(Primera de tres partes)
Otto Granados Roldán
Como si fueran damas victorianas cuya reputación ha sido puesta en entredicho, algunos medios de comunicación, especialmente electrónicos, reaccionaron con discreta virulencia ante las declaraciones que formuló el comisionado de Desarrollo Político de la Secretaría de Gobernación, Francisco José Paoli Bolio, en las que criticó con singular dureza la conducta de la mediocracia mexicana.
En efecto, Paoli basó sus señalamientos en tres puntos: a) los medios mexicanos se han convertido en un “poder autoritario, asimétrico, descomunal, que tiene que ser regulado”; b) no son responsables ante nadie, y c) en gran parte, la confusión política actual en México se debe a las distorsiones con que esos medios manejan la información. Ante tales argumentos ¿tiene razón Paoli en criticarlos o tienen razón los medios en decir que se fue “con todo contra los medios”? Aún cuando su jefe, Santiago Creel, y él mismo, hayan pretendido retractarse al día siguiente, lo que es comprensible ante el miedo que los políticos de ahora le tienen a los medios, ello no anula el sentido de sus palabras, y conviene por ende analizar las cosas con amplitud.
Paoli no es un funcionario cualquiera ni un burócrata en el sentido peyorativo. Aunque es inexplicable su salto ideológico y político de la izquierda en que militó en el extinto Partido Mexicano de los Trabajadores al conservadurismo inculto de Acción Nacional, su trayectoria académica y política puede ser calificada de respetable y productiva, especialmente en el primer campo. Tiene por lo tanto autoridad para referirse a asuntos públicos particularmente críticos e importantes para la normalización del sistema democrático, y, en ese sentido, tiene también todo el derecho del mundo a expresar las opiniones que le plazcan.
Pero la cuestión central no estriba en la calidad del declarante, sino, para mala fortuna del desarrollo político mexicano, en que tiene razón en lo que ha dicho, y en que ha sido oportuna su intervención. Como bien diría el último gran columnista mexicano, Manuel Buendía, en 1977, “los periodistas somos muy dados a la autocomplacencia y muy poco a la autocrítica; y, desde luego, la sola posibilidad de que otros nos enjuicien nos parece una ofensa intolerable. Ya es tiempo de que este país madure la posibilidad de un juicio imparcial y abierto para todas y cada una de las profesiones, sobre todo aquellas que tienen las más altas y por tanto las más graves responsabilidades de servicio social”.
Desde hace ya un buen rato, al menos desde que Jesús Reyes Heroles promovió en los años setenta la reforma de los medios con el pretexto de una adición al artículo 6º constitucional para garantizar el derecho a la información, todos los gobiernos han sentido la necesidad de meter en cintura a los medios y todos han fracasado en el intento. Si bien es cierto que, en la intimidad, no es el afán de contar con una mejor calidad informativa o editorial lo que ha animado los afanes gubernamentales, también lo es que un déficit central en la maduración democrática y en la consolidación de una cultura política moderna ha sido precisamente la ausencia de medios profesionales, competitivos, rigurosos y realmente independientes.
La primera asignatura pendiente es el régimen legal bajo el que operan los medios. Es ya una obviedad decir que la libertad de prensa es un principio fundamental de toda democracia; pero en toda democracia esa prensa y cualquier otra institución pública y privada tienen que estar sujetas al imperio de la ley. La frontera entre ambos principios, libertad de prensa y cumplimiento de la ley, debe ser resuelta, entonces, única y exclusivamente por los tribunales, como ocurre muy a menudo en las democracias consolidadas. Así funciona la normalidad institucional.
Ahora bien, sin entrar a la discusión técnica acerca de la obsolescencia de las leyes que regulan el funcionamiento de los medios —las cuales datan de tiempos de Carranza y de Díaz Ordaz, principalmente—, no se entiende cómo un país que ha transitado hacia una democracia incipiente, a mercados libres y a una economía integrada al mundo, tenga una estructura de medios que, en actitud y vocación, corresponde más bien a un sistema político y cultural que en buena medida ya pasó.
Es decir, si hoy la mayoría de las actividades económicas y políticas cuenta con una regulación razonablemente moderna —la competencia empresarial, la vida de los partidos, el sistema financiero y bancario, la inversión extranjera, etc.—, el funcionamiento de los medios, en cambio, se mantiene bajo una legislación arcaica que impide la transparencia en la forma en que operan, y nulifica, en la práctica, los derechos de los ciudadanos que consumen la producción mediática o de los personajes que son sujeto y objeto de ella.
En este sentido, los medios actúan con total impunidad y opacidad. Por un lado es evidente, como sugirió Paoli, que sin ningún miramiento ni consideración profesional, los medios calumnian, difaman, injurian, manipulan, mienten, distorsionan y agreden paladinamente, y el ciudadano —sea político, empresario, intelectual o un particular— no tiene de hecho medios de defensa justos y efectivos que no sólo alerten a los medios a revisar previamente lo que publican sino que, cuando así lo decida un juez, reparen los daños que provocan. Entablar una demanda contra un medio o un periodista es frecuentemente un martirio porque los tipos legales tanto penales como civiles son bastante abstractos en la práctica y porque los tribunales no se atreven, por temor, a enjuiciar a un periodista con la imparcialidad y el rigor debidos. Por otro, los grupos mediáticos son el secreto mejor guardado del mundo empresarial mexicano. ¿Qué hacer con ellos?
(Continúa mañana).
Octubre 2008
