De ser uno de los críticos más consistentes de la ley Televisa, de haber incluso revelado ilegalmente las conversaciones privadas de un funcionario de Televisa, y de dar un seguimiento constante sobre este tema, El Universal ha optado en las últimas semanas por un tratamiento aséptico en la información referida al tema, incluso en su manejo informativo ya no la llama "Ley Televisa", sino únicamente ley de medios.

Lejos está, por ejemplo, el editorial del 29 de marzo de 2006 donde aseguraba: "Como se veía venir, las comisiones de Comunicaciones y de Estudios Legislativos del Senado de la República aprobaron ayer, sin tocarla, la minuta de reformas a las leyes federales de Radio y Televisión, y de Telecomunicaciones [...] El poder de los medios electrónicos de comunicación influye impetuosamente en el ser nacional, para bien y para mal, por lo que resulta inevitablemente extraño que ninguna observación sobre la iniciativa haya sido considerada, ni siquiera desechada con una explicación atenta por parte de los representantes legislativos a sus representados. Tampoco se conoce alguna opinión sobre el particular de parte del Poder Ejecutivo, tan proclive a enjuiciar al Poder Legislativo cuando no tramita diligentemente los proyectos de ley que en Los Pinos se conciben. Es decir, hay una muy extraña complacencia ante lo que está ocurriendo con esta enmienda legal. La situación perturba porque las impugnaciones a las modificaciones de ley se dieron a conocer repetidamente, en todos los tonos, por académicos, intelectuales, especialistas, los mismos radiodifusores, en principio e interesados, en general, en el tema. Las posiciones adversas fueron ignoradas con soberbia. No parece ser este episodio el mejor ejemplo de una administración que se precia de democrática y de representar un cambio. [...] Las enmiendas en vías de aprobación parecen dejar el sector al arbitrio de los consorcios que debieran ser regulados. Actos que estaban bajo la potestad del Estado son cedidos graciosamente a los consorcios, sin compensación alguna".

Semanas después, también en su editorial del 17 de abril de ese año, elogiaba la actitud de los 47 senadores que impugnaron la ley: "Por eso hoy, cuando las reformas a las leyes en la materia despojan al Poder Ejecutivo, con la anuencia de éste, de sus facultades rectoras en los mecanismos de asignación de frecuencias, entre otras, y causan una vigorosa oposición civil, es de la más alta relevancia que ciertos legisladores planteen una controversia constitucional para revisar las recientes enmiendas aprobadas por otro sector de los congresistas [...] Un grupo de senadores se dispone a deshacer el entuerto demandando la intervención de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, de la cual puede esperarse un fallo totalmente favorable a los verdaderos intereses nacionales".

E iniciando este año, en su sección de trascendidos "Bajo reserva", publicó el 19 de enero: "El panista Héctor Osuna, presidente de la Comisión Federal de Telecomunicaciones, se maneja con toda libertad para acomodar a sus amigos en áreas sensibles del sector. Primero puso a su amigo Francisco García Burgos, un viejo panista de Tijuana, en la Cofetel. De acuerdo con datos obtenidos por este espacio, ahora lo colocó en un área de Radio, Televisión y Cinematografía. Usted recordará la proclividad de don Héctor hacia los intereses de la televisora que logró la reforma a la Ley de Medios".

Esas críticas han quedado atrás. Ahora, la postura es otra, salvo la de sus articulistas, entre ellos Javier Corral, Ricardo Alemán, Ricardo Raphael y Alberto Aziz, que mantienen su consecuente postura sobre la ley Televisa.

No hay que olvidar que durante 2006 era claro que el manejo informativo del El Universal obedecía también a los intereses de su dueño por hacerse de un canal de televisión y que ahora buena parte de esas expectativas las encuentra en Proyecto 40.

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