Fernando Escalante Gonzalbo
Durante setenta años la estrategia de la izquierda comunista estuvo basada en la mentira; no era la práctica del disimulo o la demagogia, que hay en toda política, sino un verdadero sistema de negación de la realidad. Funcionaba dentro de los países soviéticos, pero también en el resto del mundo, donde los partidos comunistas difundían disciplinadamente el mismo mensaje. Lo fundamental era que la mentira fuese rigurosa, sin la menor concesión: el informe de Krouchev en el XX Congreso del PCUS sirvió de escarmiento, si hacía falta; no se podía admitir ningún defecto, ni el más insignificante atisbo de realidad: el éxito de la estrategia dependía de eso. Sería difícil de creer que la Unión Soviética fuese la realización perfecta de la libertad, pero también costaba trabajo pensar que tanta gente alrededor del mundo viviese en el delirio. En el peor de los casos, quedaba la duda.
Es un reflejo difícil de erradicar. Basta ver, entre nosotros, el manejo de la información en La Jornada. En sus páginas, Cuba sigue siendo una democracia más completa, un país socialista amenazado, lleno de conspiradores, cuya miseria se explica por la política exterior de los Estados Unidos. También ETA viene a ser la voz de los vascos, razonablemente exasperada por la opresión dictatorial del Estado español. Sería interesante, dicho sea de paso, saber de dónde viene esa devoción por un nacionalismo étnico, expansionista, de vocación totalitaria, porque lo defiende con una consistencia y una atención desmedidas, mientras sus patrocinadores, sus accionistas y colaboradores miran hacia otro lado, con un ánimo que recuerda al de los acuerdos de Munich.
La semana pasada fue otra vez de propaganda intensiva, incluyendo reportajes, entrevistas, comentarios y página editorial. El pretexto fue el más reciente golpe de mano del nacionalismo, con el Plan Ibarretxe, y la torpeza de la reacción del gobierno de José María Aznar. El Plan es una iniciativa del gobierno autonómico, que propone desconocer el Estatuto de Gernika y la Constitución española para hacer del País Vasco un Estado Libre Asociado; se quiere aprobarlo en el parlamento local, con la mayoría que hoy tiene la coalición nacionalista, y convocar después a un referéndum. La respuesta del gobierno de Aznar, mediante una serie de recursos jurídicos, ha sido descaminada, políticamente irresponsable y de una insensibilidad ofensiva, que no se justifica, a pesar de que la iniciativa sea en efecto ilegal. Es más importante, sin embargo, la opinión de los vascos: fuera de la coalición nacionalista, el Plan ha sido rechazado por todos los partidos políticos, que representan al menos a la mitad del electorado, lo mismo que por las confederaciones de sindicatos socialistas y comunistas, UGT y Comisiones Obreras, y los representantes del empresariado vasco. Llamarlo Plan para la Convivencia en esas circunstancias es una desvergüenza que daría risa, si no hubiera muertos de por medio.
Los lectores obedientes de La Jornada no tienen por qué saber nada de eso: en la masiva información que se les ofrece, con decenas de páginas en una semana, no hay ninguna referencia a los vascos contrarios al Plan Ibarretxe. Son más de la mitad, pero no cuentan para el delirio etnicista, no son parte del Pueblo Vasco. Como es de ordenanza, el periódico publica dos largas entrevistas sobre el tema: con el actual jefe del gobierno nacionalista, Juan José Ibarretxe, y con una representante del grupo portavoz de ETA, Jone Goirizelaia; en ambas hay el surtido de mentiras, falacias y calumnias que cabe esperar de la propaganda totalitaria. Están en lo suyo. En un alarde de profesionalismo, la redacción del periódico pone una nota al calce donde explica la publicación de las dos entrevistas: “por considerar que es un tema de interés para nuestros lectores”. Sin duda. Sólo llama la atención que a sus lectores no les interese ninguna otra opinión. No digo ya la de José María Aznar, sino las otras opiniones que hay en el País Vasco. La del Partido Popular del País Vasco, por ejemplo, la del Partido Socialista de Euskadi, cuyos militantes han sido acosados, amenazados, asesinados durante años; la de las agrupaciones de víctimas del terrorismo, la de la iniciativa ciudadana “¡Basta ya!”, que encabeza la resistencia civil contra la extorsión nacionalista; la opinión de Fernando Savater, por ejemplo, el más notable de los intelectuales vascos, el que mejor conocen los lectores de La Jornada, que además ha publicado varios libros sobre el problema vasco. No. A los lectores no les interesa ni les debe interesar ninguna otra opinión. Tampoco es saludable que sepan que hace veinticinco años que gobierna el PNV en el País Vasco, con una política sectaria, de discriminación sistemática, para consolidarse un electorado mediante la polarización, provocando una fractura cultural que, hoy por hoy, desemboca en el Plan Ibarretxe.
Una vez depurada la realidad así, La Jornada puede explicarla en un editorial ejemplar, en el que mezcla noticias y declaraciones distintas para hacer una sola papilla ideológica, sostenida a base de mentiras. Dice La Jornada que el Plan Ibarretxe es una iniciativa “para resolver el conflicto vasco en forma pacífica y en el marco del Estatuto de Gernika”: es mentira; en su procedimiento y en su propósito rompe con la Constitución y el Estatuto, contra la voluntad expresa de la mitad de la sociedad vasca. A continuación, La Jornada habla de “una serie de medidas antidemocráticas, represivas y totalitarias adoptadas por las instituciones ejecutivas, legislativas y judiciales de Madrid”, como parte de una campaña para “impedir la libre expresión de los vascos”: es mentira; ni hay esa fantasmagórica conspiración ni la indistinción de todos los poderes públicos, España no es Cuba, ni nadie aparte de ETA y su entorno impide la libre expresión de los vascos en partidos, prensa, elecciones. La estrategia, según La Jornada, pasa por “la proscripción del independentismo” y “la persecución creciente de las ideas de soberanía”: es mentira; nadie ha prohibido el independentismo, ni el del PNV ni el de Esquerra Republicana de Catalunya ni ningún otro. Se persigue judicialmente a ETA y a quienes colaboran con ETA, pero no por sus ideas —si las tienen— sino por los secuestros, asesinatos, extorsiones y atentados.
La Jornada, en hermosa sintonía con Jone Goirizelaia, piensa que el terrorismo es una insignificancia, que no vale la pena casi ni mencionar. Salvo para decir que esa monstruosa campaña de persecución “abona el terreno para los violentos”: es decir, el terrorismo de ETA, lamentablemente, está justificado. Quod erat demonstrandum.
Octubre 2008
