Raymundo Riva Palacio
Los empresarios se quejan de que la televisión difunde muchos programas que degradan a
la sociedad, pero uno se pregunta, ¿cuándo fue la última vez que patrocinaron un programa cultural?
La Asociación A Favor de lo Mejor no escatima recursos. En lo que su director, Francisco
González Garza, describe como un "observador público" de los medios de comunicación, el organismo
privado tiene 80 monitores que vigilan como Gran Hermano toda la programación de la televisión, y
15 especialistas en análisis de contenido quienes les colocan colores a los programas: verde, para lo
que cae en buen grado de calidad; amarillo, para lo que consideran "un asunto de preocupación"; y
rojo para todo aquello que resulta "inconveniente y preocupante".
De esta manera, tienen pintado de rojo a toda la barra televisiva de 10 a 10 y media de la
noche, como también a programas como Big
Brother, La Oreja y Sex and the City
por cierto, una de las series estadounidenses de mayor éxito en ese país y el mundo. A punto de llegar al rojo tienen la
historieta de Los Simpson, que se ubica en la frontera del amarillo, color que comparte con todas las
películas del cine mexicano, todos los noticieros, las principales telenovelas y
Ventaneando.
En su página de internet (www.iccm.com.mx ) establecen que no pretenden establecer juicios
de aprobación o descalificación, sino servir de mera información para el teleauditorio a fin de que
tengan elementos para tomar una decisión sobre verlos o cambiar de canal. Cuidadosamente redactado,
el texto de presentación aclara que no debe ser interpretado como un acto de censura. A Favor de
los Mejor subraya, en cambio, su intención altruista.
En el pasado, sin embargo, empresarios vinculados a la organización amenazaron con retirar
la publicidad de programas y noticieros en el caso del Canal 40 lo cumplieron por una denuncia
contra el fundador de Los Legionarios de Cristo, con el propósito de modificar programas o contenidos.
Hoy, de acuerdo con fuentes de la industria, hay una mayor sutileza. No son explícitos en las amenazas
o las presiones, pero dejan sentir implícitamente lo que hay detrás de sus preocupaciones. Esas
actitudes han coincidido con la cancelación del popular programa
Toma Libre que conducía Facundo, y
con prohibiciones expresas a decir ciertas palabras para los integrantes de
La Academia.
A Favor de lo Mejor se ha convertido, en el mejor de los casos, en un guardián de las
buenas costumbres, reflejando, como suele suceder, las tensiones en la sociedad. La pregunta pertinente
que tiene que hacerse es quién decide qué se lee, qué se escucha y qué se ve. Son muchos los actores
que desean asumir la decisión: el gobierno, la Iglesia católica o los grupos de presión, por mencionar a
los principales. Luchan incluso entre ellos, coincidiendo en ocasiones o discrepando en otras. Hace
buen tiempo había un choque entre el gobierno y la Iglesia y los grupos de presión cercanos a ella.
Hace poco se daba una coincidencia que el gobierno manejaba con discreción. En la actualidad,
como declaró la semana pasada Alejandro García Centeno, director de Contenidos de la Dirección de
Radio, Televisión y Cinematografía de la Secretaría de Gobernación, coinciden y avalan.
No se necesita declarar abiertamente la temporada de censura para caminar por ese sendero.
La censura empieza cuando un árbitro autodesignado de la moral pública, citando siempre el
bien común, busca imponer su visión del mundo sobre los otros. Esta práctica comenzó en el año 443
antes de Cristo, cuando la Comitia Centuriata, uno de los órganos de gobierno del viejo Estado
romano, estableció la oficina del censor. Originalmente se encargaba de realizar el censo para fines
fiscales, electorales y militares, pero su poder fue creciendo gradualmente hasta llegar a convertirse en
el árbitro de los comportamientos y de la moral.
En A Favor de lo Mejor hay un tufo autoritario de censura. Es posible que sus miembros, o
cuando menos la mayoría de sus miembros o sus padrinos, ni siquiera se planteen este dilema, pues
transfieren su juicio y sentido común a vulnerar la libertad de expresión. Aunque sostienen lo contrario, la
simple difusión de sus calificaciones inducen coacción de libertades. Ese tipo de organizaciones
presionan para alertar sobre contenidos y se asumen como portadores de la verdad absoluta. Pero
objetivamente hablando, ¿quién define lo que es moral y lo que no lo es?
La ola conservadora no nos deja. En ocasiones nos da un descanso, pero luego vuelve a atacar.
Si uno analiza por juicio, gusto o estética, hay programas en los que se puede coincidir en la calidad
con las mediciones de A Favor de lo Mejor. Pero éstas no pueden ser tomadas sobre la base de la
moral porque el argumento ético-religioso que esa palabra implica sólo polariza a sociedades.
Lo que para uno es correcto, para otro puede ser absolutamente incorrecto. La ética que
significa lo mismo que moral pero sin la inclinación cultural religiosa es un conjunto de valores que pesa
sobre un individuo en función de su entorno, educación, cultura y referentes. No es una ciencia exacta
que sea igual para todos, sino es diferente para todos, y hablar en nombre de las buenas conciencias y
la buena moral nos remite, como sociedad, a un oscurantismo con máscara de modernidad. A Favor
de lo Mejor equivocó el camino.
Si la televisión tiene una programación deficiente, con programas de bajo nivel cultural que
no contribuyen al elevamiento de los niveles educativos, en buena parte es la actitud de los
propios empresarios y anunciantes que intermitentemente gritan contra la degradación en la calidad de
la programación. La mayoría de los programas de los que ahora se quejan tienen el rating que atrae
su publicidad. Los programas culturales o aquellos que nutren el conocimiento murieron de
inanición publicitaria. Los empresarios no apuestan por los mejores niveles culturales, sino por sus utilidades.
En la reorientación de sus presupuestos y la apuesta por programas de calidad está una
solución a sus preocupaciones, no en actitudes hipócritas y moralinas que de cuando en cuando enarbolan
y mantienen hasta que vuelven a necesitar vender sus productos a la masa. Sería sobre ellos una
mejor medición de su compromiso con la calidad y la educación. Es su comportamiento, no los
contenidos ni la libertad de expresión, lo que debe revisarse.
