Javier Corral Jurado
Hace un año, por decisión unánime del Congreso, se creó en el artículo 226 de la Ley del Impuesto Sobre la Renta, un estímulo fiscal para los inversionistas mexicanos que participaran en la producción de películas nacionales, realizadas en territorio nacional. Aquí mismo, en estas páginas celebramos el paso dado, pues significó una batalla librada frente a las tesis neoliberales que han postulado la eliminación de cualquier medida de apoyo, subsidio o incentivo fiscal a las industrias culturales, en una de las vertientes más oprobiosas de la defensa que se hace del Tratado de Libre Comercio con Estados Unidos.
Muchos aplaudieron esa medida, incluidas por supuesto las áreas de Gobernación y del Consejo Nacional para la Cultura y las Artes. Sin embargo y pese a que el estímulo recibió el apoyo de todos los grupos parlamentarios representados en el Poder Legislativo, todo este año quedó congelado, y en los hechos se hizo nugatoria la voluntad de los representantes federales. El estímulo no se pudo aplicar por virtud de una falta de voluntad política para concretar en tiempo sus reglas de operación, y luego, por una engorrosa interpretación de sus alcances en términos de "acreditabilidad" y "deducibilidad", ambos diques construidos por funcionarios menores de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público.
Al Instituto Mexicano de Cinematografía, organismo público descentralizado que le corresponde impulsar, fortalecer, promover y coordinar la actividad cinematográfica nacional, le fue impuesto por el área de Ingresos de la Secretaría de Hacienda un largo valladar para aprobarle las reglas que propuso para hacer transparente y certero el otorgamiento de dicho estímulo, lo que al final tampoco sucedió, pues sobrevino una interpretación contradictoria del alcance de esa disposición, que la secretaría no quiso resolver mediante sus frecuentes "reglas misceláneas". En el fondo, una resistencia inaudita a la operación del primer incentivo cultural que se presentaba después de 10 años de TLC, y con el que el Estado empieza a asumir de nueva cuenta una función de fomento de la actividad que es expresión y reflejo de la identidad e idiosincrasia de los mexicanos y vehículo de comunicación artística y educativa: el cine nacional.
Ante ello y para eliminar cualquier rendija por donde se pueda filtrar una interpretación que lo vuelva a inhabilitar, se ha edificado en la semana pasada un importante consenso entre los grupos parlamentarios en el Congreso para hacer la reforma pertinente que clarifique la exacta voluntad de los legisladores, e incluso para elevar del original 3% a 10% el acreditamiento de la inversión en el Impuesto Sobre la Renta.
Tanto los líderes parlamentarios en el Senado como en la Cámara de Diputados ya han expresado su aval y obsecuencia. Y el presidente de la Comisión de Hacienda en la Cámara de Diputados, don Gustavo Madero, ha ofrecido sus mejores oficios para procesar la iniciativa que le fue turnada el pasado jueves. El secretario de Hacienda, licenciado Francisco Gil Díaz, me ha confirmado su voluntad para poner de inmediato en operación y aplicación la voluntad de los legisladores, en cuanto salga la reforma que define a este mecanismo de fomento con mayores detalles.
Hay que decirlo con toda claridad: el sector más rezagado en apoyos y estímulos es el de la producción cinematográfica, y el que enfrenta el más injusto trato de la distribución del peso en taquilla. Los que hacen las películas directores y productores son los que menos reciben. Ese tema también está en la mira del Congreso para resolver y cerrar esa disparidad de la que México es uno de los casos más patéticos, teniendo además una ardua competencia frente al cine extranjero.
Es alentador que la cultura una a la pluralidad parlamentaria. Que el objetivo de volver a tener una producción nacional de calidad en la cinematografía concilie posiciones y logre acuerdos entre partidos y entre cámaras. Es el reconocimiento al fin de cuentas de una industria que, por su sentido social, es una actividad cultural de primer orden, pero que también es, y hay que subrayarlo, una actividad industrial que produce una importante derrama económica al país, así como una fuente significativa generadora de empleos directos e indirectos.
De ahí la enorme contradicción que se da: el capital privado nacional observa con desaliento un mercado potencialmente rico en oportunidades que no ofrece incentivos fiscales como en las industrias similares en el extranjero.
El Estado ha hecho esfuerzos innegables para incrementar las partidas, del monto de donde las recibió. Sin embargo, y no obstante que la Secretaría de Hacienda tiene perfectamente registrado que las aportaciones fiscales federales se recuperan vía pago de impuestos que realizan los contribuyentes que integran la cadena productiva de la industria cinematográfica, las partidas presupuestales que ha realizado el gobierno de la República hasta la fecha han resultado insuficientes. Hay que recordar que la Ley Federal de Cinematografía creó dos fondos dirigidos por medio del Instituto Mexicano de Cinematografía: el que otorga recursos a la Producción Cinematográfica de Calidad y el Fondo de Inversión y Estímulos al Cine.
Quizás el dato más interesante y a la vez esperanzador es que, aun y con las limitaciones presupuestales y las inequidades del mercado, la participación de las películas apoyadas por dichos fondos, en eventos de competencia, ha sido altamente satisfactoria al haber obtenido un sinnúmero de premios nacionales e internacionales, contribuyendo así al enaltecimiento y difusión de la cultura nacional en todo el orbe.
En nuestro país están dadas las condiciones para incorporar cada vez más a inversionistas privados, y la creatividad artística e intelectual para las realizaciones cinematográficas está a la vista en esta última etapa del cine mexicano. Hay talento, y jóvenes fuerzas en el guión y la dirección refrescan y recuperan la magia y el sueño que es el cine.
Diciembre 2008
