Mario A. Campos
La primera vez que supimos de su existencia fue en las páginas de
Milenio Diario. Se trataba, según una nota
publicada en su primera plana, de un video en el que integrantes de Los Zetas -un grupo de desertores del Ejército Mexicano
al servicio del narcotráfico- eran mostrados con evidentes muestras de tortura en un video, al tiempo que realizaban
diversas declaraciones sobre su modus
operandi. El material no generó mayores reacciones y se perdió en la rutina informativa
hasta que volvió a aparecer en las páginas de un diario estadounidense:
The Dallas Morning News, y sólo entonces fue que
el resto de los medios mexicanos hicieron eco de su contenido.
Como es lógico, en la mayoría de los espacios mediáticos se describió lo que ahí se mostraba. Se presentaron
imágenes de los hombres golpeados y se dio cuenta de la ejecución de uno de los detenidos. Incluso, en notas de portada se
reprodujeron las declaraciones de los secuestrados sobre sus recientes y próximas ejecuciones, y sus presuntas relaciones
con autoridades y colaboradores de diversos medios de comunicación, lo que llevó a funcionarios del gobierno mexicano
a desmentir lo ahí dicho.
Es lógico que ante un material de esta naturaleza se generen reacciones intensas: el gobierno debe decir lo que sabe y
los ciudadanos debemos expresar nuestra condena. Sin embargo, todo este episodio tiene otra arista de la que se ha dicho
muy poco: el papel de los medios de comunicación en la difusión de este tipo de materiales.
Lo primero que debe llamarnos a la reflexión es la cobertura a un video que parece expresamente creado para ese
fin. Como ocurre con los grupos en Irak que graban sus atentados y secuestros, pareciera que en este caso se usó a los
medios para enviar una serie de mensajes a distintas audiencias: autoridades, periodistas, enemigos y por supuesto, a la
opinión pública, a la cual se pretende manipular. Esto debe preocuparnos pues hasta ahora los narcotraficantes mexicanos no
habían empleado recursos de este tipo.
Si se difunde este contenido como ya se ha hecho, lo que se está haciendo es enviar un mensaje muy delicado a
los delincuentes: el espacio está abierto para su material. No es difícil entender las graves implicaciones que esto puede
tener, si se vuelve una práctica común la grabación de ejecuciones como canal de comunicación masiva. A esto, se suma
la facilidad con la que se concede credibilidad a lo que se dice en el video. Si en condiciones normales ningún sistema
judicial puede tomar en cuenta las palabras de una persona sometida a torturas, ¿por qué lo hacemos cuando se trata de un
video difundido por grupos ligados al narcotráfico? Flaco favor le hacemos al país cuando ponemos en el mismo plano a
nuestras autoridades, que a hombres sometidos que muy probablemente estén siguiendo las instrucciones de sus captores.
Este caso, hasta ahora único, debe entenderse también como parte de un debate más amplio sobre la relación que
debe prevalecer entre los medios y los presuntos narcotraficantes. En este sentido, por ejemplo, deberíamos preguntarnos si
es legítimo que un diario publique desplegados que posiblemente sean pagados con dinero obtenido por la venta de droga.
Si bien es cierto que no podemos negar a nadie el derecho de expresión, eso no implica que se deban aceptar recursos
posiblemente ilegales. De lo contrario se estaría cayendo en el mismo discurso que hipócritamente ha justificado la existencia
de las narcolimosnas.
Ante este dilema lo que se propone es muy simple: que los medios den salida a la información proporcionada por
los presuntos delincuentes cuando se trate de supuestas violaciones a sus derechos -con las reservas del caso, por
supuesto- pero sin aceptar su dinero.
Finalmente, en esta misma lógica tampoco podemos celebrar la difusión de documentos proporcionados en el
anonimato por fuentes presuntamente ligadas a capos, en los que se menciona a diversas autoridades estatales y federales, tal y
como ocurrió el pasado 5 de diciembre con la nota principal de
Diario Monitor.
Pudiera parecer innecesaria esta discusión cuando en México aún son cosa menor las estrategias de comunicación
del narco, sin embargo, no debemos esperar a que se produzca un cambio drástico en el escenario para empezar a tomarlas
en serio. En la batalla contra el crimen organizado todos debemos cumplir con nuestra parte, y los medios de comunicación
no pueden ser la excepción. Por eso, este debate no debe esperar más.
Diciembre 2008
