José Carreño Carlón
“La Suprema Corte de Justicia de la Nación no hace política (pero) incide en la política”, dijo el jueves pasado el presidente de ese alto tribunal. Una expresión afortunada de un mensaje esclarecedor, a la vista de las resoluciones de estos días.
Porque con la invalidación de algunos de los artículos centrales de las reformas aprobadas por el Congreso en materia de telecomunicaciones y radio y televisión, la Corte ciertamente incidió en algo tan políticamente trascendente como la restauración del poder presidencial y de su burocracia para tomar decisiones en materia de radio y televisión y telecomunicaciones, así como para nombrar a las autoridades del órgano regulador, sin el cotejo del Poder Legislativo.
Pero con su resolución de la semana pasada la Corte incidió también en la política con un doble golpe al Congreso, al deslegitimar su trabajo legislativo y al despojarlo de la facultad de objetar nombramientos presidenciales que había depositado en el Senado.
Mientras que con su determinación de esta semana la Corte incidió en algo tan políticamente delicado como la disminución del órgano que alguna vez se equiparó al Poder Electoral autónomo de otros países. Fue al desechar la controversia planteada por el IFE contra el presupuesto aprobado por la Cámara de Diputados, que dispuso, más allá de sus facultades, la manera de recortar internamente los recursos del Instituto Federal Electoral, a fin de dejar intocados los cuantiosos fondos destinados a los partidos.
Ello, con el efecto adicional de incidir en la percepción de que el golpe favoreció esta vez no sólo al Congreso —compensado así del golpe recibido en la ley de medios— sino a los partidos en él representados, a costa de la institución electoral.
El mensaje final de las resoluciones de la Corte parece ser el de que es la Constitución la que, en sus actuales términos, impide matizar las facultades presidenciales en materia de radio y televisión y telecomunicaciones y la que impide reconocerle al IFE legitimación activa para promover controversias constitucionales frente a otros poderes, en este caso, el Legislativo y su decisión de determinar la distribución interna del presupuesto del IFE.
Y si se estima que estas resoluciones, con su incidencia en la vuelta a las facultades discrecionales del Ejecutivo en el manejo de la comunicación pública —y en el debilitamiento del órgano electoral—, pueden impactar el futuro inmediato de la democracia, la modernización de las telecomunicaciones y la estabilidad de los procesos electorales, lo que procede es reformar la Constitución, parecería ser el mensaje completo.
Presidencialismo y partidocracia
El problema es que en estos campos de controversia, todo apunta al estancamiento. Porque los beneficiarios de estas incidencias de la resoluciones de la Corte en la política: la burocracia del Poder Ejecutivo —en el caso de la comunicación— y la partidocracia que controla el Congreso —en el caso del Presupuesto— son los menos interesados en acordar reformas que maticen siquiera sus respectivos poderes de decisión.
En el caso de las leyes de medios y de telecomunicaciones, el frente —o la coalición, como la caracterizó Luis Rubio— contra la llamada ley Televisa, empezó a disolverse al día siguiente del jueves pasado, en que la Corte formalizó sus resoluciones de inconstitucionalidad.
Ya el viernes, el Ejecutivo se había levantado de la mesa con sus ganancias. La principal: la restitución de sus poderes para tomar decisiones, entre ellas la de nombrar sin contrapesos a las autoridades del órgano regulador. Allí, en Televisa Radio, el secretario de Comunicaciones decretó el fin de fiesta antimonopolios y anunció que no habrá promoción inmediata de nuevas iniciativas. Luis Téllez mostró especial interés en minimizar la versión de sus compañeros de viaje —los promotores de la acción de inconstitucionalidad— sobre lo que éstos han considerado el gran golpe de la Corte a las televisoras. Mientras que las televisoras tampoco dan muestras del menor interés por reabrir el debate.
En busca del poder perdido
Parecería que ambas partes entendieron que la expectativa del gobierno no estaba tanto en confrontarse con el sistema dominante de medios y telecomunicaciones, sino en recuperar para la burocracia la posición perdida por Fox como gestor del complejo político empresarial de control de la comunicación pública.
La lucha actual del titular de la SCT parece reducida a meter a sus funcionarios más cercanos como autoridades de un órgano regulador que el Congreso había previsto con mayores grados de autonomía del gobierno, en las reformas hoy invalidadas. Y todo indica que al recuperar el control del órgano regulador, el gobierno sólo se propone recobrar presencia en los procesos de toma de decisión en los que Fox lo había dejado sin fichas de negociación con el sistema mediático.
No parece que el Ejecutivo vaya a utilizar su renovado control sobre la Cofetel para oponerse a los planteamientos del sistema mediático, sino para atenderlos en el esquema tradicional de intercambios del complejo político empresarial que históricamente ha regido a los medios.
La conformidad del secretario de Comunicaciones con el saldo alcanzado con las resoluciones de la Corte embona con su pretensión de dejar las normas como quedaron, es decir, casi igual a como operaron a lo largo del último medio siglo.
Así se expresó Téllez el viernes, con Carmen Aristegui, del regreso a la ley de 1960, parchada por Echeverría (1974), López Portillo (1982), De la Madrid (1986) y Zedillo (2000): “La sentencia de la Corte deja un marco jurídico… completo, con una arquitectura adecuada, con el cual se puede operar… No (hay que legislar ni hay que sacar una nueva ley)… la ley funciona; la ley puede permitir que las telecomunicaciones y la radiodifusión en México sigan operando normalmente. Creo que ése es un primer punto que el público debe de tener muy en cuenta. No hay por qué apresurarnos, no hay por qué tomar una decisión por parte del Ejecutivo (ni) por parte del Legislativo…”.
Más allá de la discusión anecdótica de esta semana sobre si el Ejecutivo “avaló” previamente las resoluciones de la Corte, aparece el hecho central de que el discurso de guerra contra los poderes fácticos —que el gobierno parecía compartir con los promotores de la acción de inconstitucionalidad— se tradujo en una guerrilla burocrática de un secretario que descalifica a los comisionados de la Cofetel, con el aplauso de sus ex compañeros de viaje de la coalición contra la llamada ley Televisa, sólo para colocar allí a los suyos.
Diciembre 2008
