Los días en que Javier Corral sí condenaba el espionaje telefónico

La grabación ilegal de las conversaciones que tuvo el abogado de Televisa Javier Tejado con representantes de telefónicas y su posterior publicación en El Universal no le merecieron al senador Javier Corral la actitud crítica que en otras ocasiones similares ha manifestado. De hecho, en esta ocasión su posición fue de consentimiento pues como escribió en su columna en El Universal del 7 de marzo: "Quizá más pronto de lo que Fátima se imaginó, la información llegó la semana pasada. Con la divulgación que El Universal hizo de conversaciones telefónicas entre el licenciado Javier Tejado Dondé (Televisa) y funcionarios de Alestra y Avantel, así como con su propia asistente la licenciada Blanca Romano, se confirma lo que en este espacio advertimos: las presiones indebidas que sobre diversos actores viene realizando Televisa en aras de presentar un forzado 'consenso del sector' a favor de su minuta. De manera especial, en esas grabaciones, se documenta la ejercida sobre la Canieti". En esa columna, no hay una sola línea que repruebe los mecanismos utilizados por el medio que las divulgó, como sí ha sido una constante por parte del senador por Chihuahua en anteriores ocasiones.

Por ejemplo, cuando Televisa divulgó las conversaciones privadas entre los hermanos Raúl y Adriana Salinas de Gortari en octubre de 2000, una nota de El Universal del 12 de octubre de 2000 reprodujo la opinión del senador: "Javier Corral Jurado, senador panista, sostuvo que lo importante es regular la información, porque no se puede recurrir a la comisión de un delito para buscar información. Recordó que la intervención telefónica es ilegal, y sólo se autoriza para combatir el crimen organizado y mediante una orden judicial. Consideró preocupante el hecho de que una disputa en el poder genere distracciones e intervenciones telefónicas que son conductas reprobables".

Un mes antes, y a propósito de lo que divulgó El Universal sobre presuntas acciones de espionaje en las oficinas del presidente electo, Vicente Fox Quesada, el 22 de septiembre de ese año, los reporteros Lucero Ramírez, Jorge Herrera, Jorge Teherán y Jorge Ramos consignan en una nota que "El senador del PAN, Javier Corral Jurado, exigió investigar al presidente Ernesto Zedillo y al secretario de Gobernación, Diódoro Carrasco Altamirano, por el caso de espionaje en contra del presidente electo Vicente Fox Quesada".

En fechas más recientes, cuando se divulgaron las conversaciones entre los perredistas Martí Batres y Alejandra Barrales, en su columna semanal del 19 de octubre de 2004, Javier Corral escribió: "¿Quién pondrá fin a la utilización indebida, lo mismo para el periodismo que para la política o la economía, de las conversaciones telefónicas privadas?, y sobre todo ¿hasta dónde llegará este asalto a la intimidad?, y ¿en nombre de qué?".

Hacemos una cita en extenso porque vale la pena recordar lo que en aquella ocasión consideraba Javier Corral sobre la intercepción y divulgación de conversaciones privadas:

"El despliegue mediático de la semana pasada por medio del cual se dieron a conocer las conversaciones telefónicas entre el Subsecretario de Gobierno del Distrito Federal, Martí Batres Guadarrama y la Diputada Federal Alejandra Barrales, y varios actores perredistas más en torno a los hechos ocurridos en la Cámara de los Diputados la semana antepasada, lo único que realmente prueban es hasta donde ha llegado la disputa política en México, el perverso camino que ha tomado el golpeteo preelectoral y de paso, los endebles cauces éticos por los que transita el ejercicio comunicacional, dispuesto a reproducirlo todo con tal de ganar la primicia, trofeo efímero en la pelea por el rating. Periodismo y política se encuentran en la flaqueza pragmática que los define hoy. ¿Nos dieron a conocer algo nuevo que no supieramos por el análisis de los propios hechos?, ¿Están involucrados los filtrados perredistas en delitos graves?. Hasta ahora pareciera que sólo en uno, y en carácter de víctimas: el de la intercepción ilegal de comunicaciones telefónicas".

[...]

"Porque en México vale un cacahuate el principio de seguridad jurídica para la privacidad de las personas. Y eso es un crimen.

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"He sido un defensor de la vida privada de las personas. Cuando se violenta ese espacio personalísimo, esa agresión me lastima y me levanto solidario con las víctimas. No distingo calidades, ni partidos, porque estoy absolutamente convencido que esa conducta es contra todos. Hace años, esa vulnerabilidad de inocentes me lanzó con todo a luchar por un marco regulatorio para imprimir responsabilidad social al ejercicio de la Libertad de Expresión.

"Tengo documentados cientos de esos atropellos. Cruzan a pillos e inocentes. En la mayoría de los casos son estratagemas distractoras de la atención pública sobre asuntos fundamentales, 'cortinas magnetofónicas' con las que se desvía hacia la morbosidad a la volátil visión ciudadana.

[...]

"Muchos de los que hoy fustigan la práctica deleznable de interceptar indebidamente conversaciones telefónicas, ayer festejaron la acción. No debemos enderezar nuestro rechazo según la víctima. Es hora de reflexionar, y detenernos un momento, contener las fobias indómitas; esa apuesta parece capaz de atentar contra si misma. Se está vulnerando un principio básico de la civilidad, el respeto a la persona. Si ese piso se cae, se derrumba el edificio de la relación social, todo será demolición y ruina, eso que se conoce como erosión social.

"Lo verdaderamente grotesco es que hasta hoy, no hay un solo caso sancionado, o inducido ligeramente hacia una verdadera investigación. Que nadie tenga duda, que se trata de un delito. En México el derecho a la privacidad está regulado por el artículo 7 de la Constitución al prescribir como límite a la libertad de información el respeto a la vida privada. También es aplicable el artículo 16 constitucional, primer párrafo que dice: 'nadie puede ser molestado en su persona, familia, domicilio, papeles o posesiones, sino en virtud de un mandamiento escrito de la autoridad competente que funde y motive la causa legal del procedimiento'.

"Aunque no como en otros países que han legislado todas las directrices del derecho a la intimidad, desde el honor hasta el derecho a la propia imagen; el de la privacidad tiene en nuestro país asidero jurídico para emprender una verdadera acción correctiva. Si en realidad se quiere parar esta escalada de asalto a las personas.

"No hay posición política que valga, sofocando ese valor; no hay acción periodística importante que tenga su base en ese delito. Es momento de actuar."

Julio Chávez Sánchez