Ricardo Alemán
Sin duda que es grave que Santiago Creel Miranda, el oficialista precandidato presidencial del PAN, haya entregado canjeables permisos para casas de juego a una filial de Televisa, precisamente unos días antes de retirarse como secretario de Gobernación. Más que a una sospecha, asistimos a una contundente muestra de que desde Acción Nacional, igual que en los tiempos del PRI, es frecuente el uso arbitrario y patrimonialista del poder. Es cosa fea que aquello que desde la oposición cuestionó el PAN por décadas, hoy sea la práctica de ese partido en el poder.
Más allá de una abusiva y presuntamente ilegal entrega de permisos para casas de juego a Televisa, lo cierto es que se confirma que el aspirante a sucesor de Vicente Fox camina en sentido contrario a una de las luchas históricas de su partido, la de impedir que los medios como la televisión y la radio se conviertan en un poder fáctico que pone y quita gobernantes. El problema de fondo es que el presidenciable Santiago Creel le apostó a la telecracia, más que a la democracia.
Durante décadas, vale recordar, el panismo de los llamados "místicos de la democracia" cuestionó esa inmoral alianza que se desarrolló entre el poder priísta y las familias de la industria de los medios electrónicos de comunicación: radio y televisión, quienes al amparo del poder crecieron hasta convertirse en una simbiosis del poder. En 1988, dos presidenciables, Clouthier y Cárdenas, intentaron romper esa dependencia entre el poder priísta y las televisoras al proponer a los electores un boicot contra Televisa, que no abría sus espacios informativos ni siquiera pagando el costo de las trasmisiones.
Desde las elecciones presidenciales de 1988, pasando por los comicios de 1994 y los del 2000, y a pesar de que en ese periodo se alcanzó la ciudadanización de los organismos electorales y surgieron instituciones como el IFE, fueron muchas las voces que desde la oposición pugnaron por reglamentar el uso de los medios electrónicos en los procesos electorales federales. Se intentaba impedir que la radio y la televisión se convirtieran en un poder suprainstitucional que da y quita el poder a cambio de más poder o de jugosas transferencias de recursos públicos a dichas empresas privadas.
En aquellos años, voces como la del entonces ciudadano preocupado por la democracia mexicana, Santiago Creel, entre muchas otras, urgían una reforma para impedir que esos poderosos grupos de comunicación hicieran rehenes a partidos políticos, a candidatos a puestos de elección popular y a instituciones del Estado con el poder que significa el audio y la imagen para el ejercicio del poder y para el acceso al mismo.
Cuando se hicieron realidad el acceso de la oposición al poder y la caída del PRI, los opositores se olvidaron de esa urgencia, y más que reglamentar el uso de los medios en tiempos electorales, no sólo siguieron la misma fórmula del PRI, sino que fortalecieron el poder de la radio y la televisión por encima de los poderes institucionales.
Así, en el gobierno de Fox, y con la intervención directa de la señora Marta Sahagún y del secretario de Gobernación, Santiago Creel, se le dio forma a un grosero Reglamento de Radio y Televisión el 10 de octubre de 2002, mediante el cual ese gobierno intentó congraciarse con los poderosos industriales de la radio y la televisión a los que prácticamente les regaló el impuesto por esa lucrativa actividad.
El decretazo, como se le llamó a ese insultante proceder del gobierno foxista, fue el primer paso que dio el entonces secretario de Gobernación para construir, a partir de la gracia del Estado con los industriales de la radio y la televisión y del tráfico de influencias, su candidatura presidencial. Y los beneficiarios pagaron con creces. Cesó la ya para entonces demoledora crítica al gobierno del "cambio" y la imagen de Creel se hizo crecer de manera artificial. Fue notorio que los ya entonces perfilados presidenciables en el PAN, el PRI y el PRD no se quisieran enfrentar al poder fáctico de la radio y la televisión. Y los gritos sociales de rechazo se quedaron en eso, en gritos aislados.
El propio Creel, con el apoyo de sus nuevos socios, los concesionarios de la radio y la televisión, y con la complacencia de todos aquellos que se saben presidenciables y por ello rehenes de esos medios, se encargaron de sabotear todos los intentos que se dieron en el Congreso por aprobar una legislación capaz de desarticular el poder fáctico de la radio y la televisión y de su interesada intervención en los procesos electorales como los de julio de 2006.
Ayer mismo se hizo un nuevo llamado a aprobar esa legislación para evitar que la elección de 2006 se convierta en rehén del poder fáctico de los medios electrónicos, justo cuando se despliega el escándalo que descubre a Santiago Creel como el más vulgar priísta de antaño, al usar el poder de su cargo como secretario de Gobernación para regalar favores a la televisora de Emilio Azcárraga permisos para casas de juego a cambio del favor de la imagen como presidenciable.
Creel parece enfermo de presidencialismo; esa enfermedad que ataca los principios, las convicciones, los valores y que convierte a sus presas en políticos vulgares capaces de todo por alcanzar el poder. Santiago Creel ya olvidó por lo que luchó en sus no lejanas mocedades como ciudadano preocupado por la democracia; ya olvidó una de las luchas fundamentales de su partido, y ya se vio afectado por el Síndrome de Estocolmo, es decir, se enamoró de sus secuestradores, de las prácticas tramposas, inmorales, ilegales de regalar los bienes del Estado a cambio de alcanzar el poder.
Pero los enfermos de presidencialismo están en todos los partidos. El 17 de octubre de 2002 recordamos en este espacio que ninguno de los presidenciables Roberto Madrazo, Rosario Robles, Cuauhtémoc Cárdenas, Andrés Manuel López Obrador, Felipe Calderón y otros se atrevió a levantar la voz, a reclamar contra el ilegal decretazo. Tampoco el PRI, el PAN o el PRD se empeñaron en una rectificación porque estaban en puerta los comicios federales de 2003, y por supuesto ninguno de los aspirantes a diputados se atrevió a lanzarse contra las televisoras. ¿Por qué? Porque todos sabían y saben que sin radio y sin televisión no hay triunfos electorales, y que una feroz campaña mediática contra un gobernante, político o líder partidista les cuesta no sólo la carrera, sino el futuro todo.
Preguntamos en esa fecha: "¿Quién será el valiente que se enfrente a ese poder infinito, el de la radio y la televisión, que da y quita el poder?". Hoy queda claro que no hay tal valiente, que todos los aspirantes a un puesto de elección popular están sometidos por la radio y la televisión, y que los procesos electorales, como el de 2006, serán rehenes de los intereses de un puñado de familias que detentan el poder del audio y la imagen.
Diciembre 2008
