Miguel Ángel Granados Chapa
La SIP refiere los crímenes contra periodistas y en un preocupado mensaje dice: "A esos hechos se agregan decenas de ataques violentos, amenazas e intimidaciones contra profesionales del periodismo mexicano, en un momento clave para la consolidación de la democracia, proceso en el cual una prensa libre e independiente debe desempeñar un papel fundamental". En más de un caso, lejos de ser garantes del desempeño informativo, autoridades ministeriales lo persiguen. El 16 de octubre el fotorreportero Martín Urista, de El Debate de Culiacán captó a miembros de la AFI trasegando maletas de una casa a un vehículo. De acusador pasó a acusado
El 19 de marzo de 2004 fue asesinado el director editorial de El Mañana de Nuevo Laredo, Roberto Mora García. Lo apuñalaron a las puertas de su departamento en aquella ciudad, donde radicaba después de iniciar su sólida carrera en El Norte, de Monterrey. Ante la presión pública, fue detenido tiempo más tarde un individuo al que se atribuyó el homicidio, pero a su vez fue silenciado en la prisión sin que hubiera consecuencias legales, pues ya se sabe que el régimen carcelario de Tamaulipas (como la seguridad pública en general) depende no de las autoridades sino de la delincuencia. En esa misma entidad, el 1o. de septiembre pasado fue hallado el cadáver, con señales de tortura, de Francisco Arratia, columnista de diversos periódicos de la región.
Tampoco se ha castigado el homicidio de Francisco Javier Ortiz Franco, uno de los editores de Zeta, el valiente y lastimado semanario de Tijuana, que perdió ya a balazos a un director, Héctor Félix Miranda, y el 27 de noviembre de 1997 estuvo a punto de quedarse sin otro, Jesús Blancornelas, contra el que se disparó una andanada brutal que cortó la vida de su guardaespalda Luis Valero. Se comprende que ni esos atentados, ni el que mató a Franco el 22 de junio del año pasado hayan sido esclarecidos íntegramente, cuando se tiene presente el hecho atroz de que Jorge Hank Rohn, señalado como presunto autor intelectual del asesinato de Félix (y, de cierto, patrón de los sentenciados por ese crimen) en vez de ser llevado a proceso sea hoy el alcalde de aquella ciudad fronteriza, en un atisbo de cómo el peor priismo puede recuperar posiciones de gobierno que ha perdido.
La Sociedad Interamericana de Prensa incluye la referencia a esos crímenes (por supuesto sin las apostillas que son de mi autoría) en un preocupado mensaje titulado "Elevemos la voz contra ataques a periodistas", suscitado por algunos acontecimientos recientes, de semejante gravedad a los enumerados. El más contundente de ellos es el asesinato de Raúl Gibb Guerrero, propietario y director del diario La Opinión, de Poza Rica, Ver. El 8 de abril, cuando se aproximaba a su casa en Papantla, ciudad vecina a la sede de su periódico, fue atacado por cuatro pistoleros, ocupantes de dos vehículos que seguían al de la víctima. Fueron disparados 15 balazos, de los que siete dieron en el blanco: uno en el brazo izquierdo, tres en el abdomen y otros tantos en la cabeza. Gibb perdió el control de su automóvil, que salió violentamente de la calzada por donde circulaba. "El método de la ejecución lleva la impronta de los asesinos a sueldo profesionales", afirma la organización Reporteros sin Fronteras, que además de citar la hipótesis de que el narcotráfico pudo ordenar esa muerte (pues "La Opinión dedicó frecuentes artículos a ese tema, e incluso publicó uno la víspera del asesinato") se hace eco de otra conjetura:
"Hace un año, el periódico investigó también sobre los robos y el tráfico de carburante, en perjuicio de la compañía petrolera nacional Petróleos Mexicanos. Un empresario local, hoy denunciado por evasión fiscal, tuvo que poner fin a sus actividades".
El 2 de abril desapareció el reportero del diario sonorense El Imparcial. Telefoneó a una compañera de redacción aquel sábado, hacia las veintiuna horas: La vería después de encontrarse con uno de sus contactos, anunció. Desde entonces no se sabe de él. "Desgraciadamente -conjetura Reporteros sin Fronteras- nada excluye que se trate de un secuestro o, peor aún de un asesinato. El norte de México es una zona muy peligrosa para periodistas y en especial para aquellos que trabajan sobre los casos ultransensibles del narcotráfico".
En ese norte peligroso, de nuevo en Tamaulipas, el 5 de abril fue baleada Guadalupe García, que llegaba a la emisora radiofónica Estereo 91, desde donde difunde su programa Punto rojo. Ligada a la administración municipal de Nuevo Laredo (trabajó en la oficina de prensa del ayuntamiento y en la policía local), precisamente a través de la frecuencia radial de la policía preventiva recibió amenazas de muerte el 18 de marzo, y poco después dos vehículos de su propiedad fueron quemados a las puertas de su casa. Aunque su condición es estable no deja de ser grave, pues su verdugo disparó contra ella 14 veces, y le asestó nueve balazos: dos en el pecho, dos en el abdomen y cinco en brazos y piernas. Cuando sane no podrá caminar normalmente. Y, para infortunio de todos, tampoco en este caso nadie sabe nada sobre el tirador.
"A esos hechos -cito de nuevo a la SIP- se agregan decenas de ataques violentos, amenazas e intimidaciones contra profesionales del periodismo mexicano, en un momento clave para la consolidación de la democracia, proceso en el cual una prensa libre e independiente debe desempeñar un papel fundamental para el desarrollo de una sociedad debidamente informada y participativa".
En más de un caso, lejos de ser garantes del desempeño informativo, autoridades ministeriales lo persiguen. El 16 de octubre el fotorreportero Martín Urista, de El Debate de Culiacán captó a miembros de la Agencia Federal de Investigaciones trasegando maletas de una casa a un vehículo. Denunció que fue golpeado y despojado de su material gráfico. De acusador pasó a acusado pues "la investigación abarca la conducta de dicha persona ya que sin justificación alguna irrumpió en forma violenta en un domicilio y provocó lesiones al personal actuante...", según explicó el subprocurador José Luis Santiago Vasconcelos.
