Ricardo Alemán
Por donde se le quiera ver, el gran derrotado de la resolución de la Suprema Corte sobre la controversia constitucional interpuesta contra las leyes de Telecomunicaciones y de Radio y Televisión fue el poderoso Grupo Televisa, consorcio que promovió, patrocinó y elaboró la citada reforma, y que al final de cuentas quedó como "palo de gallinero".
Todos saben que las enmiendas a las leyes de Telecomunicaciones y de Radio y Televisión salieron de la empresa Televisa, cuyos "mandones" contaron con el apoyo total del gobierno de Vicente Fox, y que mediante argucias político-electorales se echaron a la bolsa a una buena parte del Congreso, a casi todos los candidatos presidenciales y no pocos grupos mediáticos -de prensa, radio y televisión- a los que convencieron de las supuestas bondades de la reforma.
Pero lo que pocos saben es que en la primera etapa de promoción de la reforma, el no menos poderoso grupo mediático de Ricardo Salinas Pliego se opuso a ésta e incluso preparó una estrategia para combatirla. Al final de cuentas prevaleció el interés común que hermana al duopolio de la televisión y se decidió acompañar a Televisa en lo que prometía una jugosa tajada del botín. Lo curioso es que al final del camino, cuando la Suprema Corte inició la resolución de la controversia constitucional, fue la televisora del Ajusco la que más se empeñó en defender la reforma -mediante una grosera campaña de desprestigio a los impugnadores-, pero terminó compartiendo el desprestigio del grupo de El Tigrillo Azcárraga Jean.
Mal y de malas
En Televisa están furiosos por el resolutivo de la Corte porque se les cayó uno de los más ambiciosos planes de negocios que habían diseñado para una buena parte del siglo que inicia. Pero lo que más molesta a los "mandones" de Chapultepec 18 -porque si bien perdieron en la Corte no se han dado por vencidos- es que a la derrota política, social y mediática que sufrieron, se suma el desprestigio público de "la compañía", ya que si Televisa era vista como la fuente de una buena parte de los males del país -por el llamado Círculo Rojo-, luego del lance con la llamada ley Televisa se generalizó entre amplios sectores sociales la imagen de que la televisora es una suerte de manantial de donde brotan toda clase de perversiones políticas y sociales. Y ese asunto, el de la imagen, no es menor para un grupo como Televisa, ya que se traduce en dinero, en mucho dinero.
Al mismo tiempo, y si vemos el asunto desde el otro frente de batalla, es decir, desde el lado de los impugnadores de la reforma a las leyes de Telecomunicaciones y de Radio y Televisión, debemos reconocer que uno de los mayores aciertos de su lucha contra una reforma que a todas luces era inconstitucional fue el bautizo de la misma. En efecto, cuando se le motejó como ley Televisa, en la conciencia colectiva de muchos mexicanos se cerró un círculo de asociaciones que vincularon el poder infinito de la televisora, su imagen de poder despótico que subordina y corrompe, y el anhelo de muchos por contener a ese poder. El mote de ley Televisa se convirtió en un eslogan y hasta en una propaganda de algo malo, ilegal y abusivo.
Con ese solo mote, los impugnadores de las reformas ganaron la batalla de imagen frente a la llamada opinión pública -contra lo cual, por cierto, Televisa no sólo no hizo nada, sino que apareció como un poder socarrón confiado en su fuerza infinita-, mientras que la confianza social en favor de la televisora perdía puntos de credibilidad. Hoy, para sectores sociales amplios, hablar de Televisa es lo más parecido a hablar casi del diablo.
Y por si no fuera suficiente con esa deteriorada imagen, al momento que la Corte resolvía los puntos medulares de la llamada ley Televisa, en Guadalajara se llevaba a cabo una edición más de los encuentros de la empresa con jóvenes: el llamado Espacio, donde se descubrió una realidad que todos sabían, pero de la que todos se hacían los desentendidos. Es decir, que llevar los foros Espacio a los distintos estados del país, le cuesta no sólo a Televisa -la beneficiaria de esa promoción-, sino a los gobiernos estatales, que desembolsan una nada despreciable cantidad de dinero que sale de las arcas públicas.
En este caso, el deficiente y timorato gobierno panista de Jalisco, que encabeza el ultraderechista Emilio González Márquez, se aventó la puntada de tomar del dinero público 67 millones de pesos para colaborar con Televisa en la edición 2007 de Espacio, que se llevó a cabo en Guadalajara. Pero a la torpeza inicial del gobernador González Márquez -que quiso invertir dinero público en su promoción personal- se sumó el cinismo al presentar como un ejemplo de transparencia que se haya descubierto que sin razón legal su gobierno haya destinado 67 millones de pesos a la promoción de Espacio.
Si la promoción y aprobación de la ley Televisa le significó a la empresa de Emilio Azcárraga Jean un alto costo en imagen, ese costo se elevó de manera geométrica cuando la Corte desmanteló uno a uno los artículos impugnados por inconstitucionales. Pero no se habían pagado las facturas, pues si alguien tenía dudas de que Televisa es una empresa tramposa, que presiona y chantajea a los poderes del Estado, para la que el interés general está muy lejos de sus prioridades, esas dudas se disiparon precisamente cuando se descubrió que el gobierno de Jalisco desvió 67 millones de pesos para promover el evento estelar de Televisa, el encuentro con los mexicanos que hacen el futuro, los jóvenes. Otra muestra de que el duopolio televisivo le apuesta a la transferencia de dinero público a sus arcas de empresa privada.
Culpas compartidas
Y se podría decir que Televisa cosechó lo que sembró. Sí, pero con la llamada ley Televisa no sólo estaba previsto que ganara la empresa de Azcárraga Jean. Para que fuera posible llegar a la aprobación de esa ley, fue necesario que se conjugaran un conjunto de factores y actores políticos que hicieron posible una suerte de complicidades. Los diputados de todos los partidos, sobre todo los del PRD -partido que reclama la doctrina de izquierda, severo crítico de Televisa y que terminó claudicando- de la legislatura pasada, se beneficiaron de una presión que aceptaron gustosos.
Una vez que cayó la ley Televisa, el hoy senador del PRD César Raúl Ojeda reconoció que sí existieron presiones "en el Senado", ya que a cambio de espacio en Televisa para los candidatos a puestos de elección popular -y sobre todo para el candidato López Obrador-, se pidió que el PRD poyara la reforma. Eso ocurrió en el Senado, según lo dijo Ojeda, el legislador tabasqueño, amigo de AMLO y promotor de su candidatura. ¿Pero que pasó en la Cámara de Diputados? ¿Es creíble que si en el Senado hubo presiones, no las haya habido en San Lázaro?
En la Cámara de Diputados todos los partidos aprobaron la ley Televisa en sólo siete minutos, sin discusión y con un PRD completamente sometido. ¿Qué les prometieron a cambio de ese sometimiento? ¿Quiénes fueron los responsables de esa complicidad? En ese tiempo, el hoy senador, entonces diputado federal, Pablo Gómez, era el jefe de los diputados del PRD, en tanto que la diputada tabasqueña Dolores Gutiérrez -también incondicional de AMLO- era la secretaria de la Comisión de Radio y Televisión. Esos dos políticos saben lo ocurrido, conocen los detalles de la complicidad, pero nada han dicho. ¿Por qué? Porque decir lo que saben significa descubrir la complicidad del candidato presidencial del PRD en la ley Televisa.
Es decir, que el señor López Obrador conoció la ley, su importancia y que era inconstitucional, pero ordenó que los diputados la aprobaran, incluso sin haberla revisado, porque lo importante no era detener los excesos inconstitucionales de Televisa, sino obtener el favor de la televisora para acceder al poder. Diputados federales, senadores, candidatos presidenciales -de todos los partidos-, el propio presidente Fox, son parte de esa complicidad y son tan responsables de la monstruosa maquinación como Televisa. ¿Por qué entonces todos los platos rotos los está pagando la televisora?
Más aún, ¿dónde están? ¿Qué dicen ahora todos aquellos que por complicidad o por anteponer sus intereses personales al interés público acompañaron a Televisa en la aberración legislativa que todos conocimos como ley Televisa? La historia los pondrá en su lugar.
Y ahora, ¿qué?
Por lo pronto, el paso siguiente es que de nueva cuenta los poderes Legislativo y Ejecutivo asuman su responsabilidad en la elaboración de una nueva Ley de Radio y Televisión que tome en cuenta los resolutivos de la Corte, los principios que sobre soberanía del Estado, interés público, limitación de los monopolios y reconversión tecnológica. Pero una interrogante flota en el ambiente político mexicano. ¿A quién le importa una nueva ley que someta a los poderes fácticos, que limite los monopolios, que abra espacios a la competencia, que refuerce los medios públicos y los comunitarios?
¿Les importa a los políticos, a los partidos o al gobierno federal? ¿Les importa a los poderosos grupos de la radio y la televisión? Todos, de dientes para fuera, dicen que sí, que es urgente una nueva legislación de medios, sobre todo para hacer frente a la conversión tecnológica. Pero lo cierto es que será difícil avanzar en una nueva ley sobre la materia, porque tendría que ser una legislación "puente". Es decir, si durante el último cuarto de siglo fue imposible que políticos y gobernantes actualizaran una atrasada Ley de Radio y Televisión -por todos los intereses que ello implicaba-, hoy no sólo será necesario actualizar esa ley, sino avanzar a una de tercera generación, que tome en cuenta los avances tecnológicos, que se adelante a un mundo informático cambiante e incluso a la desaparición de los modos clásicos de comunicación.
En pocas palabras, que la reforma que en los últimos 20 años se intentó desde todos lo frentes -y que no fue posible ni con la llamada ley Televisa- ya quedó rebasada, y ahora se debe trabajar en otra para atender los tiempos y la tecnología, y para prever el futuro cambiante.
La Suprema Corte sólo hizo la parte que le competía en cuanto a la ley Televisa. Sólo estableció que se trataba de una aberración constitucional. Las televisoras, sobre todo Televisa, sólo hicieron lo que su sentido de sobrevivencia monopólica les dictaba; forzaron la creación de una ley que significó la claudicación de los poderes Ejecutivo y Legislativo. Pero ahora esos mismos poderes deben reaccionar y establecer una nueva ruta para alcanzar los cambios tecnológicos y tratar de regular su presencia en los medios. ¿Serán capaces de hacerlo? Luego de lo que vimos, es difícil, si no es que imposible, confiar en los Pablo Gómez, los Santiago Creel, los Gamboa Patrón. En los que en su etapa de candidatos presidenciales convalidaron la ley Televisa y hoy como gobernantes parecen seguir sometidos al poder mediático. Entonces, ¿quién hará la reforma? Y en eso no les falta razón a los concesionarios. Es urgente regular la conversión tecnológica.
Reforma del Estado
Por lo pronto, la Suprema Corte de Justicia derribó algunos de los grandes mitos respecto del poder mediático. Confirmó que los poderes fácticos, que se habían encaramado por sobre los poderes formales, no son intocables. Confirmó que un poder que no depende de manera directa del voto popular -el Poder Judicial no se crea a partir de la elección de los ciudadanos- y que no se crea a partir de la popularidad que dan o quitan la radio y la televisión, es el único poder capaz de contener al duopolio televisivo y a los grupos familiares que controlan la radio. Comprobó que es posible la división de poderes y que el interés público está por sobre el resto de los intereses privados y del dinero.
¿De qué están hechos los nuevos poderes Ejecutivo y Legislativo? El Poder Judicial ya demostró a la sociedad de qué está hecho. Falta que Felipe Calderón y que los partidos representados en las cámaras del Congreso hagan su parte, que demuestren de qué están hechos y que por lo menos -en un caso que resultaron reprobados- cumplan con su responsabilidad.
El terreno ideal para ello deberá ser la llamada reforma del Estado, para la cual se ha creado una ley, y que deberá dar resultados en un periodo perentorio de un año. Y es que la nueva Ley de Radio y Televisión deberá tomar en cuenta no sólo los aspectos que ordenó la Corte al reprobar a la ley Televisa, sino que habrá de resolver problemas fundamentales de la participación de los medios electrónicos en los tiempos políticos electorales. Para impedir que el duopolio televisivo y las familias que detentan las concesiones de radio se conviertan, de nueva cuenta, en un poder que controla a los políticos y a los candidatos presidenciales, la reforma del Estado deberá regular esa relación entre medios y política, entre medios y elecciones, entre medios y dinero público. Al tiempo.
Diciembre 2008
