Marco Levario Turcott
Los atisbos de una mayor descomposición política en el país están sobre la mesa. Desde el
tribunal que sentenció la muerte de Luis Donaldo Colosio como la obra de un complot, hasta la existencia
de un payaso vuelto periodista que refleja la indignación popular por el soborno, se entreteje la
mancuerna entre un poder mediático tan soberbio como incontrolable y unas instituciones de justicia
frágiles e ineficientes.
No podemos llamarnos a sorpresa de lo que ocurre en el país cuando lo que presenciamos
es resultado de un proceso en donde la libertad de expresión ha sido en no pocas ocasiones
mecanismo para el dictamen legal o la condena política tajantes, aún en desdoro de la propia información y
en abono del casi omnipresente juicio que se apoya en "la confabulación de los otros" como vía
para entender nuestros males.
Con la tesis de la conjura como sustituto de la investigación periodística y como recurso de
las disputas políticas se ha establecido una connivencia que daña aún más a la procuración de
justicia. La certeza de que hay una conspiración en su contra ahora es la defensa de Andrés Manuel
López Obrador para evadir su responsabilidad y la mancuerna se complementa cuando el difusor de
los videos, Joaquín López-Dóriga, ve una trama en su contra por la pretensión de las autoridades
de dilucidar el origen de las imágenes.
Junto con el efecto virtuoso de las miasmas exhibidas en los videos y la conducente aplicación
de la ley, hay que pensar en el riesgo de la "videocracia" como método para dirimir las disputas y en
el enorme poder, por encima o socavando las instituciones, que ha cobrado la televisión y, en los
últimos días, particularmente Televisa.
El enfático e indignado "no me pendejees" es más que un instante afortunado para la causa
del payaso Víctor Trujillo el día que mostró el video en presencia de René Bejarano. Sus palabras
afianzan la sensación del auditorio y, más allá de suscitar el también entusiasta aplauso fácil, forman el
tribunal de los medios en desdoro de la mesura y de la aplicación de la ley como imperativos ante
cualquier presunta o real tropelía cometida por quien sea.
El video suscita sentimientos, no reflexión. Es un arma de disputa y eso han de tenerlo presente
sus difusores para procurar que la información proporcionada establezca, primero, que se trata de
un material proporcionado por una fuente interesada aunque ésta no se revele, segundo, que se
tome en cuenta la opinión de la parte involucrada y, tercero, exigir a las autoridades las acciones pertinentes.
La advertencia de que se trata de una fuente interesada no es menor porque se reconoce la
utilidad pública de la información, y así se propala, al mismo tiempo que se enfatiza en que esto forma
parte de una fuente que, podemos presumir, encontró en los videos un mecanismo de defensa. El
periodista debe tener presente que ese instrumento puede ser usado como método de chantaje con la
intención de evadir la justicia y hasta ahora Carlos Ahumada, acusado de lavado de dinero, es el más
favorecido dentro de esa cuestionable estrategia de medios.
Además, algo pasa en el país cuando en vivo y en directo, y ante millones de personas,
Joaquín López-Dóriga le dicta al procurador de justicia del DF lo que debe hacer y éste lo acepta. La
soberbia del poder mediático puede diluir aún la ya de por sí frágil procuración de justicia del mismo modo
en que la frágil procuración de justicia suscita el enojo interpretado por los medios con una arenga
cuyas consecuencias podrían ser desastrosas.
Octubre 2008
El tribunal de los medios
