Gabriel Sosa Plata
Muchas coincidencias, pero también contrastes en materia de regulación de medios en países de Centro y Sudamérica
Montevideo.— Mientras en México se refrendan más de 100 concesiones de radio sin apegarse a los criterios de Corte, en Brasil 36 de las 40 emisoras radiofónicas de Sao Paolo operan con licencias vencidas desde hace varios años, sin que la autoridad ni los empresarios del medio tengan mucho interés en regularizar la situación.
También en Brasil tienen su órgano regulador: la Agencia de Telecomunicaciones, pero éste, como en nuestro país, dicen que ha sido capturado por los regulados. Lo mismo sucede con el Ministerio de Comunicaciones. Integrantes de la agencia y el ministro del ramo, Helio Costa, han trabajado para las empresas que ahora regulan. Costa, por ejemplo, laboró unos 20 años para O’Globo y por si fuera poco es socio de la radiodifusora FM ABC de Barbacena. El conflicto de intereses ha sido denunciado desde que Costa era senador, pero el gobierno de Lula da Silva prefiere evitar el disgusto del principal conglomerado de medios… como en México.
En Argentina, el poderoso Grupo Clarín se expande, como Televisa, en las telecomunicaciones. Hace menos de dos años adquirió Cablevisión para conformar, según sus propias palabras, “el primer sistema regional de televisión por cable y la primera red nacional privada alternativa para la prestación de servicios de valor agregado, como internet y la banda ancha”. Esto fue posible porque Clarín ya poseía Multicanal, el principal competidor de Cablevisión. La empresa multimedia, ya dominante en televisión abierta y en otros medios, ahora lo es en la televisión de paga, sin que el órgano antimonopolio haga gran cosa para impedirlo, como en México.
En aquel país, como en México, Grupo Clarín pudo también lograr que se publicara una legislación favorable a sus intereses. La ley 25750, de julio de 2003, sobre Preservación de Bienes y Patrimonios Culturales, evitó que las empresas extranjeras reclamaran más de 30% de alguna de las empresas del grupo, luego de que éste entró en una grave crisis de pago con sus acreedores. Esa reforma es conocida como la “ley Clarín”; en México tuvimos la “ley Televisa”.
También en Argentina, el gobierno de Cristina Kirchner convocó a los diferentes sectores de la sociedad para actualizar la ley de radio y tv, promulgada durante la última dictadura militar. Este año, entre abril y mayo, se celebraron las audiencias para recabar propuestas. Todo se desarrollaba bien pero, como en México, hubo otro tema que se colocó en la agenda: el conflicto por las retenciones a la agroexportación. Ahora, como en nuestro país, se exige la necesidad de retomar el proyecto, pero el gobierno ya no muestra el mismo interés, se dice que por presión de las principales firmas de televisión y telecomunicaciones.
En Uruguay se aprobó en diciembre de 2007 la Ley de Radiodifusión Comunitaria, cuya relevancia es que no sólo reconoce a este tipo de radiodifusión, sino que reserva una tercera parte del espectro para su desarrollo. En México, la radio comunitaria no existe en la legislación. Como consecuencia de la entrada en vigor de la nueva ley, en Uruguay se formó, en junio, el Consejo Honorario de Radiodifusión Comunitaria con representantes de los ministerios de Industria y de de Educación y Cultura, de la Universidad de la República, de las universidades privadas y de diversas asociaciones. Lo interesante del asunto es que ahora los empresarios del sector reclaman un espacio en el consejo.
En Perú, se generó en noviembre de 2007 un intenso debate nacional porque Radio Cutivalú, emisora educativa de Piura, se negó a transmitir un comunicado pagado por el gobierno (allá no existen los “tiempos oficiales”, como en México). A la radiodifusora se le acusó de afectar la libertad de expresión. En México, una empresa de televisión se negó a transmitir los spots de los partidos políticos, pese a que la ley la obligaba. Sin embargo, la discusión giró en torno de la libertad de empresa y la afectación de espacios comerciales.
La libertad de expresión no sólo se relaciona con la agresión a periodistas o la censura gubernamental, sino también con el otorgamiento, refrendo y operación de concesiones de radio y televisión, como se aprecia en los casos anteriores. Este tema, aunado a la relación medios-poder y al establecimiento de políticas públicas sobre el sector, forma parte de una amplia investigación regional en la que participan especialistas de Argentina, Bolivia, Brasil, Chile, Perú, Uruguay y México, reunidos en la ciudad de Montevideo. Los resultados de este estudio serán dados a conocer este fin de año.
Cadena 3: agradecimientos
El pasado 24 de junio me referí en este espacio al proceso de venta del Canal 28 y al nacimiento de Cadena 3. La respuesta institucional del Grupo Imagen, particularmente en el diario Excélsior y en cartas enviadas a El Universal, fue más allá de las aclaraciones y fue pródiga en calificativos hacia mi persona.
Muy reconocidos periodistas y académicos universitarios escribieron en las semanas siguientes sobre el tema y manifestaron de manera pública su solidaridad al trabajo que hacemos en este espacio. En correspondencia, agradezco públicamente a Raúl Trejo Delarbre, de La Crónica; Florence Toussaint, de Proceso; Fernando Mejía Barquera, de Milenio Diario; Jorge Meléndez, de El Universal; Omar Raúl Martínez, de Revista Mexicana de Comunicación y de la Fundación Manuel Buendía, así como a Carlos Padilla, de la revista Zócalo, sus expresiones de apoyo, así como a colegas, amigos y lectores que lo hicieron por correo electrónico.
Diciembre 2008
