Miguel Ángel Granados Chapa
Un mecanismo nuevo utilizado por los poderosos a los que afecta la información pública es suscitar inquinas contra los medios o contra periodistas en particular. Eso hace en Puebla su gobernador en entredicho y eso se hace contra Joaquín López Dóriga.
El todavía gobernador de Puebla, Mario Marín, que intenta esconder sus culpas tras una mampara en uso hace medio siglo (la conspiración de las fuerzas perversas contra la Puebla revolucionaria), ha mostrado su inquina contra los medios de información no sólo al participar en el inadmisible ataque a Lydia Cacho, sino que ahora azuza a las porciones de la sociedad que le son adictas para que manifiesten su hostilidad a esos medios en general y en particular a quienes lo sometieron a agudos interrogatorios, a los que él se expuso con la esperanza de acallar la indignación generalizada que causaron su prepotencia vulgar y sus ilegítimos tratos con un particular que convirtió la justicia poblana en instrumento de sus pasiones e intereses bajunos.
Suscitar la irritación social contra los medios es uno más de los varios modos en que poderes legales o ilegales agreden a periodistas y empresas de información. Se llega al extremo del asesinato y el ataque armado, atentados en que varios periodistas han perdido la vida -o, como Alfredo Jiménez, desaparecido desde hace 10 meses-. La aterradora incursión contra el diario El Mañana de Nuevo Laredo en que fue gravemente herido el reportero Jaime Orozco Tay, permanece sin castigo, dos semanas después de perpetrada. Esa impunidad, presente en el resto de los casos en que periodistas han sido victimados, alienta a los atacantes, tanto los que disparan las balas homicidas -o lanzan las granadas destructoras- como los que urden y ordenan esas agresiones.
La panoplia de instrumentos contra las libertades de expresión y de información se ha enriquecido en los tiempos recientes, casi en todos los casos con el solapamiento de autoridades. Hoy, por ejemplo, está por consumarse la usurpación de la señal de Canal 40. Hoy será presentada la programación de esa emisora organizada por TV Azteca. La Secretaría de Comunicaciones y Transportes, responsable del adecuado manejo de las concesiones, no parece enterada de que una empresa distinta de la titular de esa autorización se dispone a violar la ley al hacer uso del espacio electromagnético sin los títulos legales para ello. Televisora del Valle de México, que recibió esa concesión, no ha sido desposeída de ella, y sus litigios interiores no han sido resueltos en definitiva. Varios aspectos de la administración y las finanzas de ese canal permanecen sub judice, y en esa circunstancia no debería ser posible, como lo será en los hechos, que a ojos vistas, de modo ostensible, un acreedor cuya legitimación como tal es inobjetable actúe como si fuera accionista, por más que tenga en prenda los títulos correspondientes. Desde ningún punto de vista TV Azteca está en capacidad legal de utilizar el Canal 40 y sin embargo lo hará a partir de hoy con la complacencia de la autoridad administrativa, que ya antes admitió la invasión de instalaciones y una primera tentativa de usurpar la señal.
El conflicto empresarial en torno al Canal 40 resulta, en último término, un atentado contra una opción informativa que pese a sus limitaciones se abría paso en la pantalla chica. La absorción de ese canal por TV Azteca confirma el carácter duopólico de la televisión abierta y coloca a sus detentadores en la firme posición de dictar la política estatal sobre la materia, como por desgracia se comprobará en los próximos días -y aun en las próximas horas- cuando el Senado apruebe en sus términos una abusiva reforma a las leyes de Radio y Televisión y de Telecomunicaciones. Si alguien supone que el Poder Ejecutivo radica en Los Pinos, tras la reforma comprobará que no es así, y deberá dirigir la correspondencia destinada a ese poder a la Avenida Chapultepec y al Periférico en la zona del Ajusco. Sería deplorable que también el Poder Judicial haya mudado de residencia, como se verá si la Suprema Corte no impide que Grupo Radio Centro incumpla un laudo que de origen se obligó a acatar.
Otra forma de agresión a periodistas incómodos consiste en ponerlos en la picota, como si infringieran intereses en apariencia legítimos. Hace dos semanas, por ejemplo, una pequeña muchedumbre de personas discapacitadas se presentó en unas oficinas de Radio Fórmula para encarar a Joaquín López Dóriga. La inducción a que fueron sujetas quedó de manifiesto al día siguiente, cuando el Doctor Simi, cuyo derecho de réplica se pretendía defender, pagó inserciones en la prensa diaria notificando la realización de ese mitin. Mediante la poderosa maquinaria de difusión que le permiten sus ganancias empresariales, Víctor González Torres ha pretendido imponer un diálogo a López Dóriga, al que además descalifica. Dio un paso riesgoso hacia adelante con esa manifestación, que por ahora fue pacífica. Pero movilizaciones de ese género pueden dar lugar a agresiones directas. El propio Doctor Simi, enrachado en su presencia en los tribunales para denunciar y demandar aquí, allá y acullá, ha incluido a periodistas en su andanada jurídico-pecuniaria.
Ése es otro modo de incomodar a periodistas incómodos, la aparente defensa de derechos legítimos, como el que protege el honor. Desde el poder político o el económico menudean acciones judiciales mediante las cuales bribones que en ninguna parte obtendrían cartas de recomendación por su buena conducta, pretenden obtener certificados de esa índole y, de paso, inhibir el trabajo profesional periodístico y aun obtener provecho económico, guarecidos en una legislación deficiente aplicada con mayor deficiencia todavía.
Cajón de Sastre
Emile Zolá escribió su Germinal en 1885, y A J Cronin Las estrellas miran hacia abajo en 1935. Como si aún viviéramos en aquella porción final del siglo XIX, o al cabo del primer tercio de la centuria siguiente, las condiciones de trabajo en las minas de carbón (que constituyen la base del argumento de aquellas célebres novelas) siguen engendrando riesgos letales. En las primeras horas del domingo en una mina propiedad del Grupo México, a las afueras de Nueva Rosita, Coahuila, se produjeron al menos dos estallidos que dejaron incomunicados a 65 mineros, de los cuales 25 pertenecen al sindicato nacional respectivo, 36 son empleados de contratistas del Grupo (una situación sobre la que volveremos otro día) y 4 forman parte del personal de confianza. En esa región, donde se ubica la reserva carbonífera del país, hubo en el pasado accidentes similares que cobraron un mayor número de vidas, como en Rosita Vieja, donde el 27 de febrero de 1908 fallecieron 200 personas y 153 en Barroterán, el 31 de marzo de 1969.
Septiembre 2008
Septiembre 2008
