Javier Tejado Dondé, abogado de Televisa y vicepresidente de la CIRT, mostró a mediados de mayo una inopinada preocupación por la radio pública y concesionada al asegurar: "El problema que tiene la radio es que la única opción que habrá es modificar la Constitución, sería la única vuelta jurídica, sino, la radio pública y concesionada estaría condenada a la muerte" (Reforma, 18/V/2007).

Esta postura es un giro de 180 grados respecto de lo que Tejado ha afirmado en los últimos años sobre los medios públicos. Por ejemplo cuando la Comisión Permanente planteaba tener una frecuencia de TV abierta para el Canal del Congreso, no dudó en calificarla: "Es un acto irresponsable que pone en duda la racionalidad del Congreso [...] Al final de los discursos, el contar con un canal de televisión abierta para el Congreso, increíblemente, se convirtió en la consolidación misma de la democracia en México [...] Todo ello, para manifestar la supuesta urgente necesidad que tenemos los mexicanos de ver su diario actuar legislativo". Y después, como vocero del pueblo de México señala: "Nadie quiere ver el Canal del Congreso" (Reforma, 3/II/2004).

Aparte de que, según él, nadie quiere ver a los medios públicos, éstos son favorecidos económicamente. Cuando se discutía el presupuesto para 2005, el abogado de Televisa escribió: "En donde se ven los favoritismos es en la asignación que se le da al Instituto Mexicano de la Radio, el IMER. Este tiene un presupuesto de 254 millones de pesos. Lo que para radio es una cantidad no menor, además de que cuenta también con algunas estaciones concesionadas que no deberían ser subsidiadas. [...] Además, valdría la pena recordar que el IMER tuvo la frivolidad de contratar consultorías, el año pasado, por más de 6 millones de pesos y que se niega a rendir cuentas de ellas" (Reforma, 21/IX/2004).

Y a propósito de los constantes y lamentables errores de la dirección anterior en el Imer, Tejado no perdió oportunidad para criticar el modelo de radio pública: "El IMER, antes pilar de los medios públicos en el País, ha caído en descrédito luego de que su directora fue nombrada exclusivamente por amistades oficiales.

"No en vano la productividad y creatividad también ha decaído. Y claro, ahora todo lo justifican en la falta de recursos, cuando la realidad es que cuentan con una enorme burocracia que no sabe hacer radio. El IMER tiene 730 empleados para operar 17 estaciones de radio, cuando otros grupos de radio -con el mismo número de estaciones- tienen apenas 320. [...] Sin embargo, los recursos asignados para este IMER no son escasos." (Reforma, 25/I/2005).

Meses después reiteró, siempre tomando como referencia los niveles de audiencia: "Pero nuestro País no es ajeno a esta dinámica de excesivo gasto público acompañado de programación mediática oficial con escasa audiencia. Por ejemplo, el Instituto Mexicano de la Radio, el IMER, para operar 17 estaciones de radio cuenta con 730 empleados y recibirá este año $251 millones de pesos. Como comparativo podemos señalar que, la empresa radiofónica privada, Sistema Radiopolis, que opera igual número de estaciones, tiene un presupuesto de apenas $92 millones y una planta laboral de 396 empleados. [...]

"Pero también están los casos de: Televisión Metropolitana, SA de CV, Canal 22, que a pesar de ser concesionada y por ende poder comercializar sus programas, recibirá este año un presupuesto de $308 millones de pesos; el Canal 11, que recibirá subsidios por $209.7 millones de pesos; y, Radio Educación, que increíblemente para una sola estación de radio le han asignado $50.6 millones de pesos. Y no es menor que, a pesar de las grandes inversiones realizadas, las mediciones de audiencias para los medios arriba señalados son escasas. Además, en todos los casos los medios públicos mexicanos cuentan porcentualmente con mucho menores audiencias que los medios estatales que se están reestructurando en países más desarrollados" (Reforma, 31/V/2005).

No cabe duda que Tejado es un hombre preocupado por cómo ejerce el gobierno su gasto, y así lo reiteró: "Por último, también en el V Informe, no hay mención alguna de la situación por la que atraviesan los medios públicos. Así, no hay rendición de cuentas claras [...]. De tal suerte que no sabemos qué hicieron con los $809 millones de pesos que recibieron en el 2005" (6/IX/2005). Sería bueno que esa preocupación también se expresara por el gasto publicitario del gobierno federal en radio y TV.

Las radios comunitarias -que solía calificar como piratas--tampoco han sido de su agrado. Sobre ellas ha sentenciado: "Focos rojos se están encendiendo entre los agremiados a la Cámara Nacional de la Industria de Radio y Televisión, Cirt, que preside Jorge Mendoza, en relación a las radios clandestinas. Esto pues a pesar de que la postura manejada por algunas radios clandestinas fue desechada en la Cumbre Mundial de la Sociedad de la Información, a finales de año en Suiza, en México continúan proliferando dado el doble discurso que manejan las dependencias oficiales." (Reforma, 2/III/2004).

Como auténtico vocero "de la industria" amagó: "Y la semana pasada el tema de la piratería fue también abordado por los integrantes de la Cámara [...]. Y es que se reportan plazas en donde ya hay un mayor número de radiodifusores piratas establecidos. Particularmente en los casos de Michoacán, Guerrero y Chiapas. Por lo que, entre empresarios, hay un descontento generalizado con las acciones que conjuntamente deberían realizar las Secretarías de Gobernación, de Comunicaciones y Transportes, y la Procuraduría General de la República. El daño patrimonial es para particulares, pero también para el Estado mexicano, por lo que no descarte la presentación de denuncias por responsabilidad administrativa en los siguientes días" (Reforma, 30/III/2004).

Y descalificó: "Los diputados del PRD llegaron al extremo de presentar un punto de acuerdo para que las autoridades federales [...] dejasen de 'perseguir' a las estaciones de radio y televisión que operan sin concesión o permiso. Por demás extraño que funcionarios públicos que juraron hacer valer las leyes [...] hagan una campaña en defensa de que no se aplique la ley. Increíble, pero cierto". (Reforma, 27/IV/2004).