Ciro Gómez Leyva
¿Jugó limpio el equipo de Ernesto Zedillo?, pregunté aquí el martes al revisar el pleito legal entre Ricardo Salinas Pliego y el gobierno mexicano por el caso Unefon.
El 18 de mayo de 1998, varias empresas obtuvieron concesiones para operar bandas de telefonía móvil, entre ellas Unefon, de Salinas Pliego, que se comprometió a pagar 2 mil 620 millones de pesos en dos exhibiciones. Cumplió en plazo con la primera: 524 millones el 30 de junio de ese año.
Pero el 31 de agosto, Unefon solicitó una prórroga de 180 días para pagar los 2 mil 96 millones de pesos restantes. Pese a que la licitación no lo establecía, el gobierno, a través del pleno de la Cofetel (Comisión Federal de Telecomunicaciones), presidida entonces por el hoy secretario del Trabajo Javier Lozano, concedió la prórroga el 30 de septiembre, con un interés de TIIE más ocho puntos. ¿Habría ganado Unefon la licitación si otras compañías hubieran sabido que la autoridad les daría un plazo adicional en caso de que incumplieran el pago?
Quizá sea una coincidencia administrativa, pero el 29 de septiembre, un día antes de que Cofetel le notificara la aceptación de la prórroga a Unefon, esta empresa le notificó a Cofetel que había iniciado un litigio en contra del gobierno por cobro indebido de intereses. ¿Cobro indebido por una prórroga que para esa fecha ni siquiera sabía formalmente que le sería autorizada?
A pesar del antecedente, el 29 de marzo de 1999, el gobierno le dio una segunda prórroga a Unefon: TIIE más diez puntos.
Siete años después, luego de un largo litigio, Unefon recibió del erario 550 millones de pesos por intereses “indebidamente cobrados”. Y reclama aún 3 mil millones.
Octubre 2008
