Ricardo Alemán
Como ha ocurrido en pocos temas de interés general, el debate público desatado a partir de que la Cámara de Diputados aprobó por unanimidad de los partidos políticos una reforma a las leyes federales de Telecomunicaciones y Radio y Televisión, deja claro que la naciente democracia mexicana está fuertemente acotada por dos poderes fácticos que han trastocado los poderes constitucionales del Estado mexicano: "telecracia" y "partidocracia".
Pero lo más interesante es que la precipitada aprobación de las reformas a la Ley de Radio y Televisión confirma que el primero de esos poderes fácticos, la "telecracia", sometió y puso a su servicio a la "partidocracia", cuyos tentáculos se movieron para que en las próximas horas se pueda dar uno de los más peligrosos golpes a la democracia mexicana. Y en medio de esa lucha de poder y sometimiento, los ciudadanos, actores centrales de la democracia -que es la doctrina de la soberanía popular-, se quedan al margen de decisiones fundamentales como las de reglamentar la entrega y regulación de concesiones de radio y televisión.
Y frente al virtual secuestro de la democracia, que operan "telecracia" y "partidocracia", debió aparecer la "opinión pública", cuyas leyes morales no escritas tienen el poder y la fuerza de cuestionar, mediante el uso público de la razón, el trastocamiento de la jerarquía de los poderes.
"Telecracia" y "partidocracia" le han arrebatado a los poderes formales y a los ciudadanos la facultad de defender los activos del Estado, como es el espacio radioeléctrico.
Pero vamos por el principio. La "partidocracia", según Norberto Bobbio, no es el gobierno de los partidos, sino el monopolio, por parte de esos partidos, no sólo del poder político sino de la actividad política toda.
Los instrumentos que hacen posible el fortalecimiento de la llamada "partidocracia" son el financiamiento público, por un lado, y el monopolio de los cargos de elección popular, por otro. Así, en un sistema de partidos como el mexicano, los ciudadanos alimentan con sus contribuciones las costosas actividades políticas de los partidos, además de los escandalosos gastos en los comicios para votar a puestos de elección popular.
A su vez, los partidos se reservan el monopolio de las candidaturas a diputados locales, alcaldes, jefes delegacionales, diputados federales, senadores, gobernadores, jefes de gobierno y a presidente de la República. Por tanto los partidos tienen el control absoluto del Congreso de la Unión -que incluye, entre otras cosas, la potestad de crear leyes y aprobar el Presupuesto de Egresos y la Ley de Ingresos-, y de los congresos locales. Por si fuera poco, también tienen el control de los tres niveles de gobierno: local, estatal y federal.
Pero hay más, los partidos políticos tienen una fuerte influencia en la designación de los ministros de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, de los consejeros del Instituto Federal Electoral, del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación y de la designación de embajadores, en tanto que los congresos locales también influyen en el nombramiento de los consejeros de los institutos estatales electorales. Ese es el poder de los partidos políticos en México.
Ahora bien, diversos autores como Ikram Antaki y Giovanni Sartori, definen la "videocracia" o la "telecracia" como el poder y el gobierno de la televisión, de las imágenes. En todo el mundo la "videopolítica" se ha convertido en el verdadero poder de la política y la democracia.
En el juego político y del poder, una imagen de televisión -que personaliza la política, los procesos electorales y la democracia- vale más que mil programas de gobierno, que mil discursos y que toda una historia política. En la televisión se construye o se destruye el valor fundamental de la "videocracia" o la "telecracia", que no es otro que el de la popularidad y el rating.
Con ese poder, el de construir o destruir el acceso al poder público, la "videocracia" o "telecracia" han contribuido a una de las grandes desviaciones de la democracia; la transformación de la jerarquía de los poderes. ¿Qué quiere decir eso? Que en una democracia naciente como la mexicana, el poder de la televisión -o si se quiere, el poder de la "videopolítica"- trastocó la jerarquía de los poderes del Estado.
En México, el poder de la "videopolítica" -que está en manos del duopolio de la televisión- se ha colocado por encima de los poderes constitucionales: Ejecutivo, Legislativo y Judicial. Es el poder capaz de crear, sostener, relevar o demoler a los otros poderes.
Más aún, todos somos testigos de que en las pantallas de televisión se acusa, se juzga y se sentencia. En esas pantallas se construyen y se destruyen popularidades e imágenes de alta o nula aceptación, se crean o se destruyen candidaturas a puestos de elección popular, se sostiene o se destruye a un servidor público, sea del nivel que se quiera.
Sin televisión es imposible pensar en un cargo público al que se accede por la voluntad popular. Y en el fondo esa voluntad popular ha sido sustituida por la popularidad que construye la televisión. El mejor ejemplo es la reciente popularidad de Bernardo de la Garza Herrera, el farsante candidato presidencial del PVEM, que gastó más de 2000 millones de pesos para crear una popularidad que luego vendió al mejor postor.
Pero todo el anterior recuento era necesario para tratar de explicar la razón por la que la lucha de poderes en México se centró entre "telecracia" y "partidocracia". ¿Por qué las reformas a la Ley de Radio y Televisión no fueron operadas, como en otros tiempos, por el gobierno federal? Porque el poder real lo tienen los partidos políticos, la "partidocracia", que como ya vimos tiene bajo control a los tres poderes. ¿Y por qué las reformas hacia el final de la 59 legislatura y en los tiempos previos al inicio de las campañas federales, presidencial y de Congreso? Por eso, porque sin el poder de la "videopolítica" los aspirantes a puestos de elección popular, sean diputados, senadores, jefes de gobierno y presidente de la República, no tienen ninguna posibilidad de acceder al poder. En las reformas a la Ley de Radio y Televisión, en el fondo lo que vimos fue una feroz lucha entre "telecracia" y "partidocracia", en donde el poder fáctico de los primeros doblegó a los segundos.
¿Y los ciudadanos? El debate que de inmediato se abrió en los distintos medios de información, sobre todo en la prensa y la radio, muestra que siguen saludables los reflejos, la capacidad de asombro e indignación de la llamada "opinión pública", la ciudadanía que reaccionó de inmediato e hizo valer, por lo menos hasta hoy, sus leyes no escritas, las de la razón y el juicio para censurar a quienes pretenden secuestrar la doctrina de la soberanía popular, la democracia pues. Al tiempo.
Diciembre 2008
