Marco Levario Turcott
El gobierno aseguró las instalaciones de CNI Canal 40, luego de la ruptura de la negociación entre representantes de esa empresa y sus homólogos de TV Azteca. La decisión pretende sustento en la Ley Federal de Radio y Televisión, sin embargo, según el artículo 104 bis de la norma elegida por el gobierno federal debiera desprenderse no sólo que TV Azteca infringió la ley cuando tomó las instalaciones del Cerro del Chiquihuite e interfirió la señal concesionada a CNI Canal 40. También debió restituirse la señal a la Televisora del Valle de México como punto de partida legal para que en los tribunales se dirimiera el litigio entre ambas televisoras. No lo hizo el gobierno, y así continuó con la errática política que ha puesto en marcha, donde TV azteca ha resultado ser el principal favorecido.
Una y otra vez, ayer en su noticiero nocturno, TV Azteca se dijo respetuoso de la ley y de las instituciones, también afirmó que con esa convicción entregaría, como lo hizo, “pacíficamente”, las instalaciones que asaltó durante la madrugada del 27 de diciembre pasado.
Esa reiterada declaración de Azteca carece de sustento, porque la aplicación del mencionado precepto legal tiene a la televisora del Ajusco como “presunto infractor” de la ley que en un plazo de diez días deberá presentar “las pruebas y defensas pertinentes”. Al respecto, en ningún caso, si apegados a derecho, podrá demostrar TV Azteca que, conforme a la ley, operó una concesión que no le fue asignada por el gobierno. El legítimo concesionario de CNI Canal 40 es la Televisora del Valle de México, de Javier Moreno Valle y a ese empresario el gobierno debió restituir la señal. Esto, naturalmente, significa tener presente que el entuerto legal entre esas televisoras, que lleva dos años y medio, debiera dirimirse en las instancias correspondientes.
Cuando la ley no se aplica, vienen los problemas en cascada. Desde 1998 la Secretaría de Comunicaciones y Transportes debió dejar claro si son o no válidos los contratos que demanda Azteca sen cumplidos y que CNI no les ha dado validez; SCT y la PGR debieron resolver en torno de la demanda de Azteca que acusa a Javier Moreno Valle de haber intervenido ilegalmente la señal, luego de desconocer los acuerdos de promoción y comercialización que celebró con Azteca. Al paso de los meses y los años, después de un largo periplo que hace imposible la certidumbre sobre quién tiene la razón legal, el laudo de la Corte Internacional de Arbitraje debió ser “homologado” en las instancias mexicanas, como Azteca había reconocido días antes del despojo que perpetró el 27 de diciembre.
La concesión le pertenece a Canal 40 y debiera restituírsele ese derecho. Otro asunto es lo que resuelvan las instituciones y los tribunales correspondientes en relación con los contratos comerciales y los adeudos existentes entre CNI Canal 40 y TV Azteca. Ahora lo que asombra e indigna es la falta de probidad para sujetar a ley a quien la infrinja.
