Marco Levario Turcott
Donde no hay leyes, normas e instituciones sólidas para procesar las disputas políticas, la
relevancia de los medios de comunicación se sitúa más allá de su función básica de investigar, informar
y contribuir a entender los hechos. Ahora son arena de las reyertas y también protagonistas cuando
no buscan ser (y a veces lo consiguen) árbitros para dirimirlas.
En las antedichas líneas se sintetiza un proceso que se aceleró en México hace una década, en
donde hay entrecruces entre la obsolescencia del sistema político y la capacidad de los medios para
exhibir, por ejemplo, la precariedad del orden jurídico. El descrédito de las instituciones hace más creíble
al tribunal de la opinión pública y por eso la litis política se traslada a la esfera mediática.
Es esta nuestra situación: en el país hay un grado de descomposición política sin lindes
institucionales para contenerla, procesarla y sancionarla y, en ese contexto, los medios aportan en tanto que
expresan y denuncian ese deterioro aunque, al mismo tiempo, abrevan de él y lo magnifican en forma
de exclusivas periodísticas y erigiéndose como juez dictaminador de culpabilidades.
El escándalo de ayer se hace viejo con el de hoy y éste podría ser fugaz con la expectativa del
que sucederá mañana; parece un torbellino inagotable en donde la frágil democracia podría ser
sustituida por la videocracia, es decir, por "la auditoria social" a la que, irresponsablemente, aludió el
presidente Fox hace unos días.
La inoperancia de los actores políticos para emprender la reforma del Estado ha dejado de tener
un carácter abstracto y ahora pone al país en el riesgo de una involución autoritaria acompañado con
el dictamen del rating . Si antes la imagen fue preponderante dentro de las estrategias políticas
para ganar elecciones, ahora se aprovecha para destruir adversarios. Naturalmente, ese fenómeno en
nada justifica la falta de probidad ética, moral y profesional de los servidores públicos de cualquier
gobierno, pero sí enfatiza en que los medios, particularmente los electrónicos, deben mostrar mayor
responsabilidad para no afianzar una plaza pública postmoderna que sólo agudice la fragmentación
política y exacerbe la confrontación.
Creo que el país está viviendo los resultados de la falta de liderazgo de la administración
presidencial y la ausencia de vocación reformadora de los partidos. Al cubrir esos espacios, los medios
pueden formar parte (y alentar) la degradación de la política al enfatizar, distorsionar u omitir
información según el actor que sintetice sus simpatías e intereses políticos y financieros.
Si algo no está en la televisión, entonces no existe. Es el viejo sofisma de los empresarios del
ramo y, ahora, se ha vuelto un instrumento que socava a la política y, en consecuencia, que vuelve
a posponer la acción reformadora para establecer normas que prevengan y sancionen actos de
corrupción. Seguro vendrán más videos, mientras se posponen las ideas, más espectáculo, en tanto
se relegan a los programas.
Podrán o no tener valor noticioso los audios o videos o documentos que se difundan y sus
efectos no son responsabilidad principal de los medios, menos aún cuando su difusión tenga la utilidad
pública de documentar las tropelías o los actos de corrupción que se han sucedido. Pero si está situación
no se acompaña con mesura, podríamos empezar a mirar lo que ocurrió en Italia hace poco más de
12 años y reconocer que existe el riesgo de una involución autoritaria.
La serie de escándalos que van desde la opacidad financiera de la fundación Vamos México
hasta la corrupción del gobierno del Distrito Federal pueden significar un acto en el camino y ser
reclamo social que se traduzca en reformas más que en prevaricaciones interesadas que no atinan a
comprender que, en el fondo, tenemos un sistema político rezagado e inoperante y un poder mediático
que podría ser tan decisivo para el país como para afianzar su rostro más autoritario o consolidar
la democracia.
El imperio de la imagen
