Ricardo Raphael
Es muy probable que el ´affaire´ Televisa vaya a quedar inscrito como uno de los episodios más interesantes en la historia mexicana contemporánea.
Puso en situación de alto voltaje varios de los centros nerviosos del sistema de poder que hemos venido construyendo en nuestro país.
No hay manera de verle con simplismo. Desde el momento en que las reformas a las leyes de telecomunicaciones, y de radio y televisión, se aprobaran apresuradamente en la Cámara Baja, hasta la semana pasada cuando la Suprema Corte de Justicia de la Nación declaró como inconstitucionales algunos de sus preceptos más relevantes, transcurrieron casi 20 meses de intensos y peculiares debates.
Si bien es cierto que este episodio está lejos de llegar a una conclusión, también lo es que ahora se abre un remanso de unos cuantos meses para celebrar un reposado y sincero corte de caja sobre lo sucedido. Tiempo para tomar conciencia a propósito de lo valioso y también de lo inútil que hasta ahora ha dejado esta experiencia.
En las líneas que siguen se exponen algunos elementos que servirían para caracterizar la deliberación pública que se ha tenido a propósito de este tema. El único objetivo de este esfuerzo es señalar aquellos rasgos de una discusión que, de tomarse en cuenta, podrían eventualmente modificar los términos de referencia para el debate por venir:
Primero, la concentración de los medios de comunicación se ha revelado como dañina para la nueva pluralidad electoral y democrática. Este affaire desnudó la dependencia que, en estos tiempos, sostienen los políticos con respecto a las pocas televisoras. Y derivado de esta situación, también se exhibió el inmenso peso que tales empresas tienen sobre el estrenado sistema de poderes.
Segundo, con este expediente se evidenció que algo anda mal en la manera en cómo se cocinan las leyes; mostró la negligencia de algunos legisladores con respecto a su responsabilidad, y los turbios compromisos a los que otros responden. Se hizo patente la forma en que los procesos de deliberación legislativa suelen ser manipulados.
Tercero, el affaire expuso el débil papel que la opinión pública puede jugar cuando el Presidente, los candidatos, los dirigentes de partido y los parlamentarios se cierran a escuchar otras voces. Por más desplegados que se firmaron, por más audiencias públicas realizadas, por más primeras planas en los periódicos, en su día, los representantes populares tomaron la decisión de no moverle ni una coma al proyecto de reformas que elaboraran las televisoras.
Cierto es que los legisladores se dieron tiempo para escuchar a más de 150 voces disidentes con aquél proyecto de reformas, pero también lo es que, cuando llegó la hora de votar, demostraron que aquellas quejas y propuestas les tenían muy sin cuidado.
Cuarto, buena parte de esta discusión se libró desde el terreno de las descalificaciones personales. Desde el principio, no fueron las críticas a la pieza legislativa (positivas o negativas), las que ocuparon el centro del debate sino los argumentos en contra de las personas que les promovían. Rápidamente se juzgó como radicales a quienes se opusieron, y también como arrogantes y abusivos a quienes les hicieron avanzar.
Durante el proceso legislativo, no fueron relevantes las razones expuestas por las partes, sino los intereses que de un lado y otro se les adjudicaban. En el debate público, el extremo de este síntoma ocurrió cuando las televisoras utilizaron su pantalla para señalar como corruptos, incongruentes y mal nacidos a quienes promovieron la acción de inconstitucionalidad ante la SCJN.
Quinto, las diferentes partes no supieron mantener un diálogo respetuoso. Las filias y fobias tuvieron mucho más peso que las razones y los razonamientos. Precisamente por ello fue imposible analizar cada tema por sus propios y muy particulares méritos. Unos a otros se arrojaron a la cara su respectivo escepticismo, que en muchas ocasiones se convirtió en franco desprecio.
Sexto, varios fueron los medios de comunicación que tomaron la decisión deliberada de sesgar el debate. Operaron de tal manera que sólo sus intereses estuvieran protegidos, escondieron información y también le tergiversaron y, en el extremo, utilizaron sus espacios editoriales para cargar las tintas de un lado.
Séptimo, el jefe del Ejecutivo dejó que todos los costos políticos de una reforma tan importante fueran pagados por el Congreso. Con lujo de cinismo, se escondió tras sus operadores políticos y también detrás de sus aliados para evitar reclamos posteriores. Lo mismo hicieron la mayoría de los candidatos presidenciales, quienes tenían como único interés asegurar los votos que las televisoras, a través de sus favores, pudieran ofrecerles.
Octavo, la minoría de senadores que perdió el debate logró, sin embargo, mantenerse en su voluntad opositora y llevó el asunto hasta la Suprema Corte. Prepararon a conciencia el recurso de inconstitucionalidad, presentaron el tema en términos estrictamente jurídicos, ofrecieron pruebas y documentos técnicos muy sólidos y, finalmente, convencieron a los ministros de la pertinencia de sus argumentos.
Noveno, con esta acción de inconstitucionalidad quedó claro que los dispositivos institucionales del nuevo sistema judicial sirven para equilibrar los abusos de poder. Para bien o para mal, demostraron su eficacia y que las cosas han cambiado a tal punto, que hoy no hay un solo actor (ni el Presidente, ni los partidos, ni los legisladores, ni las empresas) que las traiga todas consigo. La concentración del poder que experimentó México durante el siglo XX, ha quedado desplazada por la intensa distribución de las facultades manifiesta en estos tiempos.
Décimo, gracias al contrastante tono argumentativo y a las institucionales formas de deliberación que los ministros de la SCJN utilizaron para abordar este polarizante expediente, ahora contamos con una oportunidad valiosa para cambiar los términos del debate. Los ministros ofrecieron un formidable ejercicio pedagógico sobre lo que se requiere para tratar positivamente los asuntos difíciles.
Nada sería más deseable que las partes en conflicto, y los partidos y sus representantes, tomasen nota sobre de la seriedad republicana con la que el Poder Judicial abordó el affaire Televisa. Una continuación de ese talante inteligente produciría seguramente resultados provechosos.
Diciembre 2008
