Javier Corral Jurado
La toma de las instalaciones de transmisión de Canal 40 la madrugada del viernes 27 de diciembre y el apoderamiento de su frecuencia por un grupo armado que actuaba a nombre de los directivos de Televisión Azteca parecen confirmar la advertencia de numerosas voces respecto a que en México se erige paso a paso, con deliberada y acuciosa intención, un poder mayor que el del Estado Nacional: el poder de los medios electrónicos de información.
La impunidad humilla al País. ¿A nombre de qué, o con base en qué respaldo, puede una empresa televisiva en conflicto jurídico con otra, tomar en sus manos la supuesta ejecución de la ley, operarla con sus propios medios violentos de disuación y disponer del espacio radioléctrico que pertenece a la nación y sólo a la nación?.
Estamos ante una violación del orden jurídico fundamental más que flagrante : de suma gravedad y de mayor trascendencia que el conflicto judicial en que pretende sustentarse, puesto que atañe a la legitimidad exclusiva del Estado democrático en el uso de la fuerza y a su soberanía sobre los bienes nacionales.
Es urgente, imperioso que las autoridades federales impongan su ineludible potestad en el asunto CNI-AZTECA, que con la ley en la mano reestablezcan el orden jurídico quebrantado, encaucen judicialmente a los infractores, insten al Poder Judicial a sujetar a quienes intentan imponer su propia ley y resarzan de inmediato la soberanía estatal sobre el espacio radioeléctrico.
Es fundamental garantizar el derecho a la información de todos los mexicanos, por lo que es necesario el reestablecimiento de los noticiarios de CNI Canal 40.
El Poder Legislativo, tampoco puede pasar por alto este desafío que pone en riesgo tanto la eficacia de las instituciones como su legitimidad.
