Marco Levario Turcott
Los tres partidos que resolvieron la integración del Consejo General del IFE podrán ostentar la legalidad de su decisión y, en esas, ya en la “politiquería”, hasta deslizar la obcecación del PRD para justificarse, pero lo que no pueden argumentar es que la suya fue una determinación de Estado, donde se anteponen los intereses particulares en aras de las instituciones, en este caso, una de las de mayor credibilidad en el país.
Primero, la forma de la elección buscó esconder el fondo de las intenciones. Fue un proceso sin transparencia, donde a diestra y siniestra, y contando con la prestancia de no pocos medios de comunicación, se lanzaron nombres a la vieja usanza de las filtraciones. Además, con la complicidad de esos nombres mencionados, que no quisieron moverse —deslindarse o aceptar públicamente— para salir en la foto, en ningún momento se discutieron trayectorias ni perfiles profesionales. Esos nombres fueron usados como distracción de un debate que el PRI, el PAN y el PVEM lograron evadir para cancelar la posibilidad de que algunos consejeros electorales repitieran en el cargo porque, según ellos, la ley no lo permite.
Luego, en contra de aquella fórmula elemental de continuidad y renovación paulatina, el hilo conductor de aquella vergonzosa negociación fue la revancha de esos partidos por las sanciones que el IFE resolvió en su contra simple y llanamente porque esos partidos hicieron trampa como está documentado y legalmente resuelto. Pese a ello, hay quien dice que el PRD pudo y debió ganar pero no quiso, un consejero electoral propuesto por ese partido y ahora critican la obcecación del coordinador parlamentario Pablo Gómez. Sin embargo, ese hipotético y pírrico triunfo del PRD le hubiera significado avalar una operación deleznable (independientemente de que, con su silencio preliminar, el sol azteca contribuyó con la decisión de los otros partidos).
Permítanme un ejemplo: supongamos que se aceptara la propuesta del IVA generalizado, en este supuesto caso, que la mayoría en el Congreso votara en su favor (espero que no, por cierto) y en esas, tener la cara dura de criticar al PRD por quedar al margen de esa decisión cuando hubiera podido lograr que la tasa del IVA generalizado fuera del 9.5% y no del 10%.
Es legal la determinación, dicen los defensores de aquellos tres tristes tigres, y por supuesto que lo es, pero no puede dejar de repararse ni en la forma —que ya hemos mencionado— ni en el fondo de la decisión, es decir, en las personas que fueron electas para integrar el Consejo General del IFE. Creo que conviene decir con todas sus letras, como lo ha hecho Raúl Trejo Delarbre en estas páginas, que la trayectoria de los consejeros electos, con excepción de la de Rodrigo Morales y de Arturo Sánchez, no avala el interés académico y la experiencia profesional en las cuestiones electorales como los que implica pertenecer al Consejo General del IFE. Por cierto, no deja de ser sintomático que mucho tiempo después nos enteráramos de las prendas profesionales de los nuevos consejeros.
Los defensores de la vergonzosa decisión de hace ocho días dicen que no hay personas puras, que el propio José Woldenberg, cuando fue electo consejero, provenía de militar en partidos de izquierda y, con esos argumentos, pretenden darnos clases (aunque, debe reconocerse, para las de pragmatismo sí son buenos). Por eso cabe aclarar que nadie en su sano juicio espera que lleguen personas químicamente puras al Consejo, ni siquiera que no hayan militado en un partido porque eso no debiera avergonzar a nadie ni impedir formar parte del IFE. Ocurre, sin embargo, que entre otras razones, las expuestas por los esos sí, “químicamente puros” que no querían militantes en el IFE generaron el contexto para que Luis Carlos Ugalde se apresura a decir que él no había formado parte de ese partido, cuando sin duda lo fue o lo sigue siendo. Otro desatino de Ugalde fue cuando dijo que su actitud responderá a los intereses de la ciudadanía cuando lo que a él le corresponde es aplicar la ley, como antier advirtió Crónica. Mal empiezan también los otros consejeros que, favorecidos de este reprobable modo desde San Lázaro, ahora se dicen muy respetuosos de los partidos y sus decisiones. ¿En serio piensan eso? ¿Les parece que la mayoría es suficiente para conferir legitimidad y confianza a una institución?
Emplear la frase del beneficio de la duda para dar carta cabal al funcionamiento de los consejeros me parece que es una expresión de soberbia muy típica de esa cosa que hemos dado en llamar opinión pública, aunque, sin duda, habrá que mantener con lupa lo que haga el IFE. Pero antes, vale la pena señalar que aún puede reponerse el proceso de selección e invitar a los nuevos consejeros a demostrar su probidad y, entonces, a renunciar y a convocar a los partidos a ponerse de acuerdo sobre la base de una discusión escrupulosa y, en ese caso, pública, que haga referencia a trayectorias y que impulse acuerdos de consenso. Los consejeros, estoy seguro, saben que no hay cargo ni sueldo de 150 mil pesos mensuales que sean más poderosos que una razón de Estado. Le hace falta al país una decisión de ese tamaño, una decisión que demuestre que la ética y la política pueden ir de la mano. Renuncien.
Renuncien consejeros
