Ricardo Alemán
La noche previa a la que en comisiones el Senado de la República aprobara el dictamen de las reformas federales a las leyes de Radio y Televisión y de Comunicaciones, la llamada "ley Televisa", los dos grandes consorcios de la televisión privada mexicana, Televisa y Televisión Azteca, presentaron en sus noticieros estelares sendos editoriales en los que defendieron con peculiar intensidad las supuestas "bondades" de la reforma. Pero mostraron, sobre todo, una preocupante intolerancia a la crítica.
En su informativo estelar, El Noticiero, Televisa resaltó que a lo largo de más de 100 días "algunos que se asumen como poseedores de la verdad y redentores de la democracia se han dedicado a agredir, denostar y hasta difamar a Televisa. Televisa respeta, como siempre lo ha hecho, las críticas objetivas a su labor y las divergencias de buena fe sobre cualquier asunto público. Pero Televisa no puede entender, aunque tenga que aceptar -como ha aceptado-, que quienes suponen que sólo su voz es válida, sólo su punto de vista es patriótico, sólo su conciencia es digna, sólo sus palabras son verdad; sólo ellos son únicos".
A su vez, en su noticiero Hechos de la Noche, Azteca señaló que a raíz de que en la Cámara de Diputados se aprobó por unanimidad la llamada "ley Televisa", que luego pasó al Senado para su revisión, aprobación, enmienda y/o rechazo, "las críticas no se hicieron esperar. En muchos medios aparecieron las voces de siempre, las voces que quieren mantener al país en el oscurantismo, la opacidad y la discrecionalidad... resulta notable esta ola de ataques y descalificaciones sin sustento...".
Más allá del legítimo derecho que tienen las televisoras a apoyar o rechazar tal o cual reforma -el mismo derecho que tienen otros medios, la prensa, periodistas o legisladores a oponerse a las reformas en cuestión-, llama la atención la concepción que se tiene en las televisoras de la crítica, la diversidad de opiniones y la libertad de expresión. Una concepción que confirma un carácter y una visión profundamente antidemocráticos.
A Televisa le molesta la crítica, a la que caracteriza como agresión, denuesto y hasta difamación, pero dice respetar las críticas "objetivas y de buena fe". Azteca, a su vez, se dice sorprendida porque "las críticas no se hicieron esperar" y porque "aparecieron las voces de siempre", las que en su opinión "quieren mantener al país en el oscurantismo, la opacidad y la discrecionalidad". Además, Azteca se queja de la "notable ola de ataques y descalificaciones sin sustento".
Queda claro que desconocen o quieren ignorar que la sociedad mexicana del nuevo siglo no es la de la hegemonía del Partido Revolucionario Institucional en el poder presidencial, y menos la sociedad que sólo veía pasar la complicidad de Televisa con el poder presidencial del PRI. Ignoran, o hacen como que no saben, que la opinión pública surgió precisamente como la respuesta de la sociedad a los abusos y excesos del poder público y de los poderes fácticos -como los de la televisión en el caso mexicano-, y de las complicidades de esos dos poderes. La ley de la opinión -dicen los clásicos de la ciencia política, a los que debían acudir siquiera por curiosidad los mandones de la televisión- "se coloca junto a la ley divina y a la ley civil, y su sanción es la reprobación o el elogio por parte de la sociedad de tal o cual acción" (Mateuucci. Opinión Pública).
Lo que vimos ayer en el Senado de la República, les guste o no a los jerarcas de la televisión, es una grosera claudicación de uno de los poderes del Estado mexicano, el Legislativo, a los intereses del poder fáctico de las televisoras. Y quienes dieron las luces de esa complicidad y del sometimiento del poder institucional al poder mediático fueron los propios legisladores involucrados. Un Pablo Gómez que ahora se reconoce incapaz de hacer su trabajo -y sólo por eso debía ser despedido-, un centenar de legisladores que reconocieron no haber leído siquiera la iniciativa que en una dudosa unanimidad se aprobó en la Cámara de Diputados, y revelaciones producto de espionaje, ilegal, pero cuyo contenido es de interés general.
Pero resulta más preocupante la ignorancia periodística de los dos corporativos que tienen en la información sus más eficaces centros de poder. Respetar la "crítica objetiva y de buena fe", y sorprenderse porque "las críticas no se hicieron esperar" y por "la notable ola de ataques y descalificaciones sin sustento" es, por decir lo menos, un insulto al sentido común.
Dice Salvador Ochoa Olvera en su clásico Derecho de Prensa, al referirse a la crítica: "La crítica -al igual que la opinión- no tiene por qué apegarse a hechos veraces. Sólo son los hechos los que deben estar fundados en la verdad o en la realidad de los mismos. No es más que un soberbio desatino el pretender sujetar la crítica a la existencia de hechos: es válido criticar el manejo del presupuesto para la salud pública si se percibe que no se dispone de medicamentos suficientes para atender a la población, sin que para ello demuestre que ha habido peculado. En síntesis, es claro que la crítica no requiere apoyarse en hechos verdaderos, pues -de ser así- no sería crítica; sería, en todo caso, crónica. Obviamente, toda opinión o crítica propiamente dicha tiene como límite el que en sí misma no contribuya algún tipo penal. La crítica debe ser el resultado de disertaciones y análisis, a manera de múltiples conclusiones, sobre uno o varios asuntos y que es tan diversa como emisores haya".
Los destinatarios de las andanadas de las televisoras, además de los diputados y senadores que se manifestaron contra la reforma, son los diarios que -¡horror!- se atrevieron a cuestionar la validez ética, legal y contrarias al interés general, de las reformas de radio y televisión, y de telecomunicaciones. Los diarios, los mismos que por décadas fueron pilares para construir la democracia mexicana, mientras que la televisión privada se cerró a las prácticas democráticas hasta que ya era imposible mantener sus privilegios en esa perniciosa dependencia con el poder presidencial en los regímenes del PRI, y en los tiempos de la "democracia" con el gobierno del "cambio", el de Vicente Fox.
Los diarios, dicen las televisoras, llevan "más de 100 días" en el tema de las reformas, en las críticas a su viabilidad al interés general; los diarios "defienden intereses inconfesables", resumen. Lo cuestionable, en todo caso, es que los diarios no le dediquen 100 o más días a otros temas de interés general, que signifiquen, como la "ley Televisa", un retroceso a la democracia. Por lo demás: ¿cuáles intereses inconfensables?
La prensa quiere concesiones, se argumenta. Pretender una concesión resultaría legítimo para cualquier ciudadano, no sólo para los diarios. Pero lo que resulta de risa es el argumento que esgrimen. "Los diarios quieren mantener la obsoleta ley vigente, para beneficiarse de la discrecionalidad". Pero esa ley lleva en vigor más de cuatro décadas. ¿Y cuántos diarios han conseguido una concesión en esas cuatro décadas? En todo caso, a las empresas periodísticas les resultaría más fácil obtener una concesión bajo el criterio de asignación al mejor postor. ¿O no?
Una preocupación legítima por preservar la niña democracia quiere ser vista, como antes se veía la preocupación por la transición democrática, como un interés inconfensable. En todo caso la pregunta sería: ¿quién le cree a las televisoras?
Diciembre 2008
