El servidor público, junto con su acompañante, lo amenazaron con “romperle la madre” si publicaba las fotografías del percance. El afectado buscó interponer una denuncia en la Sindicatura Municipal, pero la instancia se negó a recibirla, por lo que presentó el caso ante la FEADLE de la PGR.

4 de abril. La Defensoría de los Derechos Humanos del Pueblo de Oaxaca (DDHPO) atrajo los casos de los periodistas Gonzalo Domínguez Monroy, director del diario El Imparcial del Istmo y Jesús Hiram Moreno, director del semanario Evidencias, quienes fueron intimidados por Hipólito Rojas y Javier Córdova, líderes de la CTM en la región. Las agresiones contra los informadores, que también colaboran en radiodifusoras locales, iniciaron luego de que éstos denunciaron en sus respectivos medios, la venta de concesiones de taxis por parte de esos dirigentes. El 24 de marzo, Hiram Moreno fue golpeado por Miguel Án-gel Barrón, quien se identificó como empleado de Hipólito Rojas, mientras que un día después, González Monroy fue privado de su libertad y amenazado de muerte para que no publique más notas contra la CTM. Tras las medidas cautelares dictadas por la DDHPO, la Procuraduría Estatal ofreció brindar protección a los reporteros.

14 de abril. Abel Manuel Martínez Raymundo, director de la radio comunitaria Sentimiento de la Voz del Pueblo 96.1, fue asesinado a balazos en San Pedro el Alto, en el municipio de Santiago Juxtlahuaca, según lo confirmó la PGJE. El subprocurador Víctor Fernando Ruiz Méndez, dijo que aún no hay pistas sobre el móvil del crimen.

Baja California Norte: Boicots y represalias

13 de marzo. El gobernador Francisco Vega de la Madrid y los alcaldes de Tijuana, Tecate, Rosarito, Ensenada y Mexicali, difundieron un desplegado en diarios de presencia nacional donde acusan de extorsión al Grupo Healy, que agrupa a los diarios La Crónica de BC y Frontera, al solicitarles elevadas cantidades de dinero a cambio de no publicar información sobre la situación financiera de la entidad y obras presuntamente mal adjudicadas. También anunciaron un boicot comercial en contra de la empresa periodística. Ésta rechazó las acusaciones, defendió el rigor de sus investigaciones en las que denuncian una serie de propiedades adquiridas por el mandatario estatal sobre las cuales se niega a informar, así como varias irregularidades en obras públicas. La Sociedad Interamericana de Prensa condenó la campaña contra Grupo Healy y calificó como ilegal el boicot comercial emprendido por el gobierno estatal.

9 de abril. La Fundación para la Libertad de Expresión y la Asociación de Periodistas de Baja California, informaron que el reportero de Tijuana, Alfredo Álvarez, presentó una denuncia por amenazas de muerte, tras dar seguimiento a un testimonio anónimo y posterior operativo que derivó en la clausura del restaurante de comida china Le Yen City por presuntamente utilizar carne de perro en la elaboración de sus productos, noticia que trascendió a varios medios internacionales. Los organismos defensores de los informadores consideraron que las amenazas están directamente relacionadas con el ejercicio periodístico.

Chihuahua, Sonora y Sinaloa: El miedo cunde en el noroeste

25 de enero. El Debate denunció que elementos de la Marina amenazaron a sus reporteros cuando cubrían un operativo en la colonia Jardines del Sol, en el municipio de Guasave, Sinaloa. De acuerdo con el rotativo, al percatarse de que los informadores tomaban fotografías, un grupo de marinos les apuntó sus armas, mientras uno de ellos les dijo: “Vale más que se vayan de aquí y si los vemos merodeando por los alrededores los vamos a levantar”. La SIP condenó las amenazas que imponen serias restricciones a la libertad de expresión

4 de febrero. Moisés Villeda Rodríguez, colaborador del diario El Mexicano y la estación radiofónica Activa 1420, solicitó asilo político en EU tras recibir diversas amenazas que atribuyó al gobierno estatal encabezado por César Duarte. En entrevista para El Diario de El Paso el comunicador dijo que desde el 4 de enero permanece en el centro de atención a migrantes de de Texas, en espera de respuesta a su solicitud de asilo. Indicó que a raíz de publicar una serie de trabajos sobre hechos de corrupción en el Banco Progreso y sus vínculos con el empresario Jaime Galván Guerrero, proveedor del gobierno del estado y acusado por fraude en EU, comenzaron las amenazas vía telefónica e Internet, y en una ocasión le dejaron un gato descuartizado con un mensaje intimidatorio.

6 de febrero. El diario Noreste informó que un guardia asignado a la seguridad personal del alcalde del municipio El Rosario, Sinaloa, amenazó al reportero que pretendía dar cobertura al encuentro entre el presidente municipal, Arturo Flores Guzmán, y representantes del sindicato del ayuntamiento. El escolta quitó al periodista su cámara, amagó con golpearlo y le dijo que “ya lo tenía entrado por varias cuentas pendientes”. El edil dijo que el policía “solo cumplía con su trabajo”.

26 de febrero. Varios hombres atacan con gas lacrimógeno al director del Expreso de Hermosillo, Luis Felipe Romandía, quien presenta la denuncia contra quien resulte responsable. Artículo 19 y el Foro Nacional de Periodistas y Comunicadores que demandan una investigación a fondo.

Región Centro: Acoso laboral y avisos estridentes

7 de enero. La reportera Arlette de la Torre interpuso una demanda laboral por despido injustificado de la revista Líder, en la ciudad de Puebla. De la Torre señaló que a raíz de notificar a su jefe inmediato, Martín Gutiérrez Salvatori, su estado de embarazo de alto riesgo, éste la acosó con sobrecarga de trabajo hasta despedirla en octubre de 2014. La publicación dirigida por Omar Alemán Chang ofreció reinstalarla como freelance a cambio de no presentar denuncia, no sin antes advertirle que de cualquier modo no prosperaría porque el director es “amigo” del alcalde poblano José Antonio Gali Fayad.

16 de enero. Yohali Reséndiz, reportera de Grupo Imagen Multimedia, denunció que recibió amenazas de muerte así como varios materiales de contenido misógino. La informadora lo atribuye a sus investigaciones sobre feminicidios y maltrato infantil en el Valle de México. Artículo 19 la respaldó para interponer la denuncia y el caso se encuentra en la FEADLE de la PGR.

10 de febrero. Jesús Esquivel, columnista de La Calle y otros diarios de circulación local en el Estado de México, denunció amenazas de muerte ante la Procuraduría y la Comisión de Derechos Humanos estatales. El informador denuncia hechos de inseguridad en diversos municipios del oriente mexiquense. Un grupo de reporteros de la región exigieron la intervención de las autoridades federales.

15 de febrero. Un centro de distribución de Reforma en Tlalnepantla, Estado de México, atacado a balazos. Un empleado resultó herido con un disparo en la cabeza. El diario había denunciado que policías de Naucalpan amenazaron a una reportera y un fotógrafo mientras documentaban diversas irregularidades en el emplacamiento de las patrullas de este ayuntamiento. El gobernador Eruviel Ávila ofreció que se investigaría el caso, sobre el cual se pronunciaron organizaciones como la CIDH y Reporteros Sin Fronteras.

25 de marzo. Reporteros de Reforma que documentaban el almacenamiento irregular de despensas en el Deportivo Peñoles, en la delegación Cuauhtémoc del DF, fueron golpeados y esposados por empleados y elementos de seguridad de la demarcación, para remitirlos al Ministerio Público acusados de allanamiento de propiedad privada, cuando el centro recreativo es un lugar público.

31 de marzo. La reportera Gabriela Cruz fue presentada ante el MP de la capital de Puebla, acusada de robo por los directivos del periódico Somos Noticia. La comunicadora declaró que el director Alejandro Olvera, la privó de su libertad en sus oficinas cuando ella le demandó su liquidación conforme a derecho luego de ser despedida injustificadamente. En redes sociales, reporteros de diversos medios poblanos se solidarizaron con ella y acusaron a Olvera de imponer un “terrorismo laboral”.

29 de abril. Luis Gerardo Hernández Valdenegro, agresor confeso de la reportera de El Heraldo de León, Karla Silva, dijo que fue el alcalde de Silao, Guanajuato, Enrique Benjamín Solís Arzola, quien ordenó la golpiza sufrida por la periodista el 4 de septiembre de 2014. Añadió que el director de Seguridad Pública de Silao, Nicasio Aguirre, fue quien lo contrató para atentar contra la periodista porque “les tiraba mucha tierra a los de arriba”.

El ciberespacio, territorio hostil para la prensa

Aunado a todo esto, cada vez son más frecuentes las campañas de odio en Internet contra los periodistas. Esta es una breve cronología:

10 de febrero. Carlos Loret de Mola critica en su columna al gobernador de Tamaulipas, Egidio Torre Cantú, ante la creciente ola de violencia en la entidad. A las pocas horas apareció en Twitter el hashtag #MientoComoLoret, que se convirtió en trending topic y desde el cual se lanzaron insultos y amenazas contra el periodista.

12 de febrero. En You Tube circuló el video “Operación Harakiri”, donde se asegura que son falsos los ataques cibernéticos que el portal Sin Embargo ha denunciado desde octubre de 2014 y que éstos eran autoinducidos por medio de “trolls”. También se afirma que trabajadores de este medio digital, estaban hartos de su periodismo carente de rigor, pero nunca se ofrecieron nombres ni pruebas.

16 de febrero. El director de SDP Noticias, Federico Arreola, informó que el portal fue “hackeado” por algunos días, según se lo reportó Rackspace, su proveedora de servicios. El periodista no descartó que el hecho esté asociado a su trabajo periodístico.

20 de febrero. La CNDH emitió medidas cautelares para proteger a la periodista Sanjuana Martínez, quien hizo públicos varios mensajes amenazantes que le fueron enviados a través de Twitter.

23 de febrero. La politóloga Denise Dresser difundió mensajes insultantes, e incluso amenazas de muerte que le enviaron por Twitter, luego de que a través de esa red social, la académica publicara una parodia de los Oscar, en la que alude al presidente Enrique Peña Nieto.

16 de marzo. Después de que el conductor de Noticias MVS, Ezra Shabot, opinara sobre el conflicto entre la
empresa de Joaquín Vargas y Carmen Aristegui, en la que sostuvo que él no considera que los nuevos lineamientos editoriales coarten la libertad de expresión, en redes sociales inició una campaña antisemita en su contra. Shabot lo denunció el 23 de marzo en un artículo “El odio”, en El Universal. En días posteriores, varios columnistas de la prensa nacional denunciaron este caso.

19 de abril. El portal Aristegui Noticias denunció dos ataques cibernéticos que lo dejaron inaccesible por 12 horas. Asegura que éstos se dieron poco antes de publicar el reportaje “Fueron los federales”, sobre la matanza de autodefensas en Apatzingán, Michoacán. El ataque se debió a una denegación de servicio que provocó la saturación del sitio. Agregó que otros medios como Proceso y Univisión, así como Artículo 19, difundirían también la investigación si el portal no pudiera restablecerse y anunció que presentará las denuncias correspondientes.

Un crimen más y otros atentados al cierre editorial

El 4 de mayo se informó que Antonio Saldaña Morales, reportero de la Ke Buena y colaborador de diarios como El Sol de Córdoba y La Crónica de Tierra Blanca, fue ejecutado de cuatro balazos en la cabeza. Según los primeros reportes de la Procuraduría de Justicia de Oaxaca, el cuerpo del periodista presentaba huellas de tortura y fue hallado en el municipio de Cosalapa, en la zona limítrofe con Veracruz. Saldaña había denunciado a grupos criminales que ordeñan ductos de Pemex.

El 4 de mayo, el presidente de la Federación Mexicana de Esgrima, Jorge Castro Rea, agredió verbalmente a la corresponsal de Proceso en Guanajuato, Verónica Espinosa, y ordenó que la sacaran por la fuerza de un acto público en donde la reportera buscaba entrevistar al directivo sobre varias denuncias de entrenadores y competidores de este deporte. Tres días después, Javier Cano Torres, conductor del programa Hora Cero de ABC Radio, fue secuestrado en la carretera Teloloapan-Iguala, Guerre-ro. Natividad Ambrosio, compañera de Cano Torres, dijo a Reporteros sin Fron-teras que habían sido amenazados por un hermano de José Luis Abarca, exalcalde de Iguala, actualmente preso. Ese mismo 7 de mayo, La Jornada Jalisco denunció una campaña de odio y amenazas en su contra a través de redes sociales por parte del candidato de MC, a la alcaldía de Guadalajara, Enrique Alfaro Ramírez, como respuesta a las críticas que el rotativo ha hecho a sus relaciones políticas y su desempeño en la campaña.

Enemigos de origen diverso

Los enemigos del periodismo en México tienen un origen diverso: autoridades municipales, estatales y federales; desde un empleado menor o un policía raso, hasta funcionarios de alto nivel. Pueden estar también en las propias empresas de comunicación, cuyos directivos toman decisiones controvertidas en aras de proteger sus intereses o de hacer valer su poder. Unos más se resguardan en la oscuridad y la ausencia del imperio de la ley para lanzar explosivas amenazas. Y muchos otros se escudan en el anonimato del espacio virtual para difamar y amedrentar. Todos ellos tienen el mismo objetivo: tratar de imponer silencio

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