Ricardo Alemán
En las próximas horas se podría consumar en el Senado de la República un intento de “albazo” para dictaminar y aprobar la llamada “ley Televisa”, un conjunto de reformas a las leyes de radio, televisión y comunicaciones, aprobadas también de manera poco clara y mediante una sospechosa unanimidad lograda en la “casa del pueblo”, la Cámara de Diputados.
Todo indica que un grupo de senadores que apoyan dichas reformas intentarán un “albazo” muy parecido al que se produjo en San Lázaro el 1 de diciembre pasado, dado que en una sesión de trabajo en comisiones, convocada para mañana martes -que es considerado como día festivo y por esa razón desmoviliza a los legisladores federales-, se intenta revisar los proyectos de reformas elaborados por distintos senadores a la minuta enviada por los diputados, además de establecer los procedimientos para la dictaminación.
¿Qué quiere decir todo lo anterior? Muy fácil, que en medio de un largo puente de asueto, de cuatro días, los senadores afines a la reforma que impulsa la empresa Televisa intentan convocar a las comisiones de Radio, Televisión y Cinematografía, a la de Comunicaciones y Transportes, y a la de Estudios Legislativos -por ahí de un centenar de senadores-, para conocer los proyectos de dictamen a la minuta aprobada por los diputados, y para establecer la forma en que sería dictaminado el proyecto definitivo.
Pero como todos saben, la mayoría de los senadores regresa cada fin de semana a sus entidades federativas respectivas, y con mayor razón en un “puente largo”, como el que se formó con la conmemoración del bicentenario del natalicio de Benito Juárez. Es previsible que una buena parte de los senadores de la República estén ausentes, a pesar de que mañana martes está prevista una sesión de Congreso General en San Lázaro, precisamente para conmemorar el bicentenario del Benemérito.
En realidad esa es la idea, que un pequeño grupo de senadores, en especial aquellos que tienen vínculos con Televisa, sean los encargados de aprobar un dictamen de la minuta de ley de radio y televisión, en ausencia de aquellos que se oponen a la reforma, al tiempo que establecerán el mecanismo para su aprobación en el pleno. Sin duda se trata de una maniobra que intenta aprovechar la desmovilización de los senadores, para dar un paso más en la “ley Televisa”, que ha sido rechazada por especialistas del tema independientes, puesto que en realidad se trata de un “plan de negocios” de Televisa, más que una reforma que sirva a los ciudadanos mexicanos.
Pero más allá de que los especialistas serios e independientes han cuestionado severamente la “ley Televisa” -entre otras cosas porque deja al Estado fuera del control de las concesiones de radio y televisión-, lo cierto es que el poderoso consorcio de Emilio Azcárraga Jean, sus cabildeadores y los senadores de la República ligados a esa empresa -ligas que van desde intereses económicos hasta pactos de carácter político- parecen decididos a jugar sus últimas cartas, a costa de lo que sea, para sacar adelante la “ley Televisa”. Todo antes de que termine el actual periodo de sesiones.
¿Por qué esa premura?
Por una razón elemental. Resulta que está por terminar la actual legislatura, y si la “ley Televisa” no se aprueba en ese periodo, se habría agotado el carácter estratégico de uno de los instrumentos fundamentales de la presión que ejerce dicha empresa de medios sobre partidos políticos, políticos profesionales, legisladores y, sobre todo, candidatos presidenciales. Sí, por absurdo e increíble que parezca, una temporada electoral como la que vivimos es el mejor momento para impulsar una reforma a las leyes de radio y televisión.
¿Por qué? Por eso, porque en los actuales tiempos electorales los partidos políticos y los candidatos a puestos de elección popular, y sobre todo los candidatos presidenciales, están a merced de medios de comunicación electrónica como la televisión, en este caso Televisa.
¿Quién de los aspirantes presidenciables, a senadores y diputados se atrevería, en pleno proceso electoral, a cuestionar el carácter parcial y nada social de las reformas, a enfrentarse a esa poderosa empresa? Nadie se atreve, puesto que cualquiera que reniegue de Televisa corre el riesgo de que el imperio de Azcárraga Jean le monte una contracampaña capaz de destruir hasta al más popular de los presidenciables.
Por eso ni Andrés Manuel López Obrador, el puntero en las encuestas, ni Felipe Calderón Hinojosa, y menos Roberto Madrazo Pintado, se han atrevido a cuestionar de manera directa y contundente una reforma que va en sentido contrario a la apertura democrática que hizo posible el fin del partido único, que impulsó la alternancia en el poder y una incipiente división de poderes.
Si la reforma a las leyes de radio, televisión y comunicaciones no se aprueba en el último periodo de sesiones del Congreso de la Unión, tendrá que pasar a la próxima legislatura, en donde se habrá terminado la presión electoral para los partidos, porque ya no habrá candidatos a puestos de elección popular, sino que habrá un presidente electo, lo mismo que un nuevo Congreso.
En ese nuevo escenario los actores políticos serán otros, los compromisos del nuevo presidente y del nuevo Congreso serán otros, y la capacidad de presión de Televisa sobre los hombres de la política será infinitamente menor. Por eso se intenta un nuevo “albazo”, ahora en el Senado de la República, en donde por instrucciones de los operadores de Televisa se convoca en pleno puente vacacional a los senadores, para aprobar el dictamen a la minuta enviada al Senado por la Cámara de Diputados.
Los senadores que están por terminar su gestión como representantes del Pacto Federal tienen la oportunidad de dejar sus cargos con la satisfacción del deber cumplido, de haber servido a la República o, al contrario, de patiños de un poder fáctico y suprainstitucional, el poder de Televisa. Al tiempo.
En el camino
Quién lo diría. El Gobierno del Distrito Federal, el mismo que se dice de izquierda, es el impulsor de uno de los más groseros programas oficiales de promoción del voto a favor de Andrés Manuel López Obrador, con dinero público. El pasado fin de semana, con un despliegue propagandístico digno de los más rancios tiempos del PRI, se llevaron a cabo miles de “asambleas ciudadanas” en las que se asignaron viviendas, apoyos a adultos mayores, desempleados, personas con discapacidad y en condiciones de pobreza y vulnerabilidad. Todo con el lema de campaña de López Obrador, y a un costo de miles de millones de pesos.
No se cuestiona la política social del gobierno de Alejandro Encinas, lo cual, por cierto, es una responsabilidad fundamental de todo gobierno, sino el grosero uso electorero de esa política social. Pudimos ver que en una asamblea, la realizada el pasado 18 de marzo en San Pedro Mártir -que es la unidad territorial 12-030-1-, más que una asamblea ciudadana lo que se llevó a cabo fue un mitin proselitista a favor de López Obrador. Y claro, la “zanahoria” era el dinero público destinado a la compra de votos.
Quién lo diría. ¿Qué no era eso lo que por décadas cuestionó el hasta hace poco congruente militante de la vieja izquierda mexicana, desde el PCM hasta el PRD, Alejandro Encinas? El poder los hace iguales. ¿O no?
Diciembre 2008
