Esclarecer hechos, sano
La ciudadanía observa con preocupación los hechos ocurridos en torno de la familia del ex
presidente Carlos Salinas de Gortari, a raíz de las declaraciones que éste ha hecho a diversos medios con motivo de
la presentacisn de un libro de su autoría. La situación subió de tono luego de que se conoció la grabación de
una charla privada entre Raúl y Adriana, hermanos del ex mandatario. Aun cuando merced a ésta surgen
diversas dudas sobre la honorabilidad del ex jefe del Ejecutivo y se afirma la idea de que el preso en Almoloyita
cometió ilícitos al amparo del poder, es evidente que al grabar una conversación privada se está cometiendo un
delito, el cual debe ser investigado al igual que las imputaciones de Raúl a su hermano.
Bajo ningún punto de vista se justifica la comisión de un ilícito para obtener pruebas contra un indiciado
o un reo procesado. Es preciso ahora demostrar que la intervención telefónica en cuestión fue producto de
un mandato judicial. De no haber sido así, se estaría ante una violación a las garantías individuales de
los hermanos Salinas. Independientemente de los fines que se hayan buscado al hacer la grabación, no se
debe violentar el estado de derecho para procurar justicia. Esto obliga a las autoridades correspondientes
a investigar cómo se produjo esta grabación, a efecto de no desvirtuar el proceso que se le sigue a
Raúl Salinas por otros delitos, aparte de la sentencia que recibió como autor intelectual del homicidio de
José Francisco Ruiz Massieu.
Varios juristas coincidieron en que la intercepción telefónica invalida las palabras incriminatorias de Raúl
a su hermano el ex mandatario. No sería ese el caso si se demostrara que un juez autorizó esa acción
con algún propósito legal incontrovertible. Con todo, es evidente la necesidad de profundizar pesquisas en
torno a lo comentado por Raúl a su consanguínea, toda vez que se esta ante hechos que deterioran la imagen
de México en el extranjero debido a los personajes involucrados. Las autoridades no deben permitir que
este escándalo se siga magnificando, por las consecuencias para el país. La administración del presidente
Zedillo tiene todavía tiempo para investigar sobre los nexos del ex mandatario y su hermano Raúl, con respecto
al dinero ubicado en diversas cuentas bancarias del cual no se han dado explicaciones sobre cómo fue
adquirido.
Aun cuando el ex presidente Salinas tiene todo el derecho para publicar sus memorias, no lo tiene
para presionar al gobierno que una vez encabezó con propósitos aviesos. Es evidente que su rencor contra
su sucesor, por los motivos que sean, trasciende el marco de una rencilla entre particulares y afecta la
imagen de México. Es preciso actuar con base en la ley y deslindar responsabilidades tanto del ex presidente
como de su hermano Raúl en hechos que merecen ser investigados a fondo.
Este es un momento decisivo para enfrentar con firmeza las causas de la descomposicisn social
que lacera al país desde hace más de cuatro lustros. Es urgente cerrarle el paso a la impunidad, principal
caldo de cultivo de la corrupción y la inseguridad pública que tanto daño han hecho al tejido social del país.
El pueblo de México no debe seguir siendo rehén de grupos de interés que se disputan el poder con
métodos deleznables. Estamos a tiempo de enderezar el rumbo y garantizar un mejor futuro para todos.