Jorge Fernández Menéndez
Las negociaciones entre Azteca y CNI canal 40 nacieron rotas, lo que no se pudo arreglar en dos años y medio, no
se podía solucionar en unas horas. Las instalaciones, la concesión y la frecuencia que se le otorgó a CNI, fueron
aseguradas por el Estado, en base al artículo 104 bis de la ley de radio y televisión. La Secretaría de Comunicaciones y
Transportes deberá nombrar a un interventor y luego de diez días en que las partes puedan presentar alegatos y pruebas se tomará
una decisión.
Las negociaciones entre Azteca y CNI canal 40 nacieron rotas, es difícil que algo que no se pudo arreglar en dos años
y medio, no se podía solucionar en unas horas. La base para una negociación era desocupar las instalaciones ocupadas en
el Chiquihuite y regresar a la situación previa al 27 de diciembre. No fue así. Se obligó a las partes a negociar sin restituir
las instalaciones y colocándole, casi literalmente, una pistola en la cabeza a CNI: llegaba a un acuerdo con Azteca o
perdía todo, con el agregado, además, de que el castigo a esa empresa por la toma del Chiquihuite se daría, en todo caso,
después de que hubiera acuerdo. Como no lo hubo, las instalaciones y la concesión, la frecuencia que se le otorgó a CNI,
fueron aseguradas por el Estado, con base al artículo 104 bis de la ley de radio y televisión: es una disposición que le permite
al Estado asegurar, hacerse cargo de una concesión cuando alguien está utilizando una concesión, sin permiso. La
Secretaría de Comunicaciones y Transportes deberá nombrar un interventor y luego de diez días en que las partes pueden
presentar alegatos y pruebas, la secretaría de Comunicaciones y Transportes tomará una decisión. Primero, puede quedarse con
los bienes e incluso retirar la concesión, segundo, y quizás lo más importante, de esa forma prácticamente se está
condenando a morir por inanición a CNI.
Si es así, y nada indica lo contrario, ésta será recordada como una de las páginas más tristes de la historia de los
medios de comunicación en México. Finalmente, exactamente dos semanas después de la toma ilegal de las instalaciones de
CNI canal 40 en el cerro del Chiquihuite por un comando de televisión Azteca, el gobierno federal decidió intervenir
para ratificar el visto bueno que por acción u omisión otorgó a esa acción a todas luces ilegítimas. El gobierno intervino pero
no para regresar las instalaciones a sus legítimos propietarios ni para garantizar los espacios informativos, la programación
que se emitían por CNI canal 40. También se habría decidido emitir diversas órdenes de aprehensión tanto por los hechos del
27 de diciembre como por lo ocurrido el 16 de julio del 2000, cuando CNI rompió los acuerdos con Azteca. Entre las
órdenes de aprehensión estaría, dejaron trascender desde el poder, la de Javier Moreno Valle, el principal accionista de CNI por
robo de fluido electromagnético. Por supuesto, no habría nada similar para Ricardo Salinas Pliego, la orden de aprehensión
es contra el representante legal de Azteca por "despojo" en la acción del Chiquihuite.
Son decisiones políticas, más que legales. Evidentemente, las instalaciones del Chiquihuite se tendrían que haber
regresado a CNI a las pocas horas de que fueron tomadas por Azteca. Son delitos que se persiguen de oficio y que, además,
implican una severa sanción porque violan disposiciones federales y locales. El gobierno federal estuvo diez días sin
hacer absolutamente nada, pese a que contaban con una denuncia penal ante la PGR presentada horas después de los hechos:
se necesitaron casi dos semanas para investigar algo que era obvio. Y ello, por supuesto, es independiente del conflicto
mercantil existente entre las dos empresas. Cuando los funcionarios federales regresaron de vacaciones, hasta el 6 de enero,
primero el presidente Fox dijo aquello de "y yo ¿por qué?", dando a entender que el gobierno no tenía porqué intervenir. Luego
el secretario de Comunicaciones, Pedro Cerisola, sostuvo que no había emergencia alguna para actuar y llegó a decir que
no había ningún bien público involucrado (cuando las concesiones son eso, precisamente, bienes públicos concesionados
a particulares), y comparó la toma del Chiquihuite con la de una carretera (con todo y pese a las reacciones públicas que
ello suscitó, el bloqueo de la carretera a Cuernavaca, el pasado 20 de enero, fue desalojado en "sólo" 27 horas). Finalmente
se habló de requisa y se obligó a las partes a negociar lo mercantil sin solucionar el capítulo de la toma de las instalaciones.
Y, por último, el propio gobierno federal decidió asegurar esas instalaciones e incluso el piso 40 del WTC acabando,
prácticamente con el proyecto de CNI canal 40. Bajo el paraguas de la legitimidad, el gobierno federal, como lo había hecho desde el
27 de diciembre, simplemente tomó partido. Alguien de los primeros círculos del poder, lo argumentó, off the records, con
todo pragmatismo: "nadie quiere pelearse con una televisora en un año electoral". Ni en las peores épocas del PRI. Haber si
en los próximos diez días algo cambia.
Septiembre 2008
Septiembre 2008
