Javier Tejado Dondé
Parece increíble, pero los resultados que están dejando los litigios en torno al sector de la radiodifusión y las telecomunicaciones están teniendo resultados distintos a los que sus promoventes hubieran deseado o siquiera pensado.
Para empezar en la LIX Legislatura, la fracción del PRD en la Cámara de Senadores -con contados senadores priistas y panistas- fue el grueso de los firmantes para promover la acción de inconstitucionalidad que sobre las leyes de radio y televisión emitió el Congreso de la Unión. En particular llama la atención que los propios ex senadores inconformes hayan demandado restar facultades a su propia Cámara. Con ello me refiero a que denunciaron como inconstitucional que el Senado (o sea ellos) tuviera facultades para aprobar o no los nombramientos de los comisionados de la Comisión Federal de Telecomunicaciones (Cofetel).
En este punto todo parece indicar que dados los vaivenes que ha dado la SCJN sobre las facultades del Senado (me refiero a la votación distinta entre las facultades ratificadas al Senado en el caso de Notimex, pero negadas en el caso de la Cofeco) se emitirá un fallo para que sólo el Presidente nombre a los reguladores de las telecomunicaciones y la radiodifusión.
Esto no es menor pues el Ejecutivo, contrario a tendencias internacionales, regresará a controlar de manera absoluta, sin contrapeso alguno, al regulador. Incluso anulando su independencia. Los ahora nombrados Comisionados escalonadamente irán dejando sus cargos, pero es probable que paulatinamente y a más tardar para el 2011 -unos meses antes de las elecciones presidenciales- la Presidencia controle directamente al regulador de la radio y la televisión.
Así el PRI y el PRD le habrán regresado al presidencialismo uno de sus instrumentos más socorridos para intentar influir el voto: los medios electrónicos. Las elecciones que están por acontecer en Yucatán es probable sean las primeras en que la SCT, como regulador de la radio y la televisión, no ha dado sugerencias de cobertura a efecto de inclinar la balanza a favor de partido o candidato. Práctica que en el priismo era muy socorrida y que incluso el Secretario Cerisola, con discreción, hizo en 2006.
Pero también los ex senadores quejosos, al criticar todos los artículos de las leyes aprobadas en un afán por ver "cual pega", han logrado convencer al Ministro Salvador Aguirre que la licitación pública no es el mecanismo idóneo para entregar nuevas concesiones de radio y televisión. Con lo que además se pierden cuantiosos recursos que el Estado mexicano puede utilizar en atención a rezagos de índole social. Tan sólo en las últimas 18 licitaciones que de espectro ha hecho la Cofetel se han recabado más de 20 mil millones de pesos.
Si en este punto logran convencer a 7 Ministros más de la Suprema Corte, pueden pasar dos cosas. Primero, al no haber un mecanismo transparente y claro para la entrega de concesiones estarían asegurando que el regulador no entregase nuevas frecuencias. Con lo que se incrementarían los 14 años que, por no contar con reglas claras, hasta ahora la autoridad no da concesiones. Privilegiando el estatus quo en los medios electrónicos que tanto decían combatir los ex senadores. Segundo, en un extremo podrían darle al Presidente de nueva cuenta facultades discrecionales para, como se hacía en antaño, premiar, por servicios prestados, a medios de comunicación y amistades. Lo que no encuentra lógica en el México democrático del siglo 21. Así, los quejosos -la mayoría de oposición- están recreando un régimen presidencial absoluto o, en su defecto, su estrategia inhibirá la entrega de nuevas concesiones ante la imposibilidad de hacerlo de forma discrecional.
Por su parte, el Senador Santiago Creel también ha estado involucrado en el asunto, a través de su asesor Pedro Nava Malagón, ex director de controversias constitucionales de la SCJN. Así a pesar de que la política del Presidente Calderón es la de la "triple c" -competencia, cobertura y convergencia- el proyecto del Ministro Aguirre, de ser aprobado, mataría no sólo la competencia (al poner en duda las licitaciones de espectro), sino que también acabaría con la convergencia pues la SCJN estaría dictando que a cada concesión dada no se le podrían aumentar otros servicios adicionales. Precedente que aplicaría tanto en radiodifusión como en telecomunicaciones, concluyendo una práctica que desde 1995 había fomentado la Ley de Telecomunicaciones. Así las mejoras por eficiencia en todas las redes de telecomunicaciones quedarían detenidas. Con ello la convergencia sólo existiría para los operadores actuales, a los que dado que no hay retroactividad la decisión no afectaría. Pero todos los operadores futuros estarían negados a convergir por el fallo de la SCJN o porque éste será utilizado por operadores para litigar a nuevos competidores fuera de la convergencia.
Iniciando así años de batallas legales en tribunales las cuales ni siquiera amainarían con nuevas leyes de radiodifusión o telecomunicaciones, dado la sentencia de la Corte y los precedentes que genera. Además de que en los hechos la Corte parece que pretende legislar con desconocimiento del desarrollo de las telecomunicaciones.
Dado lo arriba mencionado pareciera que los verdaderos privilegios al sector de la radio, la televisión y las telecomunicaciones no vienen en las leyes aprobadas, sino en los efectos de la impugnación presentada. Así que se vuelve realidad el refrán de que "nadie sabe para quién trabaja".
Cambiando de tema...
Continúa personal de Presidencia tomando áreas estratégicas de la SG. Primero fue la dirección de normatividad presupuestal para medios; ahora RTC dado el nombramiento de Irma González Luna. Las credenciales de la funcionaria son de primera, quién sustituye a un serio académico y dedicado funcionario Eduardo Garzón.
