Aleida Calleja
En un hecho sin precedentes en materia de radio, televisión y telecomunicaciones en nuestro país la Suprema Corte de Justicia de la Nación determinará la constitucionalidad de las reformas que se hicieron en el Congreso. Sobre el caso el máximo tribunal del país estableció varios mecanismos hasta ahora inusuales y que muchos de los actores interesados en la materia celebramos. El primero de ellos es reconocer formalmente la figura de los amicus curiae, documentos con argumentos legales de instancias que no están dentro del litigio, como elementos para su discusión por parte de actores no involucrados en el litigio, como forma de allegarse información necesaria para un análisis integral. El segundo fue la transparencia y la apertura de los ministros ante la sociedad, aceptando audiencias públicas y la publicación del proyecto del Ministro Salvador Aguirre Anguiano en su página Web.
Los ministros han reconocido que es un tema en el que hay muchos intereses y de alta complejidad. En efecto, lo es, sobre todo porque lo que esta en juego es la determinación de los injustificables privilegios que las reformas dieron a los grupos mediáticos más poderosos del país, que de acuerdo a diversos análisis violentan preceptos constitucionales, incluidos los que nosotros mismos como medios comunitarios hemos sustentado y argumentado.
Sin embargo cuando se acaban los argumentos de las partes empiezan las descalificaciones, omisiones y hasta faltas a la verdad, tal como se evidencia en el trato informativo que esos grandes medios han hecho en las últimas semanas, con un claro objetivo de descalificar al oponente y manipular la opinión pública, utilizando sus propios canales de difusión, en franca violación a los derechos informativos de la sociedad en su conjunto. Es derecho de estos concesionarios externar su opinión sobre el tema en el sentido que consideren necesario, pero es engaño presentar su posición como información noticiosa y veraz.
No es ninguna novedad la descalificación que durante años han hecho estos grandes medios y otros hacia las radios comunitarias, hasta no hace pocos años presionaron hasta lo indecible para su persecución y condena, bajo la lógica de que la existencia de los medios comerciales implican la anulación de otros medios distintos a sus intereses. Sus acusaciones nunca tuvieron sustento demostrable, pero las radios comunitarias si le acreditaron al Estado mexicano la función social que cumplen, y obtuvieron sus permisos de operación tal como era la exigencia por ser un derecho que corresponde a los grupos ciudadanos.
Por ello contrasta que en la emisión noticiosa de Televisa del 23 de mayo a las 22:50, conducido por López Doriga, vuelva al viejo discurso de la ilegalidad de las radios comunitarias para descalificarlas en plena discusión de la inconstitucionalidad de la llamada Ley Televisa, cuando el reportero Iván González, dice: "En los últimos años ha crecido sin control el número de estaciones de radio ilegales en todo el país, algunas de esas estaciones se autodenominan radios comunitarias. En México, la figura de radio comunitaria no existe legalmente, las leyes mexicanas únicamente contemplan las radios oficiales, culturales y de experimentación, es por eso que la mayoría opera la margen de la ley…"
La nota omite la larga batalla legal de las radios comunitarias para obtener sus permisos oficiales de operación, a lo que se opuso ferozmente esta empresa a través de su en aquel entonces asesor jurídico, Javier Tejado Donde, algo que no puedo dejar de interpretar como manipulación informativa, pues de nueva cuenta se quiere hacer pensar que radio comunitaria es igual a ilegal, lo cual no es cierto. Además esta información contrasta de manera sustancial con lo que declaro este mismo personaje entorno a la preocupación de que derogarse la ley, los medios permisionados estaríamos en riesgo ante el proceso de convergencia digital.
La maquinaria para descalificar esta a todo lo que da, Sergio Sarmiento, en su artículo La otra versión del 21 de mayo en el periódico Reforma establece que: "El ministro Aguirre Anguiano afirma que los legisladores omitieron reglas ""para que los pueblos y las comunidades indígenas... puedan adquirir, operar y administrar medios de comunicación". Es verdad, pero yo me pregunto: ¿A quiénes se entregarán estas concesiones? ¿A los comisarios ejidales? ¿A los caciques priistas? ¿A los caciques perredistas? Me temo que se acerca una oleada de abusos y de corrupción, y una lucha entre caciques por esas concesiones que no podrán licitarse.
Resulta lamentable que la visión sobre los pueblos indígenas se reduzca a definirlos como caciques, abusadores y corruptos, sobre esa concepción el señor Sarmiento justifica negarles el derecho legítimo que le da la constitución mexicana en su artículo segundo, cuando precisamente lo que quiere garantizar dicho precepto constitucional es evitar su histórica exclusión y que el país asuma se carácter pluricultural. Pregunto ¿ser indígena es ser corrupto? Me temo que la discriminación, que a veces se acerca al racismo, aun prevalece en nuestra sociedad. No cabe duda, aun falta mucho para una cultura integral de los derechos humanos.
Ahora resulta que si las comunidades indígenas operan permisos de radio y televisión vendrá una ola de corrupción, seguramente será porque eso no existe en el país por parte de la población restante, de la clase política, empresarial o gubernamental, eso si que es una gran revelación.
Lo hemos dejado claro y los sostenemos con hechos: la radiodifusión comunitaria, tiene vocación de legalidad y es legal, tiene como esencia el fin social, por ello no persigue concesiones sino permisos sin fines de lucro, por eso utilizan la figura de Asociaciones Civiles que se atienen a leyes concretas que las regulan, no tiene ninguna filiación partidista ni religiosa. La radiodifusión comunitaria es el derecho legitimo a la libertad de expresión y derecho a la información que ejercen los grupos mas vulnerables y pobres de nuestra sociedad para su desarrollo y que conforman mas de la mitad de país.
Pequeña esta resultado la capacidad política de discutir un tema trascendental para el país por parte de algunos actores, grande la impunidad para utilizar los medios para descalificar al oponente, sin permitirle el derecho mínimo de replica que han pedido los atacados, como es el caso de Javier Corral. Por estos excesos es que es necesario un nuevo marco normativo que de certeza jurídica a todos y regule responsablemente el ejercicio de la libertad de expresión, y, que garantice la responsabilidad social que tenemos todos los medios de comunicación.
