Gabriel Sosa Plata
La Suprema Corte puso sobre la mesa un tema fundamental de la radio y la televisión: el refrendo de concesiones. Algunos medios de comunicación se han encargado de generar una serie de especulaciones sobre el futuro de la radiodifusión comercial, de la llamada "seguridad jurídica" y de temas afines, pero habrá que esperar todavía unos días para conocer los alcances y consecuencias de la resolución de los ministros en torno de la acción de inconstitucionalidad presentada en contra de la denominada ley Televisa.
Mientras ello ocurre, me parece pertinente hacer algunos comentarios sobre el tema. El refrendo o renovación de concesiones siempre ha existido en la historia de la radiodifusión. Antes, durante y después de la consolidación del sistema presidencialista y del partido único, las concesiones fueron refrendadas una y otra vez.
El llamado gobierno de la alternancia también las refrendó, como antaño, sin problema alguno, y en el caso de la televisión, obsequiosamente lo hizo hasta el año 2021 bajo el pretexto de la digitalización. En ningún otro país se ha llevado a cabo una prórroga adelantada y por tal cantidad de años (17, ni más ni menos) de concesiones de televisión como la ocurrida en México.
De igual manera, a ningún concesionario se le ha negado el refrendo, pero tampoco se le ha quitado ninguna concesión. En más de 85 años, sólo una concesión ha sido expropiada (figura que existía en la legislación de entonces): la de la XERA, de Ciudad Acuña, en 1941, por una serie de violaciones a la ley que iban desde interferencias a emisoras estadounidenses hasta la difusión de productos y curas milagrosas (como los que hoy saturan a la radio de AM). Esta historia, por cierto, está ampliamente documentada en libros como La guerra de las ondas, de José Luis Ortiz Garza.
Los radiodifusores siempre han gozado de "seguridad jurídica". Lo que hoy es Televisa, Radiorama, Grupo Radio Centro y muchas empresas consolidadas, exitosas, oligopólicas del sector de la radiodifusión, no hubieran llegado a esa posición sin la renovación de las concesiones que hoy integran esas organizaciones empresariales y que obtuvieron, en casi todos los casos, bajo el manto de la discrecionalidad -hoy tan cuestionado por ellos mismos- del presidente en turno.
Las emisoras de radio y televisión mexicanas se han operado tradicionalmente como negocios familiares. De esta manera, las concesiones han pasado de los padres, concesionarios originales, a los hijos, y de éstos a los nietos. También algunos movimientos se han dado entre sobrinos, tíos, cuñados y demás.
Actualmente, son las terceras y cuartas generaciones de radiodifusores las que gracias a los refrendos y a la figura del traspaso han podido usufructuar por décadas centenas de concesiones de radio y televisión, sin que nadie los haya molestado.
Ser concesionario en México es un privilegio no sólo por la oportunidad de llevar a cabo una función social indiscutible, plasmada en los principios de la legislación y en los títulos de concesión, sino también porque explotando frecuencias concesionadas por el Estado, se generan fuentes de empleo y se contribuye al desarrollo económico de las regiones a las que sirve.
Por razones de suerte, por ser amigos de algún funcionario, por ser ex funcionario, por ampararse frente a un competidor que había sido beneficiado por una concesión o bien por ganarla limpiamente en un concurso que siempre dio lugar a la especulación, varias decenas o centenas de personas se convirtieron en radiodifusores.
Y para muchos esa actividad se ha convertido en un buen negocio y en una fuente de ingresos importantes que los coloca en una posición de privilegio. Gracias a las bondades de la radiodifusión, muchos de esos concesionarios crecieron en el sector con más concesiones o bien incursionaron en nuevos negocios dentro o fuera del sector medios de comunicación.
Un radiodifusor decía no hace mucho tiempo que, pese a las crisis económicas, a la situación de las AM, a la competencia y otros hechos que han afectado las audiencias e ingresos de los empresarios radiofónicos, no conocía a un concesionario pobre. Y tenía razón.
La nobleza de la radio y de la televisión es enorme. Millones de personas ya quisieran tener el nivel de vida que hoy tienen los radiodifusores en México.
Si bien muchos de estos radiodifusores son empresarios comprometidos con el país, con la sociedad, también hay muchos otros que han encontrado en el medio una mina de oro, sin realizar grandes esfuerzos, sólo el haber tenido la suerte de convertirse en concesionario y gozar de los refrendos de esa concesión una y otra vez.
Muchos radiodifusores viven literalmente de sus rentas. Es decir, rentan sus equipos y sus instalaciones para que otro empresario, generalmente accionista o dueño de un grupo radiofónico, se los administre, comercialice y opere. Y así, sin hacer prácticamente nada, muchos de esos concesionarios disfrutan de un ingreso mensual, quincenal o semestral, como quien alquila un vehículo. Esto es una distorsión del modelo de radiodifusión ya que el Estado otorga a una persona física o moral una concesión para operar una frecuencia del espectro radioeléctrico, pero aquélla decide que sea otro el encargado de su operación.
Por esas rentas, hay radiodifusores formales que reciben mucho dinero. Baste ver los estados financieros de Grupo Radio Centro para conocer lo que, por ejemplo, le reditúa al concesionario de la XHFO-FM (Universal Stereo), Javier Sánchez Campuzano, también presidente de Grupo Siete, la renta de su emisora a la empresa de la familia Aguirre. ¿Cuántas decenas o cientos de emisoras se manejan bajo el mismo esquema? No lo sabemos, pero es una práctica común, sobre todo en el medio radiofónico.
Por eso es que, en efecto, en la radio no hay, como sucede en la televisión, grandes problemas de concentración porque en los listados oficiales aparecen muchos concesionarios, pero en realidad muchos de ellos son sólo de nombre ya que la operación real de sus emisoras está en manos de muy pocas organizaciones radiofónicas.
Pese a eso y pese a que no pocos radiodifusores han estado o están dentro de las causales para proceder a la revocación de sus concesiones, muy pocos desean que exista inseguridad jurídica en la radio y la televisión. Tampoco se desea que ni a Televisa, ni a Televisión Azteca, ni a Radiorama, ni a Grupo Acir, ni a ningún otro empresario del sector se le quiten o se les dejen de refrendar sus concesiones, siempre y cuando cumplan la legislación vigente.
Por supuesto los ministros no pondrán en riesgo el futuro de la radiodifusión. Sería ingenuo pensarlo. Se trata más bien de una oportunidad para arreglar lo que descompuso la ley Televisa y establecer criterios definidos, equitativos tanto en radiodifusión como en telecomunicaciones, para llevar a cabo con transparencia los procedimientos jurídico-administrativos relacionados con los refrendos.
Diciembre 2008
