Según lo que aquí he visto, es tan buena
la justicia, que es necesario que se use
aun entre los mesmos ladrones.
El grupo empresarial propietario del diario Reforma, o mejor dicho, este diario, derrotó al gobierno federal en unos cuantos días. El golpe final fue la resolución de la Sociedad Interamericana de Prensa (SIP) que demanda al gobierno de México la venta o disolución de la Agencia Notimex.
El mismo día que fue aprobada esa resolución a contrapelo de la mayoría de los editores y directores de diarios mexicanos, el subsecretario de Comunicación Social de la Secretaría de Gobernación, Javier Lozano, dio a conocer que "Notimex se abstendrá de participar en el mercado de la distribución de publicidad (pero) continuará abocada a su función informativa".
El tiro de gracia fue brutal: en primera plana Reforma publica que a las 14 horas el propio Lozano había declarado: "No modificaremos (el decreto) ni adoptaremos la propuesta de la SIP". Peor aún, Lozano habría dicho a esa misma hora que "aunque quisiéramos no se puede revisar (la disposición), porque violentaríamos el mandato de la Cámara de Diputados".
Esa lucha dejó abiertas muchas interrogantes. ¿Por qué Reforma reaccionó hasta el 13 de marzo, cuando el decreto que facultaba a Notimex para actuar como intermediario en la publicidad gubernamental fue publicado en el Diario Oficial de la Federación el 31 de enero anterior?
¿Por qué Reforma se ensañó con Notimex cuando la esencia del citado decreto es cumplir el mandato de la Cámara de Diputados para que la Secretaría de Gobernación centralice la autorización de los gastos del gobierno en comunicación social?
¿Por qué la intermediación de Notimex -que estaba sujeta a que fuese más competitiva que los intermediarios privados- irritó de esa manera al grupo empresarial?
¿Es Reforma sólo un diario o es parte de un consorcio de medios? ¿Actúa o no Reforma como intermediario para la publicidad que recibe un determinado número de diarios de provincia?
¿A quiénes beneficia, dentro y fuera del gobierno, dentro y fuera de la clase política, la eventual desaparición de Notimex?
¿A quién o a quiénes perjudica este escándalo con vistas a la recomposición del equipo de gobierno que tendrá lugar el próximo 1 de diciembre?
La función que atribuía a Notimex la disposición derogada, es ilícita y no hay un solo argumento jurídico que impida al gobierno racionalizar el uso de los recursos públicos para comunicación social.
¿Basta con que Reforma y Fox (no pierda usted de vista esta dupla) sospecharan que Notimex podría utilizar la publicidad oficial para favorecer a los candidatos del PRI, para organizar a un grupo de ex presidentes de la SIP en contra de la agencia de noticias de un gobierno?
Si Notimex debe desaparecer, ¿por qué deberían subsistir las agencias de noticias de Estados Unidos, que forman parte del espacio "interamericano" que cubre la SIP, o las de España, Reino Unido, Alemania y muchísimos países democráticos más?
Creo -sólo creo, porque no tengo pruebas- que este es un asunto de negocios, ambiciones y zancadillas políticas. Insisto en que el gobierno no sólo tiene el derecho sino el deber de utilizar los fondos de publicidad con racionalidad y honestidad. Es tan grave usar esos recursos para comprar lealtades personales, de camarilla o de partido, como renunciar a su racionalización bajo presión de intereses empresariales que se escudan en la libertad de prensa.
Diciembre 2008
