Miguel Ángel Granados Chapa
Dos antiguas integrantes de la Comisión Federal de Telecomunicaciones, que en congruencia con sus convicciones criticaron la reforma y renunciaron a su cargo, ofrecieron al tribunal constitucional, como "amicus curiae", razones que reforzaron las de la minoría senatorial que impugnó la Ley Televisa
Aun antes de que concluya en la Suprema Corte el debate sobre la reforma a las leyes de telecomunicaciones y de radio y televisión, por sus varias significaciones conviene reparar en la única votación unánime (así sea de carácter preliminar) producida hasta ahora en la discusión del proyecto de sentencia preparado por el ministro Sergio Salvador Aguirre Anguiano, votación a la que él mismo se sumó en contra de su posición original, y que implica una suerte de reivindicación de cuatro antiguos miembros de la Comisión Federal de Telecomunicaciones.
En noviembre de 2005 formaban parte del pleno de la Cofetel, en ese momento autoridad reguladora sólo de las telecomunicaciones, Jorge Arredondo, que la presidía, Clara Luz Álvarez González de Castilla, Salma Jalife y Abel Hibert. Puesto que realizaban con solvencia y probidad sus labores, en función del interés general, la mezquindad que presidió la elaboración de la iniciativa de lo que la voz popular llamaría la Ley Televisa, decidió dejarlos al margen. Era claro que interesaba a los verdaderos autores y beneficiarios de la reforma integrar un órgano de autoridad que les sirviera, un regulador sometido a los regulados. Así, los cuatro comisionados en funciones significarían un estorbo, del que lograron deshacerse.
En el último párrafo del artículo segundo transitorio de la reforma a la ley de telecomunicaciones, los autores y beneficiarios de ese paso legislativo expusieron su decisión de no correr el riesgo de que la Cofetel, que al ser aprobada la reforma sería también autoridad de radio y televisión, contara con miembros insobornables y probos: "No serán elegibles para ser comisionados o presidente de la Comisión, las personas que ocupen dichos cargos a la entrada en vigor del presente decreto, por lo que hace a la primera designación de los comisionados y del presidente de la comisión".
Después de la apresurada, aberrante y nunca explicada aprobación de la iniciativa en la Cámara de Diputados, los comisionados en funciones expresaron su oposición a la norma en ciernes. Ostensiblemente no aspiraban a ser considerados en la integración de la nueva Cofetel, como hubiera sido deseable para conservar la experiencia de la época que llegaba a su fin. De haber pretendido ser elegibles, hubieran renunciado antes de que concluyera la reforma y entrara en vigor. En vez de eso resolvieron dar fuerza a su crítica a la minuta surgida de San Lázaro desde su posición de comisionados. El presidente Arredondo acudió al Senado el 22 de febrero del año pasado para desmentir que la reforma significara un avance y descreer de que lograra sus objetivos. "Por lo contrario, representa un retroceso".
El 15 de marzo los comisionados fueron más allá. Tal como lo hicieron ciudadanos y agrupaciones civiles, y órganos de autoridad como la Comisión Federal de Competencia económica y el IFE, el pleno de la Cofetel presentó a los senadores, formalmente, su opinión sobre la reforma en trance de aprobación. Al cabo de un documento prolijo (extenso y aliñado) los miembros de la Cofetel criticaron la reforma de modo tal que desnudaron su verdadero sentido. Dijeron en efecto que la reforma "no asegura al regulador el ejercicio de la rectoría del Estado, para planear una eficiente y eficaz administración del espectro a corto, mediano y largo plazo... porque lejos de (darle, al espectro) el trato de un recurso escaso cuyos usos deben ser programados y administrados por el Estado, el artículo 28... convierte al espectro en un recurso cuya disposición es determinada por las peticiones que hace el sector de radiodifusores. La autoridad no podría garantizar el uso eficiente del espectro conforme a ese esquema en beneficio del interés público, por encima de los intereses particulares".
Esta semana ese artículo de la ley de radio y televisión será muy probablemente invalidado por anticonstitucional, pues así lo propone el proyecto del ministro Aguirre Anguiano. Pero en marzo del año pasado ésa y otras observaciones de los comisionados fueron soslayadas por los senadores de la mayoría, ansiosos de aprobar la minuta "sin tocarle una coma". Lo consiguieron el 31 de marzo. Y no obstante una pertinente moción en contra formulada por el secretario de Comunicaciones y Transportes (que el Presidente no leyó siquiera o desatendió) la reforma fue publicada el martes 11 de abril y entró en vigor al día siguiente. En ese mismo miércoles los cuatro comisionados renunciaron a sus cargos. "Después de catorce años, consideré que era prudente mi renuncia debido a que (la reforma) no se vetó ni se consideraron inconstitucionales algunos artículos", explicó la ingeniera Jalife.
Al menos ella y la doctora Álvarez González de Castilla no se desentendieron del tema. El 22 de agosto de 2006 ambas presentaron a la Corte, en condiciones de "amicus curiae", una sólida argumentación sobre la inconstitucionalidad de varios aspectos de la reforma. Elegantes, no incluyeron en su texto referencia a su propio caso. Pero de todas maneras lo abordó el tribunal constitucional el lunes pasado. El ponente Aguirre Anguiano, que en su proyecto no consideraba inconstitucional la discriminación a los comisionados, se rindió ante los alegatos que la juzgaban violatoria de la igualdad y la libertad de trabajo y sumó el suyo a los ocho votos que en tal sentido expresarían sus compañeros.
De esa manera, los comisionados que ejercieron su dignidad y fueron considerados inelegibles son hoy lo contrario.
Cajón de Sastre
Cuando Felipe Calderón, Juan Camilo Mouriño y su grupo más cercano decidan si es Germán Martínez o es César Nava quien busque la presidencia del Partido Acción nacional -que a la luz de los resultados de la Asamblea de León cualquiera de los dos tiene asegurada-, el secretario de la Función Pública o el secretario privado de la Presidencia deberán dejar su cargo, para que en marzo siguiente no transiten desde esos espacios cercanísimos al Ejecutivo hacia el liderazgo panista. Ciertamente es la identificación de uno y otro con Calderón lo que explicará su elección, pero ha de cuidarse de que de la agria distancia del jefe nacional panista, que es la situación de Manuel Espino, se pase a la plena dependencia, como si el dirigente del partido fuera empleado de Los Pinos.
Diciembre 2008
