Héctor J. Villarreal Ordóñez
A unos días de que la Suprema Corte de Justicia de la Nación concluya su deliberación y resuelva sobre la constitucionalidad de las reformas al marco jurídico de las telecomunicaciones y de la radio y televisión, promulgadas e impugnadas en 2006, pocas han sido las sorpresas.
Mucho se ha dicho y escrito desde los primeros días de mayo en que se difundió el proyecto de resolución elaborado por el Ministro Sergio Salvador Aguirre Anguiano. Desde el repaso por la atropellada forma en que se procesaron dichas reformas legales, hasta medias verdades y mentiras completas sobre su polémico contenido, pasando por explicaciones técnicas elevadas a consignas, deslindes individuales o de grupo, proclamas ideológicas ya tradicionales, amnesias severas y alguno que otro apunte para reconocer la transparencia con la que se ha conducido en este asunto el Máximo Tribunal del país.
Sin embargo, digo que las sorpresas no son tantas, pues los actores más visibles en el debate sobre estos temas parecen afianzarse en sus respectivos paradigmas, disparan argumentos y sentencias desde las trincheras de siempre y confirman que estamos ante uno de los temas más polarizados y más lejanos de cualquier posibilidad de consenso de la agenda nacional.
La novelista francesa de origen ruso, Elsa Troilet, decía haber aprendido que para ser profeta bastaba con ser pesimista. Algo tenía de razón, podría pensar quien haya seguido de cerca las informaciones y desinformaciones que durante estas semanas hemos visto en torno a la llamada ley de medios. Y es que en vez de cualquier señal de acercamiento o acuerdo, las contrapartes se distancian cada día más, con el riesgo de dejar a la deriva la búsqueda de alternativas que procuren un mejor equilibrio para acelerar el desarrollo y la modernización de los medios de comunicación y sobre todo, preservar el interés público.
Día con día, ante las pasiones que se encienden a la más leve invocación de la denominada Ley Televisa, estar fuera de los extremos, ajeno al desprecio o al rencor por alguna de las posturas en conflicto, es como situarse en una zona muerta, es correr el riesgo de quedar en entredicho y ser visto un poco como trasgresor, por cuenta doble, de lo políticamente correcto.
Se ve difícil que México cuente con el marco legal que atienda las particularidades de su realidad, que reconozca su historia y se comprometa con su futuro, mientras sigamos ocupados en la pugna entre dos visiones que se proponen a sí mismas como fórmulas únicas. La historia nos muestra que cuando alguien se convence de que ostenta una verdad absoluta, sus siguientes pasos se encaminan por la ruta de la interpretación sesgada de los hechos, la distorsión de los motivos del "otro", la descalificación sin miramientos y --en la medida de sus capacidades-- la imposición.
Durante los últimos años se ha saboteado cualquier intento por establecer en el país un modelo de trabajo incluyente y abierto al diseño y a la mejora gradual de los ordenamientos jurídicos que deben regular el papel de la radio y la televisión -y ahora las telecomunicaciones- en el desarrollo democrático de nuestra sociedad.
Ante ello, es casi lugar común decir que avances tales como la modernización de las instituciones políticas, el fortalecimiento de la división de poderes y la alternancia en el poder público, han quedado ensombrecidos por el crecimiento desordenado y desmedido de los llamados poderes fácticos, que ya sea por incomprensión del entorno social del que se alimentan, por mera mezquindad o simplemente por su naturaleza, se levantan como obstáculos para la consolidación de la democracia.
Pero si algún escéptico ha dudado de lo anterior, bastaría confrontarlo con los hechos para documentar su pesimismo, y dotarlo de elementos -en términos de Troilet- para volverse un profeta, en este caso de lo que se vislumbra, sea cual sea la resolución de los ministros, como la continuidad del estancamiento en la modernización y democratización de los medios.
Porque si bien es cierto que en los dos extremos del debate vemos alojadas las intransigencias, no se puede pasar por alto que del lado de los grandes consorcios estas intransigencias se agravan por la prepotencia en el uso de sus abundantes recursos y de los bienes públicos para la comunicación que se les han concesionado.
Es desalentador que las empresas de medios, especialmente las grandes televisoras, hayan desperdiciado a lo largo de mayo, la oportunidad de dar un paso adelante; que no hayan querido romper con su propio estereotipo y que hayan preferido autocumplir las peores profecías que sobre su falta de compromiso democrático muchos hacían. No se entiende, si sus argumentos jurídicos son tan sólidos como pregonan, que hayan optado por desatar la furia de sus pantallas en contra de sus críticos.
Si las razones de Televisa y TV Azteca para defender las reformas de 2006 están realmente fundadas en la legalidad, seguiría el procurar dotarlas de la legitimidad que el proceso legislativo les negó. Para ello era necesario defenderlas en un debate franco y abierto, que buscara convencer, no imponer. Pero los programas y los ratings, en los que tanto se alude a la libertad de expresión, permanecieron primero cerrados para cualquier disenso y luego, sólo abiertos para el denuesto y el intento de avasallamiento.
Se ha puesto el acento en la necesidad de certidumbre para el desarrollo de la industria de radio y televisión, certidumbre también para atraer las inversiones que requiere la convergencia de tecnologías, certidumbre contra decisiones discrecionales derivadas de animosidades y vaivenes políticos. Todo eso es deseable. Es cierto que debemos mejorar las reglas para asegurar el cumplimiento de la función social de los medios concesionados, pero también debemos asegurarles condiciones para que sean empresas exitosas y competitivas a nivel internacional.
No hay razón para que fomentar la pluralidad de la oferta de comunicación y mucho menos fortalecer otros modelos de radiodifusión como el de servicio público y el comunitario, deba procesarse necesariamente en detrimento de la certidumbre jurídica de los industriales del sector. Por el contrario, debiera ser una aspiración de la democracia y una garantía del Estado de Derecho la convivencia ordenada y complementaria de esos modelos, atendiendo cada uno a sus propios fines.
Por lo pronto --y en lo que esperamos la resolución de la Suprema Corte-- quizá podríamos irnos preguntando: ¿cómo proteger la certidumbre jurídica de aquellos ciudadanos que no disponen de una televisora para litigar sus adeudos? ¿Cómo resarcir el daño hacia quienes por disentir son vetados y luego denostados en horario triple A? ¿Qué leyes debería aprobar el Congreso para garantizar a la sociedad certidumbre de que sus intereses aparecerán en la tele aunque no coincidan con los de los grandes consorcios? ¿Quién sigue?
Diciembre 2008
