Ricardo Alemán
Existe una ley, con serias limitaciones, pero en la práctica se ha convertido en una nueva burla en sus réplicas estatales
U no de los mayores logros que suelen presumir los creyentes del gobierno de Fox -y que vende el propio ex presidente- es la Ley de Transparencia que se aprobó en esa gestión.
Y en efecto, se trató de un avance fundamental para la democracia mexicana. Pero en rigor, esa ley fue promovida por la sociedad civil más que por el gobierno "del cambio", y en el fondo no fue más que un "parche" emergente -elaborado en sentido contrario a la lógica legislativa-, ya que se creó una ley reglamentaria de un postulado constitucional engañoso y que desde su origen no era más que una simulación democrática.
Y el resultado no se hizo esperar. Efectivamente existe una Ley de Transparencia, con serias limitaciones, pero que en la práctica se ha convertido en una nueva burla en sus réplicas estatales, en donde cada gobierno local entiende y practica a su antojo e interés personalísimo la transparencia. Por eso, es plausible que la Cámara de Diputados haya promovido y aprobado enmiendas al artículo sexto constitucional, en materia de derecho a la información y transparencia que, en principio, crean una base para que todos los órdenes de gobierno y todas las instituciones del Estado entiendan y apliquen los principios básicos de la transparencia.
Pero la historia de este peculiar galimatías se remonta a octubre de 1977, durante el gobierno de José López Portillo -corrían vientos de una naciente apertura democrática-, cuando la mayoría priísta en el Congreso aprobó una cacareada enmienda al artículo sexto con la que se pretendió hacer creer que se convertiría en realidad el insistente reclamo para que los gobiernos abrieran la información.
El "parche" constitucional al citado artículo quedó así: "El derecho a la información será garantizado por el Estado". El Estado mexicano se convertía, en efecto, en garante de uno de los derechos fundamentales en democracia. Sin embargo, pronto se alzaron las voces que cuestionaron el engaño, porque si bien garante, el Estado era el primer obligado a informar de todos sus actos a los ciudadanos, que son la razón del propio Estado.
Se trataba de una simulación de acceso a la información pública, porque si bien desde hace tres décadas se logró lo que parecía un paso gigantesco, impensable entonces, elevar a rango constitucional la transparencia y el acceso a la información pública, el avance no sólo era discursivo, sino contradictorio con la realidad, sobre todo porque la libertad de expresión prácticamente era inexistente.
El Estado se convertía en garante de la libertad de expresión, pero no en obligado fundamental de informar. Todo esto en medio de una libertad de expresión acotada, porque prevalecían el control estatal hacia los medios, la mordaza oficial, la autocensura y prácticas como la muy cacareada "no les pago para que me peguen". En el fondo, la reforma de 1997 no era más que una simulación democrática. ¿De qué servía entonces el derecho a la información, si no existía libertad de expresión? Además de que el "parche" al sexto constitucional no contaba con su reglamento respectivo.
Con los años, el empuje social, una creciente responsabilidad de los medios, la competencia y el advenimiento de los medios electrónicos como canales privilegiados para la información rompieron las barreras que sometían a la libertad de expresión y esa apertura empujó el reclamo de reglas electorales equitativas, creíbles y transparentes. Con ese empuje, en 1996 se alcanzó la más avanzada reforma electoral de su tiempo y, entre 1997 y 2000, se produjo la alternancia en el poder. Finalmente, el PRI fue echado del poder presidencial.
En el llamado "gobierno del cambio", la sociedad civil empujó de nueva cuenta y logró, con el concurso del gobierno y de todos los partidos, la Ley de Transparencia que pronto mostró sus limitaciones. ¿Por qué? Porque una transparencia real es imposible sin su respectivo soporte constitucional, de derecho a la información pleno. Existía una mera ley reglamentaria, un conjunto de buenas intenciones que podrían o no ser asumidas por los gobiernos, porque no era una obligación constitucional.
Frente a ese problema, un grupo de diputados federales, de todos los partidos, se propusieron reformar el simulado agregado al sexto constitucional y establecieron, entre otras cosas, que toda la información en posesión de cualquier autoridad, entidad, órgano y organismo federal, estatal y municipal es pública y que toda persona, sin necesidad de acreditar interés alguno o justificar su utilización, tendrá acceso gratuito a la información pública.
Pero existe un pequeño problema. ¿Hasta dónde llega esa reforma, sobre todo en el caso de partidos o sindicatos de instituciones del Estado? El debate sobre esta nueva vertiente de la transparencia apenas empieza. Se entiende que harán falta reformas a las leyes electoral y laboral para que ambos transparenten el manejo de dinero público. Pero no sería deseable que pasaran otros 30 años para ese nuevo paso. Y es que la información del dinero público que manejan partidos y sindicatos es el motor de los monopolios de partidos y sindicatos. Poca cosa.
Diciembre 2008
