Marco Levario Turcott
Cuando la edición impresa de etcétera ya estaba lista, el 27 de diciembre en la madrugada, los directivos de TV Azteca resolvieron ocupar las instalaciones de CNI Canal 40 en el Cerro del Chiquihuite. Como se sabe, esa ilegal acción fue llevada a cabo por un grupo encapuchado que, armado, tomó violentamente las instalaciones de la Corporación de Noticias e Información, Canal 40.
Independientemente de cómo se interprete la resolución de la Corte Internacional de Arbitraje, dada a conocer durante la segunda quincena de diciembre pasado, la decisión de los directivos de TV Azteca quebranta la ley, contrariamente a la campaña de propaganda que iniciaron desde aquel entonces en la que se dicen respetuosos del orden legal. Aquella alevosa y hasta ahora impune acción, es motivo suficiente para que a los dueños de la televisora se les revoque la concesión que ahora usufructúan.
Además de la acción, que en sí misma es ilegal pues ésta no fue llevada a cabo por resolución y a instancias del Estado, el asalto de las instalaciones de CNI Canal 40 persigue el ilegal objetivo de hacerse de una concesión que no le pertenece y que, en todo caso, debió acatar el ordenamiento legal que determina la asignación de las concesiones (la de Canal 40, se ha dicho, estaba próxima a vencerse, de ahí la alevosa decisión de los directivos de Azteca). Esto no tiene que ver con el incumplimiento de contratos con el que Ricardo Salinas Pliego ha acusado a Javier Moreno Valle y que, según él, ascienden a 25 millones de dólares. No tiene que ver porque para dirimir esa controversia están las instituciones y las leyes, de las que se dicen muy respetuosos los dueños de Azteca.
El 27 de diciembre, Azteca interrumpió la señal de CNI Canal 40 y, desde entonces trasmite su propia programación, ilegalmente, porque usufructúa sin mediar permiso un espacio de la nación. Eso ha ocurrido, al menos hasta el momento de redactar esta nota, con la complicidad del gobierno, que durante 11 días omitió resolver al respecto y que, hasta en la noche del 6 de enero, advirtió que si los empresarios no negocian, entonces, llevará a cabo una requisa de CNI Canal 40. La probabilidad de una requisa es muy discutible, sin embargo, el primer planteamiento que sería deseable es en lo que tiene que ver con el asalto de Azteca a las instalaciones del Cerro del Chiquihuite. Y el gobierno ha dicho (casi) nada, primero aturdido por el periodo vacacional, luego vacilante por desconocer el expediente de ese litigio que lleva dos años y medio, y más tarde inhibido por su apuesta mediática que cifra en las grandes cadenas televisivas sus principales expectativas, ha sido cómplice de la ilegalidad.
Cualquier cosa que pase en las próximas horas, en esa “negociación” a la que convocó el gobierno y que comenzó ayer al filo de la media noche entre los propietarios de ambas televisoras, el asunto central es si un poderoso consorcio como TV Azteca puede violar la ley con total impunidad.
