Pablo Gómez
Televisión Azteca se ha lanzado espoteramente contra el Senado porque es caro y porque los senadores ganan demasiado. Tiene razón, aunque esta acusación no es nueva. Salinas Pliego la hace ahora porque el Senado explica lo que el país se va a ahorrar con la reforma electoral y con la gratuidad de la publicidad electoral.
Lo que no menciona la empresa de Salinas Pliego es lo que le cuesta al país ella misma. El 25 por ciento que deben pagar los anunciantes sobre las tarifas de las televisoras se ha convertido en 18 minutos de transmisión diaria por parte del Estado. Si el fisco cobrara ese impuesto en efectivo, la cantidad de dinero sería mucho mayor que el costo de los anuncios oficiales durante 18 minutos diarios. Pero además, esos 18 minutos, con los que se paga un impuesto a cargo de los anunciantes, podrían ser parte del tiempo legal a favor del Estado sin ningún problema. Así, Azteca le cuesta al país mucho más que los elevados e injustificables sueldos de los senadores.
Es necesario arreglar ambas cosas. El régimen fiscal de la publicidad comercial en televisión es absurdo e injusto, pues el anunciante usa un bien del dominio público de la nación para hacer negocios y no paga nada al fisco. Dicho de otra manera, el impuesto que deberían pagar los anunciantes se lo queda el concesionario, con lo cual, a cambio de 18 minutos diarios, las televisoras se apropian del gravamen como si fueran el Estado. Por el otro lado, los senadores deberían ganar mucho menos, digamos, la mitad, para ponerlos al nivel de otros países.
La confrontación entre el dueño de Televisión Azteca y el Senado debería llevar a revisar el costo de la televisión comercial y el costo del Congreso.
De este debate abierto por Salinas Pliego también debería salir a la luz la manera en cómo éste logró comprar la televisora del Ajusco, el dinero que real o supuestamente le debe a Raúl Salinas de Gortari y que, según éste, no le ha pagado. El Congreso debería abrir una investigación sobre la venta de aquellos activos públicos y de la concesión, aunque hayan pasado ya muchos años.
Los spots de Azteca contra el Senado debieron ser pagados por alguien, con IVA incluido, lo que también debe ser esclarecido, ya que de lo contrario estaríamos ante un posible ilícito en materia de publicidad comercial transmitida pero no pagada.
Tenemos, por último, un nuevo tema para la reforma de la legislación de radio y televisión: si los concesionarios tienen o no derecho a realizar campañas políticas mediante el uso de un bien del dominio público. La libertad de expresión de cada quien debería resguardarse siempre que se produzca dando la cara al público en emisiones formales y, por tanto, responsables. Pero la pedrada del spot es de la materia comercial y no de la libertad de expresión. Que diga lo quiera el señor Salinas Pliego pero que se puedan debatir éste y todos los demás temas. Tales serían otras reglas… como en muchos países.
Septiembre 2008
Septiembre 2008
