La subasta no será el criterio determinante en el otorgamiento de concesiones de radio y TV. Así lo decidió la Suprema Corte de Justicia al votar por unanimidad la inconstitucionalidad del artículo 17-G de la Ley Federal de Radio y Televisión, en su porción normativa que se refiere a "la licitación a través de subasta pública".

La discusión sobre este precepto, que comenzó ayer, se caracterizó por el hecho de que, aunque el pleno de la SCJN se mostró desde un principio por la invalidez de la "licitación a través de subasta pública" prevista en la LFRT, no fue fácil que los ministros llegaran a un acuerdo respecto a los motivos que sustentan la inconstitucionalidad del artículo 17-G. De tal manera que las intenciones del pleno se dividieron entre dar mayor peso a la libertad de expresión o privilegiar el fundamento antimonopólico, para declarar la inconstitucionalidad del precepto.

Durante la discusión que tuvo lugar el día de hoy, Sergio Valls manifestó que no le parecía evidente la intención de los legisladores por dar preponderancia al criterio económico, no obstante se pronunció por la inconstitucionalidad debido a que "frente a la falta de precisión en los alcances del proyecto puede provocar eventualmente que se cometan prácticas de concentración". Por su parte, el ministro Juan Silva Meza refirió que "privilegiar el poder económico como factor se afecta a los principios fundamentales de la Constitución".

Olga Sánchez Cordero profundizó en la reflexión al afirmar que "el argumento especializado en este caso concreto es precisamente el fundamento antimonopólico (…) la subasta es un mecanismo que favorece la existencia de concentraciones por las razones que bien apunta el proyecto (…) no son iguales los intereses de las empresas que manejan los medios de comunicación y los de los profesionales de la comunicación. Las empresas siempre intentan maximizar sus utilidades, esa es su finalidad, en cambio los profesionales de la información persiguen fines diversos, buscan precisamente un foro de expresión".

Y añadió que "en este sentido la circunstancia de que los medios de comunicación estén concentrados en pocas manos distorsiona el derecho a la información porque permite a quienes tienen el control de esos medios manipular y moldear la opinión pública en función de sus intereses e impedir que el público pueda contribuir de manera significativa al debate político".

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