Raúl Cremoux
EL LITIGIO entre las empresas CNI Canal 40 y TV Azteca era de tal complejidad, que ningún tribunal mexicano se había pronunciado. De ahí que acudieran a un arbitraje internacional que, de principio, carecía de validez judicial. El laudo, tal y como puede ser visto en la página cibernética de TV Azteca, ofrece tantas interpretaciones finales como abogados existen en el país y de ningún modo permitía y justificaba que alguna de las partes se apoderara de la otra. ¿Quién puede imaginar que en la madrugada de un día de asueto se actuara pacífica, civilizadamente con los siete empleados encargados de la seguridad y el mantenimiento de Canal 40 mostrándoles una fotocopia de un documento extranjero para que mansamente cedieran las instalaciones bajo su responsabilidad a desconocidos? ¿Si se quería actuar con pulcritud, por qué no se eligió un horario matutino, con la orden de un juez en la mano y ante la presencia de los abogados de CNI? Proclamar a los vientos "las constancias" de una irrupción pacífica no solamente tiene como base despreciar a la inteligencia colectiva sino que busca el acatamiento indiscriminado a sus designios. De ahí el intento inicial de coptación del periodista Ciro Gómez Leyva y más tarde la amenaza judicial por difundir las versiones emitidas por los empleados vejados.
Sabedores de lo que pasaba, los muy bien pagados vacacionistas gubernamentales de la Secretaría de Comunicaciones, omitieron comportarse conforme lo marca la vigente Ley Federal de Radio y TV y, de acuerdo con el artículo 31, que señala las causas de revocación de las concesiones, proceder a la aplicación de la misma, fundamentada en el párrafo III que indica esa pena por tratar de "enajenar la concesión, los derechos derivados de ella o el equipo transmisor, sin la aprobación de la Secretaría de Comunicaciones". Al cometer esa omisión y con ello permitir ese atropello, el autoproclamado gobierno del cambio incurrió en la falta más grave que desde el nacimiento oficial de la televisión en septiembre de 1950, se haya realizado en contra de emisora alguna. Al mismo tiempo, la sociedad ha presenciado la que quizás sea la campaña mediática más larga, oprobiosa y devastadora que se haya emprendido contra mexicano alguno, lo cual amerita una sanción también semejante a la revocación de quien, amparado en una concesión federal, se vale de esos métodos para resolver un litigio. En los mensajes escritos y hablados de TV Azteca se ha vuelto patológica la búsqueda de argumentos que brinden legitimación a un acto que carece de legalidad y que, paradójicamente revela que las concesiones de los canales 7 y 13 no están en manos serenas, equilibradas, sensatas y hasta patrióticas, como son las que debe poseer quien con el visto bueno del Estado difunda valores informativos y culturales tan urgidos por amplias franjas de la población.
Si el litigio hubiera sido entre dos vulcanizadoras, sería grave que una de ellas arrollara a la otra y el gobierno lo permitiera o interviniera tardíamente; en tratándose de dos concesiones federales cuyo campo de acción es de interés general y el espacio en que transmiten es considerado por la ley respectiva como "patrimonio de la nación", el precedente es literalmente gravísimo. Significa que un poder, distinto del que se deriva del sufragio popular, está por encima de todos los mexicanos. Tiene alcances que desbordan un asunto entre particulares ya que los medios masivos son hoy portadores nada menos que de la identidad nacional y de aquellos valores que pregonamos como los nuestros. El desarrollo del litigio entre dos empresas concesionarias como se ha dado desemboca en pérdida para todos y arrastra principalmente al gobierno, al que obligadamente habrá que preguntarle ¿acaso este tiempo transcurrido fue acordado para que TV Azteca impusiera medidas que sean ya un hecho consumado ante el cual el gobierno foxista no haga otra cosa que legitimar? La inexplicable tardanza de las secretarías de Comunicaciones y de Gobernación en entrar al asunto, así como la actitud del propio señor Fox respondiendo a los reporteros no ver la razón de intervenir, dejan tan sólo dos interpretaciones: o los agentes gubernamentales son ineptos o están coludidos. La primera hipótesis es natural. Se deriva de dos años en el gobierno plenos de zigzagueos, promesas incumplidas, mentiras y yerros de orden variado. La segunda está anclada en los respaldos y derivaciones de ello contraídos por el candidato Fox con la televisión comercial concesionada. Agréguese que Canal 40 hasta el 27 de diciembre, representaba en sus informativos, la opción más fresca, innovadora, pero sobre todo, la más contestaria. Los tardíos primeros pasos de las secretarías de Comunicaciones y de Gobernación, debieron ser los de aplicar la ley; es decir, no permitir que reine la ley de la jungla. La requisa con la cual amenazan se aplica cuando existe un servicio público que corre el riesgo de no prestarse. Entérese la autoridad que la radio y la televisión no están consideradas de ese modo sino como entidades de interés público tal y como indica el artículo 4o. de la vigente ley del ramo y el tratamiento es justamente el que marca la ley.
Octubre 2008
