Ciro Gómez Leyva
Es difícil replicar a quienes repiten que la justicia en México es uno de los instrumentos de los poderosos para saquear al erario.
En estos días se ha vuelto a hablar del caso Unefon, la empresa de Ricardo Salinas Pliego que, el 18 de mayo de 1998, ganó una licitación para operar 27 bandas de telefonía móvil. Las bases le daban hasta tres meses para pagar las concesiones recibidas. No lo hizo. Solicitó y obtuvo de la autoridad dos prórrogas (indebidas, según el reciente Informe de la Auditoría Superior de la Federación), con un cobro de intereses que terminó sumando cerca de 700 millones de pesos.
Unefon cumplió, por fin, en junio de 1999, pero el asunto no quedó zanjado. Sus abogados, mejor remunerados que los del gobierno, promovieron un recurso para reclamar la ilegalidad del cobro de intereses. ¿Jugó limpio el equipo de Ernesto Zedillo?
Vino entonces un largo litigio y en noviembre de 2005, Unefon anunció como favorable un fallo del Sexto Tribunal Colegiado en Materia Administrativa. Así lo interpretó también el gobierno de Vicente Fox después de una tímida apelación y sin tener una sentencia firme en la mano.
Luego de haber obtenido dos prórrogas y hecho un jugosísimo negocio (que incluye el sinuoso capítulo de Codisco, 2003-2004, que le valió a Salinas Pliego la inhabilitación en el mercado bursátil de Estados Unidos), Unefon recibió en las últimas horas del sexenio foxista 550 millones de pesos del erario por los intereses “indebidamente cobrados”.
La historia no acaba ahí. Unefon reclama ahora al gobierno de Felipe Calderón el pago de más de 3 mil millones de pesos por “actualización de intereses”. Y quiere ese dinero ya. Sus abogados trabajan en ello.
Ese es el México legal donde triunfa Salinas Pliego.
Julio 2008
