Ricardo Alemán
Los partidos representados en la Cámara de Diputados justificaron que las reformas aprobadas a las leyes federales de Radio y Televisión y de Telecomunicaciones enmiendas que, entre otras cosas, facultan a la Comisión Federal de Telecomunicaciones (Cofetel) para regular las concesiones de radio y televisión fueron aprobadas al vapor porque "era urgente eliminar la discrecionalidad en el otorgamiento de las próximas concesiones de radio y televisión". Repentinamente a los diputados de todos los partidos les entró la prisa por salvaguardar uno de los bienes nacionales fundamentales, el del espacio aéreo por el que viajan las señales de radio y televisión.
Es decir, que según la lucidez de las y los diputados federales quienes en tiempo récord, sin debate y por unanimidad aprobaron dichas reformas, se pretende impedir que el perverso jefe del Ejecutivo, el presidente Fox, entregue a su criterio "y a sus cuates" las nuevas concesiones para operar estaciones de radio y televisión. Las y los diputados convertidos en salvadores de la patria y de los intereses de los esforzados, descapitalizados y empobrecidos dueños de los grandes grupos de radio y de las poderosas cadenas de televisión. Brillante razonamiento para que los ciudadanos podamos contar con una mejor radio y televisión.
Hasta ahí el argumento va en consonancia con un viejo reclamo de la izquierda y la derecha partidistas: el de eliminar la facultad presidencial de entregar, a sus socios y amigos, frecuencias y señales de radio y televisión. Pero el escenario cambia de manera radical cuando se descubre que la Cofetel será el órgano "independiente" que entregará las concesiones, que ésta se hará en subasta, y que en la Cofetel podrían participar, como juez y parte, los propios concesionarios privados. Entonces el asunto adquiere características de engaño monumental a la sociedad, ya que en realidad se propone que sean los concesionarios privados, con la anuencia del Presidente, quienes se repartan el botín en que se han convertido para un puñado de familias las frecuencias de radio y los canales de televisión. Pero el caso adquiere matices de ridículo, por ofensivo, cuando se contrastan las "brillantes reformas" que concibieron las y los diputados en materia de radio y televisión, con un caso ya emblemático en la persecución de Estado emprendida contra un medio de comunicación, en este caso CNI-Canal 40, una concesionaria de televisión a la que se persigue desde el Estado, con el peso del Estado y por medio de la alianza del gobierno federal con otro concesionario, el de Televisión Azteca, Ricardo Salinas Pliego. ¿Cuántos de las y los brillantes diputados hoy preocupados por el poder discrecional del Presidente en la entrega de las concesiones de radio y televisión están preocupados por el golpe que desde el poder presidencial y del Estado se lanzó contra CNI-40?
En rigor, el golpe que desde "el gobierno del cambio", desde diversas instancias del Estado y desde el poder de otros concesionarios se asestó contra Canal 40, está emparentado con el golpe que contra Excélsior lanzó el gobierno de Luis Echeverría en 1976.
En los dos casos se canceló un proyecto de comunicación, periodístico, que resultaba molesto e incómodo para el gobierno en turno. En los dos casos se utilizó a los trabajadores como arma contra su propia casa, y en los dos casos otros medios se prestaron a la comparsa y la complicidad. El golpe a Excélsior de 1976 tiene en el golpe a CNI Canal 40 salvadas las diferencias de tiempo y tecnológicas un mismo hilo conductor que los identifica como actos represivos del gobierno y el Estado mexicanos.
Y en efecto, se debe aceptar lo evidente: que Javier Moreno Valle es quizá el peor empresario mexicano, que su imagen, confianza y reputación son lo más cercano a lo indeseable, que de manera tramposa escatimó muchos meses de salario a los trabajadores de CNI-40... lo que se quiera. Pero la persecución política y el intento de despojo arbitrario no son más que señales de que siguen vivos, en la cacareada democracia mexicana: despotismo y autoritarismo. Hoy se sabe que la huelga que declararon los trabajadores afiliados a la CTM legítima en su concepción de origen en realidad sólo fue un pretexto para el manotazo que vino desde la casa presidencial.
En sus pocos años de vida, Canal 40 centró su propuesta de comunicación en una fresca y novedosa programación informativa en la que CNI-Noticias destacó por ser una barra de noticias distinta a las otras ofertas del mercado televisivo. Muy pronto ese informativo y otros espacios de análisis de la realidad nacional resultaron molestos a grupos políticos, empresariales y gobernantes que intentaron cerrar el espacio por medio de la presión económica y de anunciantes. Pero la gota que derramó el vaso fue no sólo una línea editorial de crítica abierta a los poderes, a los partidos, a los gobiernos, sino una bien identificada preferencia hacia uno de los más polémicos gobernantes: Andrés Manuel López Obrador.
En los momentos más álgidos de la confrontación entre Vicente Fox y Andrés Manuel López Obrador, en la Secretaría de Gobernación, que jefaturaba Santiago Creel, y en la casa presidencial, se hizo un minucioso seguimiento de esa línea editorial, hasta llegar a la conclusión en la etapa más candente del llamado "desafuero" que el informativo de Canal 40 era el principal aliado mediático de AMLO. Desde Gobernación y con la anuencia de la casa presidencial se operó el manotazo disfrazado de huelga.
Y no hubo grandes dificultades. El señor Javier Moreno Valle había abierto todos los flancos posibles. En efecto, se encontraba en falta con sus trabajadores, a los que escatimó durante meses su salario, mantenía problemas legales y económicos con poderosos empresarios como Ricardo Salinas Pliego, además de que su imagen pública no resistía el menor examen de credibilidad y confianza. Se juntaron, como dice el clásico oaxaqueño, "el hambre y las ganas de comer". Es decir, que por un lado el gobierno se propuso cerrar el proyecto informativo de Canal 40, y el concesionario Moreno Valle le entregó en bandeja los instrumentos para ese objetivo.
Pero más allá del desprestigio de Moreno Valle, de su incapacidad como empresario, de su deuda con los trabajadores, el problema de fondo es que el gobierno del "cambio" actuó igual que en su momento lo hiciera la administración de Echeverría con el golpe a Excélsior. De manera arbitraria, déspota e ilegal se lanzó todo el peso del Estado, del gobierno y de aliados mediáticos como Salinas Pliego contra un proyecto y una empresa que en cualquier democracia que se respete fuera o no aliado de tal o cual precandidato presidencial, resultara o no incómodo para el gobierno en turno merecía el respeto que exigen libertades como la de expresión y, sobre todo, a la pluralidad que reclama la vida democrática.
¿Pero a quién le interesan esas libertades y esas exigencias de la democracia? Ni al Legislativo y menos al Ejecutivo. Por eso es de risa la unanimidad de los diputados.
Diciembre 2008
