Ricardo Alemán
Los ministros de la SCJN resolvieron que los poderes fácticos no estarán sobre los poderes institucionales
Fue el "tiempo de la Corte". Pero también fue el triunfo del Estado por sobre los poderes fácticos; el triunfo de los ciudadanos y de la razón por sobre la imposición grosera del poder de las televisoras. La Suprema Corte de Justicia de la Nación echó abajo la ley Televisa, pero también rescató la "división de los Poderes"; se rescató a sí misma como poder de equilibrio entre Ejecutivo y Legislativo y -acaso lo más importante- recuperó una buena porción de la confianza social en las instituciones del Estado.
No resulta exagerado decir que se vive un momento histórico -y el paso a la historia no será por la derrota de una ley inconstitucional que fue posible mediante el sometimiento de los poderes Ejecutivo y Legislativo-, sino por el paso gigantesco que se da en la democracia mexicana al rescatar un pilar del Estado mexicano: la auténtica "división de Poderes".
Como todos saben, por razones político-electorales, el poder fáctico de las televisoras doblegó a los poderes Ejecutivo y Legislativo -al más puro estilo de los regímenes del viejo PRI-, pero al final de cuentas no logró someter al Poder Judicial, a su tribunal superior, la Suprema Corte, cuyos ministros resolvieron que en el Estado mexicano los formidables poderes fácticos no pueden, no deben y no estarán sobre los poderes institucionales.
Con ello la Corte inaugura, por fin, uno de los momentos fundacionales de la historia mexicana que le dieron razón de ser al equilibrio de los poderes. No más un poder del Estado sometido a otro; no más el Estado sometido a las fuerzas del dinero y la comunicación. No más ignorar la voz y el reclamo de las minorías frente a la fuerza de los poderosos. Y ese equilibrio, más allá de la destronada ley Televisa, no es cosa menor.
Pero sólo la soberbia de los que en la práctica mandaron "al diablo las instituciones" -en este caso las televisoras, cuyos operadores pensaron que podrían doblegar al Estado- impidió ver lo que estaba a los ojos de todos: se aproximaba "el tiempo de la Corte". El 16 de mayo pasado aquí dijimos lo siguiente: "el desahogo del procedimiento definitivo de la ley Televisa, que se dará a partir del lunes 21 de mayo, le ofrecerá a la sociedad en su conjunto otro inédito nada desdeñable: saber de qué están hechos los ministros de la Corte. Conocer a qué intereses sirven, y de manera especial, el tamaño de su responsabilidad frente al interés de la cosa pública".
En otra entrega sobre el tema, el 24 de mayo advertimos: "Nadie sabe el sentido final que tendrá la sentencia de la Corte sobre la ley Televisa... Pero lo que sí se sabe es que más allá de las presiones externas -que han surgido de todas las partes en disputa por la permanencia o la caída de la ley-, entre los ministros de la Corte prevalece un sentido de cuerpo, de institución del Estado que, como en pocas ocasiones, podrían hacer valer una auténtica ´división de Poderes´. La Corte va, en el fondo del debate, por la consolidación de su papel como poder equilibrador de los otros poderes.
"Pareciera un acto retórico, pero lo cierto es que la intensidad del debate sobre la ley Televisa -que ha tenido lugar entre los propios ministros-, el sometimiento que frente a poder fácticos experimentaron los poderes Ejecutivo y Legislativo, y las evidencias de que la citada ley presenta fallas claras en su referente constitucional movieron a una profunda reflexión de los ministros que, al final, concluyeron que el actual "es el tiempo de la corte". ¿Por qué? Porque son el último peldaño de la escalera institucional por el que pueden transitar las minorías que reclaman el apego a la Carta Magna... Lo que sí se sabe es que una mayoría de ministros comparten los términos del ponente Aguirre Anguiano, y que podrá ser asumido y votado por mayoría, una mayoría que incluso podría ser calificada". Y en efecto, fue "el tiempo de la Corte".
Pero a reserva de detallar los artículos de la citada ley que la Corte invalidó por inconstitucionales -una vez terminada la controversia-, se debe analizar el impacto del mensaje que envía la Corte al Ejecutivo y al Legislativo, a los partidos, a los candidatos presidenciales de julio de 2006 y, por supuesto, a los poderes fácticos. Todos ellos recibieron una fuerte sanción política que se traducirá en una severa sanción social.
Los primeros -Ejecutivo, Legislativo, partidos, dirigentes, diputados, senadores y candidatos presidenciales-, porque incumplieron su responsabilidad constitucional frente al interés de la cosa pública. Todos ellos colocaron su interés personal, sus ambiciones de poder, por sobre los intereses de la sociedad en su conjunto. Le fallaron a los ciudadanos y por ello merecen ser sancionados, si no legalmente, por lo menos sí socialmente. Y los segundos, los poderosos "mandones" de los medios, de la televisión y la radio, quedaron como lo que siempre han sido, como poderes despóticos a los que nada importa el interés ciudadano. Para fortuna de los "mandantes", que somos todos, hay Estado... y esperanza.
Diciembre 2008
