Otto Granados Roldán
A finales de abril, Marta Sahagún, esposa del Presidente de la República, demandó por la vía civil a la periodista argentina Olga Wornat y a la empresa Comunicación e Información, S.A. de C.V., editora del semanario Proceso, por el delito de "daño moral" -contenido en el Código Civil del Distrito Federal, por una nota en la que reportera y revista dan cuenta del procedimiento de anulación del matrimonio religioso de la actual primera dama.
Además de la respuesta judicial que los demandados han formulado ante la autoridad competente, Proceso publicó en su edición del 8 de mayo un texto institucional en el que fija su posición frente al ejercicio que Sahagún ha hecho de sus derechos legales, y que muestra, desde el título mismo, "La embestida", la total desmesura con que algunos medios reaccionan cuando un ciudadano se incomoda con lo que publican. Que Marta Sahagún sea una mujer poderosa, controvertida, criticada e influyente en estos tiempos, no le quita el legítimo derecho que tiene a inconformarse ante un juez si estima que su honra ha sido dañada.
Pongamos las cosas en perspectiva. Una de las relativas novedades producidas en el México de la alternancia, es que los medios, según dicen, no solo fueron actores centrales del cambio sino que son ahora sus más celosos guardianes. Investidos con tal sotana, ellos son los vigías de la verdad, los representantes impolutos de la sociedad frente a los malos (que suelen ser todos los políticos, curas y empresarios, excepto, claro, los que les dan trato, jaculatorias o publicidad) y la personificación del bien en la tierra. Pero el problema es que, convencidos del papel que se autoasignaron, muchos de esos medios no perciben que el tipo de periodismo que hacen es malo, poco profesional, romo, inculto y que, contrariamente a lo que suponen, se vuelven el mejor aliado de los políticos ignorantes y corruptos que siempre podrán pretextar que esa clase de medios no constituyen contrapeso alguno. Proceso ha caído, desafortunadamente, en esa trampa.
En lugar de actuar con madurez, acudir discretamente a los tribunales a defenderse, el otrora semanario más importante del país, eligió la vía fácil del martirologio y de esgrimir el consabido alegato de que la citada demanda constituye un atentado a la libertad de expresión. Además de cursi, el argumento es falaz. Veamos por qué.
El texto publicado por la revista dice que
"Procesoes objeto nuevamente de una agresión desde el poder". No hay tal. Lo que la señora Sahagún ha hecho es recurrir a la ley para intentar reparar lo que, a su juicio, le ha provocado un daño moral". Nada más, pero nada menos tampoco. Si Proceso supone que cuando una persona hace uso de un derecho esto equivale a una "agresión" pues entonces propone que los medios tengan un régimen especial y privilegiado en el cuál la impunidad sea la norma.
De ser así ¿con qué autoridad moral puede la revista denunciar atropellos de los políticos si es ella misma la que pide un trato de excepción? En otras palabras ¿los ciudadanos mexicanos, llámense Marta Sahagún o Juan Pueblo, no tiene derecho a demandar a una revista si creen que han sido afectados por lo que ésta imprime? Todos los medios de los países desarrollados suelen tener equipos expertos de abogados que revisan cada línea antes de que se publique, precisamente para cuidarse de que las personas citadas o aludidas no los demanden por libelo, entre otras cosas. En los hechos, no hay ninguna "agresión" contra Proceso; lo que hay es una reacción legal ante la cuál los editores del semanario tendrán que responder, y el juez dirá quién tiene la razón. Si ganan, el semanario saldrá muy fortalecido; si pierden, deberán cumplir la sentencia que el tribunal dicte. Así de simple.
Dice Proceso: Marta Sahagún "pretende una reparación económica por el daño moral que, según ella, le causó la publicación del reportaje titulado 'Historia de una anulación sospechosa', de Olga Wornat". Pues bien, aunque no les guste a los editores de la revista, la primera dama tiene todo el derecho de hacer lo que hizo. Desde hace tiempo, algunos editores ha pedido que se eliminen de la legislación penal los delitos que se castigan con sanciones corporales relacionados con la actividad periodística y dejarlos solo en el ámbito civil. Posiblemente tengan razón. Por lo tanto, Sahagún escogió el camino correcto que es demandar civilmente a la revista y ver si obtiene una compensación pecuniaria. No es la primera vez que alguien recurre a esa vía -lo hizo Sasha Montenegro contra una periodista llamada Isabel Arvide y ganó el pleito- por lo que Proceso no debe extrañarse de que MS utilice una de las opciones que la ley le da.
Dice Proceso: "La demanda...coloca en el debate judicial a la libertad de expresión y al derecho a la información, garantizados ambos por la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. El litigio que viene tiene que ver, pues, con derechos fundamentales que al país le ha costado mucho esfuerzo adquirir y conservar". Tiene toda la razón la revista y entre tales derechos está justamente el que los ciudadanos poseen de acudir a los tribunales en defensa de lo que piensan que son valores legítimos como, por ejemplo, la honra. Esta demanda en particular puede contribuir, además, a profundizar la conciencia de todos aquellos que, de diversas formas, se sienten agredidos o dañados por lo que los medios publican, y a éstos los ayudará a ser mucho más profesionales, rigurosos y responsables respecto de lo que divulgan. Como siempre habrá dos versiones contrapuestas, entonces el único referente válido son la ley y los jueces y, ante ellos, ambos actores deben someterse. No hay riesgo alguno para libertad de expresión. Al contrario, como en democracia la columna vertebral es la ley, los medios verán fortalecida su credibilidad siendo los primeros en cumplirla.
Dice Proceso: "nos atenemos a la aplicación irrestricta de la justicia y a la fortaleza de nuestras
convicciones, nuestra credibilidad y nuestra historia". Qué bueno que eso piensen. Para los efectos de la demanda
de Marta Sahagún, basta con que respeten íntegramente lo que la justicia, a través de los tribunales, decida.
Y, finalmente, dice Proceso: "confiamos en el juicio de nuestros lectores. A ellos, sólo a ellos, nos debemos". Es una declaración apasionada pero ingenua. Hay lectores que tienen juicios penetrantes, inteligentes y sensatos, pero también hay otros que formulan opiniones torpes e indefendibles: de todo hay en la viña del Señor. Es comprensible que una publicación diga que se debe a sus lectores; es una frase que suena bien. Pero también se debe a la ley, y este es un asunto de los tribunales, no de los lectores.
