Ricardo Alemán
El viernes 8 de abril, acaso cuando el periodista Jesús Blancornelas terminaba de redactar un estremecedor e indignante relato que más tarde enviaría al diario La Crónica de Hoy, del que es colaborador habitual, sobre la desaparición del periodista Alfredo Jiménez Mota, reportero del diario El Imparcial, y de la agresión que a tiros sufrió la periodista Guadalupe García Escamilla, conductora del programa radiofónico Punto Rojo quien recibió hasta 10 disparos, en otro extremo del país, en Poza Rica, Veracruz, era asesinado por desconocidos que se dieron a la fuga de cuatro balazos en la cabeza, Raúl Gibb Guerrero, el director del diario La Opinión.
Jesús Bancornelas, quien terminó su entrega de "Conversaciones Privadas" expresando su tristeza por la ausencia de solidaridad de los periodistas, periódicos, telediarios y radiodiarios de casi todo el país, también documentó la lista de periodistas asesinados en 2004; el 19 de marzo de ese año, fue asesinado Roberto Javier Mora García, en Nuevo León, Tamaulipas, del diario El Mañana. El 22 de junio fue asesinado Francisco Ortiz Franco, del semanario Zeta, en Baja California. El 24 de septiembre fue asesinado Francisco Arriata Saldierna, del diario El Regional, en Matamoros, Tamaulipas. Y en noviembre fue asesinado Gregorio Rodríguez Hernández, del diario El Debate, en Escuinapa, Sinaloa.
En los seis casos referidos de periodistas asesinados, baleados y que por fortuna aún viven, y desaparecidos, existen abundantes elementos de presunción de que fueron victimados por el crimen organizado, especialmente el narcotráfico y, en todos ellos el signo distintivo ha sido el desinterés de las autoridades policiacas para esclarecer los crímenes o los atentados, si no es que hasta la complicidad.
Así, por ejemplo, el asesinato de Roberto Javier Mora, del diario El Mañana, cometido el 19 de marzo de 2004 en Nuevo Laredo, Tamaulipas, se vincula al narcotráfico, puesto que se trataba de un periodista que en sus informaciones se refería de manera frecuente a las actividades de los cárteles de la droga que se disputan el territorio en esa región del país. En el caso de Francisco Ortiz Franco, quien fue asesinado el 22 de junio de 2004, en Tijuana Baja California, y quien colaboraba para el semanario Zeta, el propio medio se encargó de aportar datos sobre los autores intelectuales y materiales, al grado de que ya se tiene identificados a Eduardo Villarreal (El Nalgón); José Briceño (El Cholo); Eduardo Ronquillo (El Niño), y Manuel Lazcano (El Lazca).
En el asesinato de Francisco Arriata Saldierna, cometido el 24 de septiembre en Matamoros, Tamaulipas, y quien laboraba en el diario El Regional, también existen indicios de que se trató de un crimen ordenado por el narcotráfico.
Situación similar ocurre con el caso del asesinato de Gregorio Rodríguez Hernández, ultimado a balazos en el mes de noviembre de 2004, en el municipio de Escuinapa, Sinaloa, quien trabajaba para el diario El Debate. En este caso, la asociación de periodistas de esa entidad ha señalado como presunto autor material a Antonio Frausto, vinculado con el narcotráfico, y quien prácticamente recibió protección policiaca para huir.
El pasado 2 de abril desapareció el joven periodista Alfredo Jiménez Mota, reportero de El Imparcial de Sonora, quien horas antes había cancelado una reunión con una compañera de trabajo, dado que su "informante" sobre los temas del narcotráfico que había revelado lo había citado de emergencia.
Alfredo Jiménez Mota había documentado algunos elementos del presunto vínculo de Nahúm Acosta Lugo, el ex director de giras presidenciales acusado por la Procuraduría General de la República de ser topo del narcotráfico en Los Pinos.
Nahúm Acosta fue liberado del penal de La Palma, por falta de pruebas, el pasado sábado, pero el periodista al parecer fue víctima de un levantón al estilo del narco. Y por si fuera poco, la agresión que a tiros recibió Guadalupe García Escamilla, conductora de radio que fue baleada el 5 de abril en Nuevo Laredo, Tamaulipas, también se vincula al narcotráfico, tema que abordaba con información fidedigna en sus informativos.
Y en medio de este escenario, el pasado viernes 8 de abril, cuando regresaba a su casa, Raúl Gibb Guerrero, director del periódico La Opinión de Poza Rica, Veracruz, fue acribillado a tiros. Murió de inmediato, sin que se lograra identificar a sus agresores. No se descarta la intervención del narcotráfico, aunque hay otros indicios que apuntan a bandas de ladrones de gasolina a Pemex.
En todos los casos, decíamos arriba, la constante es el desinterés, si no es que hasta la complicidad de las autoridades policiacas, no sólo locales, sino federales, en el esclarecimiento de crímenes presuntamente vinculados con el narcotráfico. La Procuraduría, que legalmente es la autoridad encargada de perseguir y castigar a las bandas de narcotraficantes, parece omisa a un fenómeno creciente que se ceba en la vida del mensajero, de los periodistas, quienes realizan su trabajo de indagar y publicar las actividades del narcotráfico, entre muchas otras, en la mayor de las indefensiones.
¿A quién le importa la vida de un periodista? ¿Qué elementos de protección o de seguridad tiene un informador que indaga y revela asuntos como el del narcotráfico? ¿Qué pasaría si, por el riesgo y el temor naturales que provoca encargarse de esa especialidad periodística, se deja de cubrir? Las respuestas a esas tres interrogantes resultan escalofriantes.
En primer lugar, salvo a su familia, y temporalmente al gremio, la vida de un profesional de los medios, sobre todo en las plazas de provincia, no parece importarle a nadie. Aquellos que por voluntad propia incursionan en el ejercicio periodístico de indagar y revelar los entretelones del crimen organizado o el narcotráfico lo hacen por un elevado sentido social, que siempre resulta traicionado por las autoridades locales y federales, que prefieren no investigar, aclarar o castigar a los responsables.
Los periodistas en general, y sobre todo aquellos que por el riesgo de su especialización se juegan la vida, no cuentan con los mínimos de seguridad; ni laboral, ni legal, ni gremial, y por si fuera poco, las agresiones que sufren, la pérdida de la vida entre ellas, en la mayoría de los casos no alcanza, siquiera, una de las primeras planas que ellos con su trabajo consiguieron. Por eso, porque ante el riesgo siempre presente de perder la vida debido a su no reconocida y menos entendida responsabilidad social, son algo así como suicidas en potencia, cuyos espacios son cada vez más difíciles de llenar.
En este caso, el de la información especializada en temas como el del narcotráfico, por la facilidad de eliminar al mensajero, y por los elevados niveles de impunidad de que gozan los criminales, también los cárteles de la droga ganan la batalla. Y mientras tanto, la PGR, como si nada. Ya es tiempo de ocuparnos de la seguridad, de la vida, de quienes formamos este gremio. ¿O no?
