José Antonio Crespo
Hoy se vuelve a abrir una vez más el tema de la reforma política pendiente, al instalarse la Asociación Nacional para la Reforma del Estado encabezada por Porfirio Muñoz Ledo, quien ha venido impulsando este proyecto desde hace años. Antes de que Vicente Fox asumiera la Presidencia, hubo una amplia consulta de expertos sobre el tema, conducida por el propio Muñoz Ledo, de la que surgieron múltiples diagnósticos y propuestas, después, Santiago Creel atrajo el tema a Gobernación y, de manera no sorpresiva, lo dejó morir.
Había en su agenda un tema más importante: su candidatura presidencial. Ahora dice el propio Creel: "Sería un despropósito que los partidos se pararan y con ello todo el país, por tener un proceso de renovación interna, de tener el inicio de la competencia (presidencial)" (20/I/05).
Pues será un despropósito pero ahora, de los seis años del periodo presidencial, algo significativo puede hacerse, si acaso, en sólo dos de ellos. El primer año se ocupa en la instalación del nuevo gobierno y el Congreso; si en él se trata de impulsar alguna ley, se hará precipitada e improvisadamente, como ocurrió con la ley indígena y la reforma fiscal. El tercero, quinto y sexto años están dedicados a las elecciones intermedias, precampañas partidistas y la sucesión presidencial, respectivamente. Son entonces el segundo y el cuarto año cuando algo se puede hacer. De la larga lista de reformas estructurales pendientes, sólo tuvimos la ley de acceso de la información pública y la de servicio profesional de carrera. El cuarto año se fue básicamente en el embate del gobierno federal contra el capitalino.
Tiene razón Francisco Gil Díaz sobre las remotas posibilidades de avanzar en la reforma económica del Estado en el tiempo que resta a este gobierno. Pero en la agenda legislativa hay todavía temas que forman parte de la reforma política del Estado: 1) La más urgente es la reforma electoral, que pretende regular las precampañas (para evitar nuevos casos como el Pemexgate y Amigos de Fox), así como la turbia y desordenada relación entre los partidos y los medios electrónicos. De hecho, este último aspecto es esencial, pues sin él la reforma quedará muy floja, totalmente inadecuada para frenar en alguna medida el exceso de gastos de campaña. Sin esa modificación (propuesta por el PRI y el PRD, pues el Ejecutivo prefirió darle la vuelta para no enfrentar a los poderosos medios), daría lo mismo tener reforma electoral que no.
Y aunque el presidente del IFE, Luis Carlos Ugalde, afirma que habrá normalidad electoral con o sin reforma (no podría decir otra cosa), la realidad es que sin reforma la elección volverá a mancharse y la legitimidad de quien resulte ganador podría ser fuertemente cuestionada. La regulación de las precampañas probablemente resulte ya extemporánea, pues la contienda informal inició ya (con dinero, publicidad y todo). Tampoco dará tiempo para materializar el derecho a sufragar de los mexicanos en el extranjero. Se trata de un operativo demasiado costoso y complicado. Si por cumplir ese propósito se improvisa, se generarán más problemas a una elección que se ve de por sí difícil y reñida. Será abrir un enorme hueco a la credibilidad electoral, que ni siquiera está garantizada en las actuales condiciones.
2) Está también pendiente la reforma a la Ley de Radio y Televisión que será discutida desde febrero en el Senado. Esta reforma es una de las más importantes para democratizar el marco institucional, dada la enorme influencia política que ejercen los medios electrónicos. Está en juego la pluralidad, mayor libertad de expresión que es más fácil de coartar en condiciones monopólicas o duopólicas, el actual arbitrio gubernamental para otorgar o retirar concesiones, un capítulo para hacer más transparente el enorme flujo de fondos partidistas a los medios de comunicación en los procesos electorales, así como el mejor aprovechamiento de los tiempos oficiales del Estado. En este ámbito, nuestra legislación es de las más atrasadas del mundo. Pero dicha reforma encuentra una defensa débil entre los legisladores y la oposición de los grandes concesionarios, celosos de sus privilegios por encima del interés ciudadano. Por lo cual ojalá nos equivoquemos no se vislumbra un pronto éxito en esta pieza central de la reforma política del Estado.
3) Otra iniciativa también pendiente en el Senado es la reelección consecutiva de los legisladores, de acuerdo al espíritu original de la Constitución de 1917, que permitirá dar un poco de mayor autonomía a los legisladores respecto de sus cúpulas partidistas, fortalecer la rendición de cuentas frente a sus electores y, sobre todo, abrir la puerta a una carrera parlamentaria de largo aliento, para que no tengamos que padecer cada tres o seis años un Congreso de debutantes que, cuando apenas se enteran de qué se trata su trabajo muy bien pagado, por cierto se tienen que ir a otro lado. Se ve difícil que todo ello se apruebe en este año, pero hay que insistir en su importancia.
Septiembre 2008
Septiembre 2008
