¿El fin justifica a los medios?
Marco Levario Turcott
En la edición de etcétera correspondiente a febrero, en el reportaje de Luis Miguel Carriedo, advertimos que, en los días de enero, los directivos de El Universal valoraban la posibilidad de difundir llamadas telefónicas de Javier Tejado Dondé, que demuestran la operación política del abogado de Televisa para sacar adelante el proyecto de reforma a las leyes de radiodifusión y de
telecomunicaciones. El periódico resolvió difundirlas el día de hoy miércoles 1 de marzo. Más allá de la opinión que se sostenga sobre su contenido, hay que tener presente que la intervención y la difusión de
conversaciones privadas es ilegal (salvo que medie orden judicial, como no es el caso naturalmente).
No es la primera vez que hace tal cosa El Universal, tampoco acciones como ésas han sido privativas de ese diario, incluso Televisa en varias ocasiones lo ha hecho -una de las más recientes y memorables fue cuando en el noticiero estelar de la empresa se dio a conocer la tristemente famosa plática entre los hermanos Raúl y Adriana Salinas de Gortari-. Y es que una de las más notables consecuencias de
decisiones como ésa es la generación de una espiral de escándalo que lesiona la convivencia
civilizada, particularmente el derecho a la no trasgresión de la vida íntima y privada.
Obviamente, El Universal no hace periodismo, obtiene material grabado, lo edita y lo propala
para denunciar lo que todos sabemos, al menos lo que en etcétera hemos
asegurado desde hace meses, que es un plan de negocios promovido por el
más importante consorcio de televisión en México; que es la "Ley
Televisa" como aquí dijimos antes (consta en los archivos
hemerográficos y de radiodifusión), que esa "ley" la elaboró Javier
Tejado Dondé y que Televisa "amaga, presiona y amenaza" con tal de
impulsar sus intereses. Es decir, no se necesita una operación ilegal
que, además, tendrá funestas consecuencias políticas, para demostrar lo
qué es Televisa (entre otras cosas, un obstáculo a la democracia, dijimos en fechas pasadas).
Como actor interesado en la discusión de las leyes referidas, el dueño de
El Universal, Juan Francisco Ealy Ortiz, quiere incidir con la
legítima aspiración de ser un empresario más del ramo de la
radiodifusión y en esa calidad ha hecho que su periódico sea el que más
amplia cobertura ha dado sobre el tema. Pero a su poco prudente
participación en el recién lanzado Proyecto 40 -poco prudente porque no
esperó a que se resolvieran los 14 litigios que aún hay al respecto- se
suma una acción a todas luces reprobable, porque eso es la difusión de
conversaciones privadas, independientemente de la simpatía que tengamos o no
por los personajes que ahí se escuchan (la "causa" de una mejor ley al
respecto no puede ni debe respaldar esas decisiones editoriales).